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* La Sala Regional del TEPJF emitió el pasado primero de junio su sentencia ordenando la aplicación de los estatutos partidistas para elegir al nuevo Consejo Político y el cambio de dirigentes, aplazado desde diciembre de 2016; la Comisión Nacional de Justicia Partidaria emitió un documento aceptando el veredicto del máximo tribunal pero hasta el momento no ha pasado nada. Una indignada militancia sigue esperando el lanzamiento de la ansiada convocatoria
Por La Redacción
Especial de Expediente Ultra
A pesar de que el máximo órgano de justicia electoral en el país determinó que el aplazamiento de la renovación del Consejo Político del PRI capitalino, así como de sus cuadros dirigentes era violatorio a sus estatutos partidistas, los altos mandos del Revolucionario Institucional parecen más ocupados en desahogar juicios “fast track” que les reporten dividendos mediáticos como la reciente expulsión de sus filas del ex gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, que en poner orden a su interior.
La Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, presidida por Fernando Elías Calles, aceptó la sentencia emitida el primero de junio por la Sala Regional de la IV Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El órgano interno, redactó un documento donde ordena, al menos de palabra, resolver la solicitud presentada al Tribunal por militantes de este partido en la Ciudad de México para que se emita la convocatoria de renovación de la Presidencia, Secretaría General y los miembros de su Consejo Político. Irregularidad que ha permitido a Mariana Moguel extender su periodo que debía concluir desde diciembre.
De esta manera y una vez finiquitados los procesos electorales en Nayarit, Estado de México, Veracruz y Coahuila, el CEN tricolor ya no tendría excusa alguna cumplir el mandato, pero los días han transcurrido y nada sucede ante esta historia que inició el pasado 10 de marzo, cuando uno de los tantos militantes inconformes presentó ante las instancias nacionales de ese instituto político su solicitud exigiendo el lanzamiento de la respectiva convocatoria, pero el CEN la ignoró, procediendo a interponerla como queja en la sala regional del TEPJF.
El organismo emitió un veredicto inapelable, al establecer: “al haber quedado fundado el motivo de inconformidad aducido por la parte actora y a efecto de restituir en lo conducente al promovente en el uso y goce de los derechos político-electorales que le fueron violados, lo procedente es ordenar al Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, que a la brevedad realice los actos relativos al inicio del procedimiento de renovación del Consejo Político de la Ciudad de México”.
Hace una semana trascendió que la Comisión de Justicia Partidaria había aceptado el mandato del Tribunal Electoral; incluso se filtró el documento firmado por el titular de Justicia Partidaria, Fernando Elías Calles, el mismo que se encargó de cortar la cabeza a Borge y que fuera asesor del hoy líder nacional, Enrique Ochoa, a su paso por la CFE.
El funcionario partidista señalaba que la notificación se hacía extensiva al CEN del PRI, es decir, a Enrique Ochoa Reza, a la Comisión Nacional de Procesos Internos, lo mismo que al Comité Directivo de la Ciudad de México y a su Consejo Político. Hasta ahí todo parecía fluir dentro de los cauces de la legalidad.
En más, en su punto sexto, se leía textual en el oficio firmado por Elías Calles: “Infórmese a la Sala Regional de la IV Circunscripción del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el cumplimiento dado a la Sentencia de fecha primero de junio de dos mil diecisiete”. El plazo dado por órgano de justicia electoral para tal cumplimiento era de 72 horas. Ya transcurrieron las semanas y todo apunta a que el CEN del tricolor no sólo se ha mostrado en desacato sino que ha tratado de tomarle el pelo a los magistrados del Tribunal porque la militancia sigue esperando, azorada y cruzada de brazos. La convocatoria no tiene para cuando emitirse con lo que el fallo sigue sin ejecutarse.
Cuadros de las diversas organizaciones del PRI capitalino opinan que hay el justificado temor de la endeble dirigencia de Enrique Ochoa para lanzar la convocatoria en cuestión por las marcas pugnas internas abonadas por la falta de liderazgo de Mariana Moguel Robles; empecinada en perpetuarse en el cargo a costa de golpear sin ton ni son a las diversas corrientes.
Una elección en estos momentos terminaría por desintegrar al priísmo de la Ciudad de México, por lo que, opinan, al CEN le saldría más barato pagar una multa por no cumplir la sentencia del TEPJF, que dejar al futuro candidato presidencial un partido local hecho trizas. La opción sería, como ya es costumbre, designar a un delegado especial cuya misión será evitar, en la medida de lo posible, que las desbandadas se acrecienten.
