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Por Mario Luis Fuentes / @MarioLFuentes1 / @MexicoSocial_
¿Qué significa que en un espacio territorial de México no puedan circular libremente, y en ejercicio de su autoridad, las instituciones del Estado Mexicano, pero sí el representante de un gobierno extranjero? La pregunta es pertinente, porque fue precisamente lo que ocurrió en el municipio de Aguililla, Michoacán, con la visita del Nuncio Apostólico, Franco Coppola.
La primera noticia relevante luego de la salida del clérigo de esa comunidad, en disputa por dos de los cárteles más poderosos y violentos del país, fue la relativa a los diversos narco-bloqueos que se llevaron a cabo en la carretera que va de Apatzingán a Aguililla.
Durante varios años, entre 2008 y 2012, Michoacán fue uno de los estados más violentos del país; posteriormente, tuvo un periodo de paulatina, lenta y a todas luces reducción de los niveles de violencia homicida, pero en los últimos dos años ha tenido un preocupante repunte. En efecto, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre los meses de octubre del 2020 y marzo del 2021, Michoacán ha tenido cada mes de manera consecutiva, más de 200 víctimas de homicidio doloso en su territorio.
Para el mes de octubre de 2020, la cifra reportada fue de 235 víctimas de asesinato; 218 en noviembre y 204 en diciembre. Así, el año pasado, en total, Michoacán fue escenario de 2,433 homicidios intencionales: un promedio de 6.6 al día. Por su parte, en el primer trimestre de 2021 llegó a 611, lo que hace un promedio de 6.7 diario.
Preocupa sobremanera la escalada de violencia en Michoacán, porque se trata de un estado que es vecino de la que es ahora la entidad más violenta del país, medido por el número absoluto de homicidios dolosos: Guanajuato, donde en 2020 se tiene un registro de al menos 4,490 homicidios dolosos (12.3 por día); mientras que en el primer trimestre de 2021 registra 926 víctimas (10.28 diarias).
Igualmente, no debe olvidarse que el otro estado vecino de Michoacán es Jalisco, el tercero con mayor número de homicidios en el país (solo por debajo de Guanajuato y Baja California), donde en 2020 se contabilizaron 2,621 víctimas de homicidio doloso (7.18 al día); y en el primer trimestre del 2021, una suma de 668 víctimas (7.42 por día).
Este panorama debe ser asumido con toda la seriedad posible por las autoridades de seguridad pública y de procuración de justicia de todos los órdenes y niveles del gobierno, pues no queda lugar a dudas que la región más violenta del país es precisamente la del Bajío-Occidente de México.
En esos tres estados de la República mexicana, habitan nada menos que 19.24 millones de personas; y en conjunto, recibieron entre 2018 y 2020, las sumas de: 9,848 millones de dólares en Guanajuato; 10,995 millones de dólares en Jalisco; y 11,084 millones de dólares en Michoacán. Es decir, sólo por remesas familiares, los tres estados superan la inversión extranjera directa recibida por México en este periodo, la cual asciende a 29,998 millones de dólares, frente a los 31,927 millones recibidos por remesas en esas entidades.
No debe olvidarse que en esta región se produce y transita un alto porcentaje de las mercancías que exporta México, y en la cuál hay una intensa interconexión y movilidad de personas y productos que va de Guadalajara, pasando por Guanajuato, al puerto de Lázaro Cárdenas o al Puerto Interior de Silao, además de la presencia de los aeropuertos internacionales de Guadalajara, Silao, Querétaro y Morelia.
Desde esta perspectiva, es necesario insistir que en el país hay enclaves territoriales que, si no están totalmente “tomados”, en ellos las autoridades formales ha cedido capacidades de ejercicio de la violencia, e incluso se ha renunciado a lo más elemental en el ejercicio del gobierno: quién ingresa, quién ocupa cargos públicos, quién entra o quién sale de las localidades: una nueva dialéctica criminal que determina las estructuras tanto de lo público como de lo privado, en la cual no sólo se disputa el control carretero, portuario y aeroportuario, sino de la propia vida y actividad económico y social de sus poblaciones.
El Estado mexicano no puede ceder ni un centímetro más en el ejercicio del monopolio de la violencia legítima, y debe diseñar una nueva estrategia para recuperar el control perdido en amplias zonas del territorio nacional. De eso depende la transformación estructural del país.
Investigador del PUED-UNAM
