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De las corresponsalías
México, DF, 8 de mayo-2015 (agencia acento) En su segundo aire, gente de Oceanografía (metida en delincuencia organizada, pero casi perdonada) repite la “Operación Carlos Ahumada”.
Al parecer ahora un personaje de esa “marca”, como es el caso de Javier Rodríguez Borgio, y otro supermillonario, apuestan a fuerzas de PAN y PRI en campaña por las gubernaturas de Querétaro, Baja California Sur y, desde luego al petrolero estado de Campeche.
Pero, como dijo el descuartizador: vamos por partes.
El candidato panista al gobierno de Querétaro, Francisco Domínguez, confesó recibir millones –conforme a Carlos Loret de Mola y sus Historias de Reportero– de un empresario con historial delictivo que –diríamos nosotros- le valdría cadena perpetua…Claro, en otro país.
Pancho Domínguez extrañamente logró ser candidato panista, por encima Ricardo Anaya, quien fue líder estatal de su partido en Querétaro; fue el diputado federal con el récord de votos en todo el país, ese 2012. Presidió la Cámara Baja y a su partido a nivel nacional (en ausencia de Gustavo Madero) en 2014.
A un primer empresario dadivoso sumó un segundo, que además comparte con su amigo, el aspirante del mismo partido, en Baja California Sur, según una conversación telefónica grabada y divulgada a nivel nacional en estos días.
Mecenas de campañas, estilo Ahumada
El mecenas del queretano es evasor de impuestos, sospechoso de vender gasolina robada a Pemex, fue accionista de Caja Libertad sospechosa de lavado de dinero y socio de Oceanografía, donde se produjeron desvíos de créditos de factoraje Banamex y Banco del Bajío, así como pagos de Pemex por 12 mil 461 millones de pesos. Esos millones fueron desviados actividades deportivas, según la resolución del juzgado 14 de distrito en materia penal con sede en el Distrito Federal.
La conversación grabada exhibe el candidato al gobernador panista en Baja California Sur y al queretano: se habla de que el empresario entregará dinero a cambio de favores.
El benefactor de Francisco Domínguez en un empresario, expone Loret de Mola, con cien gasolineras donde detectaron millonarias evasiones de impuestos.
Asimismo se cree que vendía combustible robado a Pemex, en un predio suyo, conforme a la PGR.
Se trata del propietario de la red de casinos Big Bola; fue accionista mayoritario de Caja Libertad contra la que la Federación abrió una investigación por lavado de dinero y socio de Oceanografía, abunda Loret de Mola.
Expone el columnista estrella de El Universal y comentarista de Televisa, que Francisco Domínguez, incluso después de que estallaron denuncias, refrendó públicamente su amistad y colaboración con Rodríguez Borgio. “Hasta confesó que había aportado a su campaña”.
Se sabe que este legislador queretano, cabildeó en la reforma a favor de empresarios del sector que, especulan, le sabrán recompensar sus gestiones ahora que requiere financiamiento para su campaña. Incluyen en la lista a Oceanografía, expone Loret.
La llamada del escándalo
Hasta a la Comisión Permanente del Congreso llegó este jueves la denuncia del PRI sobre dos conversaciones telefónicas que comprometen a candidatos del PAN a la gubernatura de Querétaro y al de Baja California, hablando de sus operaciones, tipo crimen organizado para ganar hasta con dinero ilegal.
En una de las llamadas que se parece exhibir a Pancho Domínguez, se escucha la voz del candidato del PAN al gobierno de Querétaro, Pancho Domínguez, decir a Carlos Mendoza Davis, abanderado de ese partido en Baja California Sur, que un empresario identificado como El Kors se compromete a financiarlos con seis millones de pesos mensuales durante cinco meses.
Es decir, 30 millones de pesos hasta el día de la elección
-¿Y a qué te comprometes después? —pregunta Mendoza.
-A pagar chingón después, hay te digo cuándo —revira Pancho.
-Está a toda madre —festeja el de Baja Sur.
En la otra se escucha, supuestamente, la voz de Mendoza Davis. Apura al secretario de Finanzas de Baja California Sur, Isidro Jordán Moyrón, a pagar una encuesta encargada por el PAN.
En su caso, Domínguez dijo desconocer la llamada. “No tengo idea de qué hablan, honestamente”, aseguró. Mendoza ni siquiera dio la cara, según el diario Quinto Poder de Baja Sur.
Oceanía quiere la gubernatura de Campeche
Alejandro Moreno Cárdenas (“Alito”), priista es el otro caso que expone Loret de Mola.
Alejandro Moreno Cárdenas (del PRI) y el Gobierno federal no despierta todas las confianzas y hubo denuncias verbales de que sería un riesgo, expone el columnista un texto que no tiene desperdicio, se encumbró el sexenio 2006-12, gracias a su cercanía con el entonces secretario de Gobernación, el panista Juan Camilo Mouriño (qepd), y su familia. Los Mouriño tienen negocios y vínculos con Campeche.
Alejandro quedó cerquita de Oceanografía, la multimillonaria empresa energética favorita del Gobierno federal anterior, agrega.
En la elección de 2012, empresarios campechanos denunciaron que “pasó la charola” entre varios de ellos y recolectó 200 millones de pesos para su campaña a diputado federal. Les ofrecía a cambio contratos con Pemex, expone.
Fuentes del más alto nivel, agrega, ya en la administración Peña Nieto cuando reventó el escándalo financiero del fraude de Oceanografía, Moreno Cárdenas aprovechó sus contactos para cabildear a favor de Mario Ávila, ex subdirector en Pemex, perseguido por fraude y por Amado Yáñez, el dueño
de la empresa.
Hombres de negocios en Campechesospechan cosas mucho peores de Moreno Cárdenas, Ávila Lizárraga está libre, Yáñez vive en el Reclusorio Sur del Distrito Federal y “Alito” tiene medio pie en la gubernatura de Campeche, alerta Carlos Loret de Mola.
Colima, Año de Hidalgo: Anguiano, voraz
De estado modelo, Colima pasó al sexto más corrupto en el “sexenio de Hidalgo”. Mario Anguiano, logró la mayor colección de inmuebles en la entidad y esta sufrió su mayor desfalco en decenios, según Transparencia Mexicana, Coparmex, Fundación Konrad Adenauer y la consultora Polilat.
Confesó al diario Milenio haber adquirido durante su sexenio, unas cuantas propiedades:
En 2012, un predio en Tinajas de 39 hectáreas, por $468 mil pesos; construyó una casa en el Fraccionamiento Paseos de La Hacienda (868 mil pesos por el lote y más 1.1 millones de construcción) o 1.9 millones, aunque el precio comercial es de 2.6 millones de pesos.
Adquirió asimismo un terreno de 520 metros en 4.8 millones de pesos. Asimismo una “cabaña campestre”, como llaman a un rancho de siete hectáreas al pie del volcán de Colima, en Cofradía de Suchitlán ($2.5 millones).
En conjunto, estas propiedades tienen un valor de 4.9 millones de pesos, o el 92 por ciento de sus ingresos en seis años.
Antes de obtener las propiedades que reconoce que adquirió como gobernador en funciones, solo había declarado poseer estas propiedades: una vivienda en Tinajas con valor de 440 mil pesos, la cual remodeló con una inversión de $565 mil pesos; un “predio ejidal” de cinco hectáreas en Tinajas, con un valor de 15 mil 503 pesos y un “predio ejidal” de 4.83 hectáreas, con un valor de 12 mil 402 pesos.
Milenio revela que supo que cuenta con otro inmueble en Los Ángeles, California, pero el gobernador afirma que es una herencia de su esposa.
Pero Milenio dice haber encontrado es una compra irregular (en 2011) de 98 hectáreas en las afueras de Colima, en la carretera hacia Manzanillo: un “terreno rústico”, La Loma en 35 millones de pesos, con un avalúo hecho por una empresa que no está registrada para tales menesteres, en beneficio de una particular, Adriana Santoyo Durán, viuda de Germán Torres Anguiano, quien fuera dueño del megapalenque del municipio de Villa de Álvarez, ejecutado en 2006 en el centro comercial de Plaza del Sol, en Guadalajara, y que fue señalado por tener presuntos vínculos con narcotraficantes.
Aparentemente la mujer no era la legítima propietaria (los opositores de Anguiano afirman que era prestanombres del gobernador y otros servidores públicos), todo para reserva territorial.
Ahora que Colima deshoja la margarita entre la opción priista, panista o perredista, José Ignacio Peralta, Jorge Luis Preciado y Martha Zepeda contienden por el cargo de gobernador, el PRI parece resentir efectos negativos que reducen la ventaja de 7 puntos porcentuales (con 42 % de intención del voto) frente al candidato azul (35%).
