Debe combatirse la venta de armas armas de fuego en la...

Debe combatirse la venta de armas armas de fuego en la CDMX

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Armas al por mayor en la capital del país

 

*  El 64% de los presos por delitos federales en cárceles de la capital, están por portación de armas de fuego y explosivos; no se atiende la  obligación de  manifestar a la SEDENA sobre su posesión

Por BLAS A. BUENDÍA

Especial de Expediente Ultra

Es correcto que la diputada del PRD, Rebeca Peralta León, haya respaldado la propuesta que en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) hiciera el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, para impulsar la prisión preventiva oficiosa como una medida para la regulación de armas de fuego en el país.

Aunque demandó a las autoridades capitalinas intensificar el combate a la venta ilegal de armas para evitar tragedias, como la ocurrida en el Colegio Americano del Noreste, de Monterrey, que a ciencia cierta, México sigue siendo el país del mañana y del nunca acabar…

Para la legisladora, es necesario que las autoridades de la Ciudad de México refuercen los operativos en aquellos lugares donde se tiene conocimiento sobre el comercio clandestino de todo tipo de armas, que se decomisen y destruyan todo tipo de armamento. “Sólo de esa manera cuidaremos a nuestras familias y evitaremos que se repitan los lamentables hechos del colegio de Monterrey”, precisó.

Si bien es cierto que es alto el porcentaje de las personas que son detenidas con armas de fuego en la capital del país, la también vicepresidenta de la Asamblea Legislativa destacó que el 64 por ciento de las personas privadas de su libertad en las cárceles de la capital de la República, por delitos del orden federal, están por portación de armas de fuego y explosivos, pues al momento de su detención carecían de la licencia expedida por la Secretaría de la Defensa Nacional.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), precisó que de acuerdo con la subsecretaría del Sistema Penitenciario de la ciudad, de los 3 mil 530 internas e internos presos por delitos federales, 2 mil 266 (2 mil 245 hombres y 21 mujeres), lo están por no tener la licencia respectiva o por no haber comprobado la propiedad de las armas de fuego ante las autoridades.

Comentó que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos faculta a la Secretaría de la Defensa Nacional a la expedición, suspensión o cancelación de las licencias de portación de armas de fuego, así como su registro, control y vigilancia, y los ciudadanos están obligados a manifestar a la dependencia la posesión de cualquier arma o artefacto explosivo para su inscripción en el Registro Federal de Armas.

La diputada Rebeca Peralta aprovechó la coyuntura para comentar sobre la situación de las personas que están presas por delitos del orden federal: De las 3 mil 530, 3 mil 293 están sentenciadas y 237 están a la espera de que se resuelva su proceso.

Un total de 16 personas cumplen condenas por robo simple; 38 por robo calificado; 4 por lesiones; 60 por homicidio; 595 por delitos contra la salud; 58 por delitos sexuales; 159 por privación ilegal de la libertad; 2 mil 266 por portación de armas de fuego y explosivos; 84 por delincuencia organizada; 7 por extorsión; y 243 por otros delitos.

LA CONAGO Y LAS ARMAS

A su vez, la diputada Nury Delia Ruiz Ovando, urgió a la Cámara de Diputados a retomar y aprobar la propuesta que anunció el coordinador en turno de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Miguel Ángel Mancera, para contemplar la prisión preventiva oficiosa por la portación de armas de fuego.

Ante el clima de violencia que enfrenta el país, la legisladora consideró necesario que en San Lázaro se consideren urgentemente los acuerdos de la CONAGO en materia de seguridad y combate a la delincuencia.

Dijo que el planteamiento que hizo Mancera quien recibiera el respaldo de los gobernadores que integran la CONAGO, debe traducirse en un proceso de dictaminación ágil que permita plasmar la propuesta en el Código Penal Federal, en el Código de Procedimientos Penales y en la Ley de Portación de Armas Explosivos.

En este sentido, también hizo un exhorto a los diputados federales a descongelar la serie de reformas que en diciembre de 2016 aprobó el Senado de la República con el propósito de incrementar las penas por la comisión de este ilícito, “el dictamen aún se encuentra en San Lázaro y no vemos para cuándo le den luz verde”, urgió.

Recordó que dicho dictamen establece que se convertirán en delitos graves la portación de armas de uso exclusivo del Ejército y la posesión de cartuchos de alto calibre, toda vez que la reglamentación en el tema, es consabido que todo ciudadano que desee portar alguna arma para su defensa persona, debe llenar los requisitos, de lo contrario se hará sujeto de incurrir en un delito.

Coincidió en que las reformas que permanecen atoradas en la Cámara baja tienen como objetivo consolidar un marco legal que propicie una defensa enérgica de la seguridad pública, “y es que la legislación vigente permite portar algunas armas sin mayor consecuencia que una sanción administrativa, es decir, no existe una pena corporal para ello”.

“Esta deficiencia en la legislación pone en riesgo bienes jurídicos tutelados por el Estado, como son la vida, la paz, la salud y la seguridad interior y nacional”.

Finalmente expuso que se establece que, además de castigarse con pena de prisión, los jueces podrán la facultad de incrementar la pena proporcionalmente a las circunstancias específicas de cada caso.

 

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