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Seis empresas se reparten botín de 17 mil millones
POR Gustavo Cortés Campa
Valentín Campos, ejecutivo de la firma DICIPA, estaba muy alterado al teléfono por su inconformidad con el reparto acordado por otros ejecutivos de los contratos de laboratorios y bancos de sangre con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Quizá no era para menos: sus compinches intentaban reducir su tajada en un presupuesto anual de 17 mil millones. Y don Valentín gritaba, reclamaba, acusaba y exigía.
Todo consta en varias grabaciones en poder de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), como parte de las pruebas contenidas en la denuncia presentada por la dirección general del IMSS en marzo de 2016. Tres años después, la referida comisión decidió sancionar a seis firmas de proveedores. Fueron tres años en los que el sexteto de acusados ejerció todo tipo de presiones e influyentismo para frenar la investigación.
En su denuncia del 10 de marzo de 2016, el IMSS, en atención a “una denuncia pública” dos días antes, se “tomó conocimiento de que potenciales proveedores se coludieron presuntamente para segmentar el mercado en una licitación que está en curso para la adquisición de servicios integrales de laboratorio y diagnóstico”.
Agrega el IMSS que “de acuerdo con la denuncia, los concursantes se habrían asociado indebidamente para presentar propuestas técnicas y económicas en perjuicio del patrimonio” de la institución.
En consecuencia, la Cofece elaboró el “aviso por el que la autoridad investigadora de la Comisión Federal de Competencia Económica inicia la investigación por denuncia identificada bajo el número de expediente DE-011-2016 por la posible comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio y banco de sangre, así como bienes y servicios relacionados contratados por el sistema nacional de salud en territorio nacional”.
El 27 de julio del mismo año, la diputada Araceli Damián, de Morena, promovió un exhorto a la Cofece de parte de la Comisión Permanente del Congreso, para “no extender el plazo de presentación de resultados” de la investigación en curso “y en su caso proceder contra quien resulte involucrado en la posible comisión de delitos para favorecer prácticas monopólicas contra el IMSS”.
Sin embargo, según evidencia, el asunto quedó atorado tres años, hasta que se agilitó en la Cofece, donde ya se advierte una inminente sanción administrativa y muy posiblemente, denuncia penal ante la PGR por delitos cometidos. Según se pudo saber, el procedimiento se encuentra en la fase de presentación de pruebas por parte de los involucrados.
VULNERABLE, EL SERVICIO DE LABORATORIO
Pero surge otro problema, en caso de que las autoridades no actúen con presteza: el servicio de laboratorio y banco de sangre en los estados en que las firmas acusadas ejercían control monopólico se verá afectado.
El gasto anual del IMSS en servicios de laboratorio y banco de sangre asciende a 17 mil millones anuales y se lo estaban repartiendo seis empresas:
DICIPA, en Chiapas, Baja California, Sinaloa, Guerrero y Morelos.
IMPROMED, en Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Tamaulipas y en Aguascalientes, exclusivamente el ramo de laboratorio.
CENTRUM, en Oaxaca, Estado de México, Chihuahua y Nayarit.
Las otras tres empresas que completan el sexteto monopólico son: FALCON, HEMOSER y Selecciones Médicas del Centro, sin datos de las entidades que controlan.
Dado que las sanciones para estas firmas distribuidoras son inminentes, las empresas transnacionales que venden el 80 por ciento de los insumos, reactivos, equipos, tecnología, por ordenamientos legales en sus respectivos países, suspenden de inmediato sus ventas.
Las reservas pueden cubrir, cuando mucho, un mes. Surgirán otros proveedores que, para empezar, venderán a precios mucho más altos y no son, precisamente, los que hacen compras en directo a los fabricantes.
En algunas partes del país se han tomado medidas profilácticas, como en Jalisco, donde el gobernador Enrique Alfaro canceló un contrato a IMPROMED y declaró desierta la licitación.
En cuanto a DICIPA, tuvo problemas con la calidad del servicio y además, incumplimientos en Baja California, Michoacán y Chihuahua, por lo menos.
En síntesis: las prácticas monopólicas de empresarios que se coluden para simular licitaciones han puesto al sector salud del país en un problema mayúsculo. Los 17 mil millones del presupuesto del que se han aprovechado, con todo y ser importante, disminuye frente al daño a la salud de los mexicanos que causa este proceder.
La Cofece ya actúa para recuperar el tiempo perdido desde el momento en que se presentó la denuncia. Pero fue una tardanza de tres años.
Tal vez esa demora constituya no sólo una anomalía administrativa, sino una sospecha de colusión con los involucrados. Un presupuesto de 17 mil millones da para pagos generosos, sin duda. Esa sería otra investigación.
