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*En Nuevo León, “el que la hace, la paga”…pero en abonos
*Ni al ex gober, ni a su padre, hallan como encarcelarlos
De la corresponsalía
MONTERREY, NL. agosto 23/2016 (agencia acento)
La causa penal 2894/2016 se atora y en el Congreso de Nuevo León. Discuten cómo proteger a los Medina, sospechosos de riqueza inexplicable, peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y coalición delictuosa, enfrentan –al menos por ahora- nimiedades.
La Comisión de Hacienda del Congreso rechazó ayer 108 cuentas públicas de los exgobernadores Rodrigo Medina y Natividad González Parás.
Pero hasta este miércoles 24 los diputados terminarán de debatir con el rechazo a las cuentas públicas que tengan observaciones, en algunos casos de hasta 8 millones de pesos.
Además de las cuentas públicas de Medina del 2013 y 2014, los legisladores rechazaron las cuentas públicas de González Parás del 2008 que tenían años de estar rezagadas en el Congreso.
El brazo derecho de El Bronco, Aldo Fasci, subprocurador en el gobierno (2003-09) de José Natividad González Parás (Naty) y expresidente del PRI local, fue quien reveló (documentos en mano) operaciones sospechosas de lavado de dinero.
Ayer la Comisión de Hacienda desaprobó los expedientes de los exgobernadores Medina y González. Esto es, 108 cuentas publicas rechazadas de 239 revisadas.
Además, alcanzaron a fastidiar a la exalcaldesa Margarita Arellanes.
En Obra Pública detectaron pagos excesivos por la Secretaría de Desarrollo estatal; igual, cuentas que no cuadran en el Isssteleon de 2008, como en el Sistema Estatal de Caminos, cuyo su titular es Víctor Martínez Trujillo, está vinculado a proceso penal; Fidecitrus, casos de la Red Estatal de Autopistas y Condefront, del municipio de Pesquería, involucran casos rechazados.
Fasci, índice de fuego a los Medina
Frasci acusa a los Medina de formar sospechosamente doce compañías inmobiliarias entre 2005 y 2013. Cinco adquirieron más de 100 propiedades entre 2008 y 2012, para desarrollar dos fraccionamientos Sundance Ranch y Clearwater Ranch.
Las empresas mencionadas están incorporadas en dos empresas en las Islas Caimán, Northlake Holdings y Mesa Investments, bajo los nombres de Alejandro Medina y el padre del gobernador, Rodrigo Medina, o don Humberto Medina Ainslie, apodado por “moches” a diestra y siniestra, como “Señor 15 por ciento”.
Los Medina supuestamente hicieron operaciones de las llamadas back-to-back . Compraron terrenos entre 10 y 100 dólares, que luego revendieron como propiedades entre 300 mil y 400 mil dólares, al maximizar el valor catastral de los fraccionamientos, de 15 millones de dólares, a un valor comercial estimado en 40 millones.
El rompecabezas de las operaciones aún no está del todo claro, pero de acuerdo con los documentos,
Así, queda en entredicho aún el otrora presidenciable “de peligro”, Jaime Rodríguez “El Bronco”. Este logró ser el primer candidato independiente den ganar a todos los partidos para llegar a gobernador bajo la bandera de acabar con la corrupción. En especial, juró llevar a la cárcel a los Medina.
“No cederemos en esta acción, terminaremos con la corrupción, en eso he sido y seguiré siendo claro y contundente, no se dejen influenciar por comentarios que no sean de mi parte, yo haré lo que dije que haría, ténganme confianza, cumpliré, ya lo verán”, fueron sus más repetidos discursos…pero de campaña. Hoy se ve que le tiemblan las corvas para cumplir.
El “gober bocón”, falla
Aldo Fasci, asesor legal del gobernador “bocón”, como le dicen en Nuevo León, Rodríguez no cumple su promesa y la causa penal 2894/2016, que está a cargo del Juez de Control Pedro Cisneros Santillán, parece atorada como la palabra de El Bronco.
Los delitos por los que se les acusa al exgobernador y exfuncionarios estatales son peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones y coalición.
Incluso dio por buenas las versiones de que el FBI y DEA estaba tras los Medina, versión que se ha convertido un lugar común en medios.
Ahora reveló el diario Reporte Índigo que el imperio inmobiliario de la familia Medina en San Antonio, Texas, se maneja desde la casa de Alejandro Medina, hermano del gobernador Rodrigo Medina, en la calle Twilight Ridge, de una oficina en un pequeño edificio de tres pisos en la calle Oasis, de una oficina en la calle East Sonterra de Humberto Medina Ainslie, junto a una licorería y una oficina de Federal Express, y de una modesta casa en West Avenue, al lado de un taller mecánico. Desde ahí, en ocho años, los Medina han realizado operaciones en bienes raíces por un valor estimado en mil millones de pesos.
Sus negocios en Estados Unidos, agrega el rotativo, eran casi desconocidos en México, hasta que fueron utilizados como arma electoral en la contienda por la gubernatura de Nuevo León. Pero en Texas, la familia Medina es sujeta hace tiempo de una investigación del FBI y la DEA, que abarca tres países en dos continentes. Detonó cuando apareció el nombre del abogado Álvaro Briceño como represente legal en varias de las empresas de los Medina. Briceño está vinculado a la investigación sobre Javier Villarreal, acusado de lavado de dinero en Texas, cuando fue tesorero en el gobierno de Humberto Moreira en Coahuila, porque encontraron que varios depósitos del inculpado pararon en sus cuentas.
Los investigadores empezaron a analizar las operaciones financieras de los Medina, cuyo negocio empezó a florecer en 2007, cuando Rodrigo Medina fue nombrado secretario general de Gobierno de Nuevo León, en la administración de Natividad González Parás. El negocio creció exponencialmente en 2009, después de que Medina asumió la gubernatura. Lo que encontraron los investigadores fue que la primera operación de los Medina en San Antonio fue la compra de un terreno en 2006, apalancado con un crédito de cinco millones de dólares.
Hasta ahí, apunta el diario de frecuentes exclusivas de escándalo, todo era normal. Sin embargo, lo que notaron fue un patrón en la expansión inmobiliaria de los Medina que compraban terrenos en aquella ciudad texana back-to-back, préstamos paralelos –o depósitos de seguridad– en donde no se necesita dar bienes en garantía adicionales a los que ya se tengan invertidos en la institución a la cual se acude. Normalmente el banco receptor del depósito no es el mismo que otorga el préstamo, por lo que es difícil que lo detecten las autoridades. Es usual que se establezca un holding operativo para este tipo de operaciones, que se busca en países con baja tributación, como las Islas Caimán, a donde acudieron los Medina.
Operaciones de delincuencia organizada
La forma como fueron armadas las operaciones y la utilización del mismo crédito para ir adquiriendo más propiedades, es un método que ven los investigadores que se repite en el lavado de dinero. Según personas que conocen las investigaciones, el FBI y la DEA no tienen pruebas de una actividad ilícita de Alejandro Medina, hermano del gobernador, y de Medina Ainslie, cuyos nombres aparecen en todas las propiedades, pero sospechan de actividades ilícitas.
Más contra los Medina
Fasci dijo a la prensa en mayo pasado que las empresas de los Medina formaban parte de una estructura que incluía tres constructoras locales y una franquicia, que lavaban el dinero que salía de presuntas extorsiones a proveedores. Empresarios y revelaciones en la prensa han señalado a Medina Ainslie, padre del gobernador, como la persona que exigía comisiones a los empresarios que hacían obra pública o proveían servicios al gobierno estatal.
La franquicia es de comida rápida y propiedad de un amigo de la infancia del gobernador, con quien su padre veía los negocios cuestionados durante la administración de su hijo. La franquicia creció casi al doble durante el sexenio de Medina, y parte de la investigación busca determinar con precisión de dónde vinieron sus ingresos y a dónde fueron los egresos. Las constructoras, de acuerdo con Fasci, fueron beneficiadas con obra pública en el gobierno de Medina.
Las operaciones financieras de la familia del gobernador han dibujado dos pistas de dinero. Una conduce a las instituciones bancarias en San Antonio, la sede del imperio inmobiliario, y la otra a Andorra, un principado en los Pirineos y paraíso fiscal entre España y Francia.
No se había establecido un patrón de cobros y pagos, que tendría que ser un trabajo respaldado por las autoridades mexicanas. Tampoco se ha sabido si el FBI y la DEA ya pidieron la cooperación de la Secretaría de Hacienda y de la PGR.
