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*Desprestigian trabajo técnico y profesional de instituciones con la simple y ligera acusación de que son organismos “muy costosos y sin beneficio”.
*Actúan con ocurrencias alejadas de cualquier política pública seria y ponen en riesgo el desarrollo armónico del país y las instituciones del Estado mexicano
Por la redacción
Las y los senadores del Grupo Parlamentario del PRI (GPPRI) condenan enérgicamente la pretensión del gobierno federal de querer terminar con instituciones y órganos autónomos del Estado mexicano que han demostrado su eficacia con contribuciones importantes al país y que por su mal entendida y hasta obsesiva política de austeridad, les recortan el presupuesto esencial para su operación, poniendo en riesgo su viabilidad, hasta propiciar su desaparición.
Advierten que es tan corta la visión gubernamental que proponen trasladar las responsabilidades del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), cuando las atribuciones y funciones que desempeñan ambos organismos autónomos son totalmente distintos.
Indican las y los senadores del PRI que, sin fundamento alguno, desde el gobierno federal pretenden desprestigiar el trabajo técnico y profesional de una institución encargada de medir los índices de pobreza en el país, mediante estudios y evaluaciones, para ofrecer soluciones desde la óptica de que lo que se mide, se puede corregir.
Rechazan, asimismo, que se descalifique con absoluta ligereza que se trata de organismos “muy costosos sin beneficio”.
Indican que es tan grande el desconocimiento de las responsabilidades de dichos organismos que pretenden que el INEGI, cuya responsabilidad es proveer al Estado mexicano de información estadística precisa y profesional para coadyuvar al desarrollo nacional, realice la medición de las políticas de desarrollo social para el efectivo combate de la pobreza en todo el país.
Por otra parte las y los legisladores del PRI señalan que a esta pretensión de desaparecer instituciones funcionales, se suma la decisión de suprimir el acceso a internet a 35 escuelas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en una clara contradicción por parte del Ejecutivo federal que en su campaña proselitista prometió llevar y garantizar este servicio digital a “a todos” los rincones del país.
Señalan que esta acción instrumentada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, igualmente en apego a la mal concebida política de austeridad, causará serios trastornos a estos centros de estudios universitarios, bajo el argumento de que “durante el presente periodo de asueto, el servicio digital no es requerido en esas instituciones”.
Con estas ocurrencias que están alejadas de cualquier política pública seria, se pone en riesgo el desarrollo armónico del país y las instituciones del estado mexicano, por lo que el GPPRI hace un enérgico llamado a la administración federal a actuar con profesionalismo y no por consigna ni por ocurrencias que están muy lejanas de representar políticas públicas de gobierno.
