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DIFÍCIL SITUACIÓN AFRONTARÁ EN 2017 EL TSJCDMX POR LOS RECORTES

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Afirma Edgar Elías Azar que no se afectará a la planta laboral

*  Su titular, Edgar Elías Azar, alerta que también se podría agravar el déficit que viene arrastrando desde hace muchos años la institución , pero aclara que las reformas al Sistema Penal no pondrán en riesgo la planta laboral

 

Por BLAS A. BUENDÍA

Fotos ALFONSO MORA

Especial para Expediente Ultra

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), magistrado Edgar Elías Azar, solicitó a diputados de la Asamblea Legislativa le sea autorizado al órgano judicial un presupuesto para 2017 de 7 mil 694.1 millones de pesos, como mínimo irreductible, y alertó que, con base en la estimación recurrente de la Secretaría de Finanzas, sólo estaría recibiendo 4 mil 953. 9 millones de pesos, lo que habrá de agravar el déficit que arrastra desde hace varios años.

Ante legisladores de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, demandó  concientizarse y corresponsabilizarse para evitar que el tema de déficit con el que se ha operado se convierta en un problema serio en el manejo institucional, y recalcó que el presupuesto del Tribunal sólo ha sido objeto de actualización basada en el índice inflacionario, lo que resulta insuficiente.

En el salón Luis Donaldo Colosio del histórico recinto de Donceles y Allende, se refirió a la implementación del Nuevo Sistema Procesal Penal Acusatorio (NSPPA), y dijo estar convencido de que el gobierno federal no se equivocó en impulsar su aplicación, frente a la situación de que la sociedad ya estaba cansada de la justicia penal tradicional. Creo en esa reforma, puntualizó, pero es de un altísimo costo y los recursos necesarios no fueron previstos.

En un brete la impartición de justicia por la falta de recursos
En un brete la impartición de justicia por la falta de recursos

Abundó que el TSJCDMX se enfrenta a otras reformas sin recursos previstos, tales como la de justicia para adolescentes, que ha requerido no sólo de jueces, sino de profesionales en áreas como medicina, psicología y trabajo social, y advirtió que desde ahora se debe poner atención al hecho de que se está impulsando desde el ámbito federal que la justicia laboral pase a los poderes judiciales locales.

El también presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), informó que en 2012 se solicitó un monto de 6 mil 415 millones de pesos, pero se le autorizó sólo 3 mil 753 millones de pesos, y que el ejercicio fue de 3 mil 896.

Detalló lo ocurrido en el mismo sentido en los años 2013, 2014, 2015, y puntualizó que en 2016 se solicitó un monto de 12 mil 552 millones de pesos, sólo se aprobaron 4 mil 763 millones de pesos, y se calcula que el monto ejercido será de 6 mil 033.3 millones de pesos.

Frente a este panorama, afirmó que se requiere de recursos crecientes para que el Tribunal cumpla con eficiencia sus funciones, y señaló que la situación es aún más agobiante frente al recorte de presupuesto previsto para la Ciudad de México desde el ámbito federal. Pidió, asimismo, que no se priorice lo inmediato frente a lo trascendental, como lo son los temas de justicia.

El magistrado destacó que hoy prácticamente la Ciudad de México tiene dos tribunales: uno de justicia oral y otro de justicia tradicional; esta última que se irá extinguiendo y achicando, dijo, frente al avance de la oralidad. Por lo pronto, abundó ya se han cerrado por lo menos 20 juzgados penales de proceso escrito, sin afectar los derechos laborales de los empleados.

En el tema de la justicia oral en materia familiar, subrayó que ésta no ha podido avanzar, pese a que ya existen las reformas legales necesarias, por falta de presupuesto. El Estado, reconoció, no ha sido capaz de responder a tiempo a un menor que demanda pensión alimenticia, por ejemplo.

Para avanzar en los temas de oralidad, Elías Azar dijo que se requerirá, en la rama familiar, 123 juzgados, 123 salas de audiencia y 12 unidades de gestión. En el tema civil-mercantil, 40 juzgados y 40 salas de audiencia. En penal adultos, 70 jueces adicionales y seis unidades de gestión judicial. En penal adolescentes, 21 salas de audiencia, 22 jueces adicionales y 1 unidad de gestión judicial, así como una reserva para la extinción de juzgados penales. Todo esto suma, en conjunto, de 2 millones 185.7 millones de pesos.

 

MORENA apoya al TSJCDMX; requiere de más presupuesto

El Grupo Parlamentario de MORENA en la Asamblea Legislativa hizo un exhorto a las demás fuerzas políticas para apoyar la asignación de un presupuesto suficiente para la labor que realiza el Tribunal Superior de Justicia, pues sus actividades representan 30 por ciento del trabajo total del Poder Judicial.

Durante la Mesa de Trabajo con el Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Edgar Elías Azar, la diputada Beatriz Rojas Martínez criticó la necedad del Jefe de Gobierno de destinar un presupuesto limitado a este órgano, cuando desde 2014 se ha observado que los recursos asignados al Tribunal son insuficientes para el desempeño de sus funciones.  En MORENA dijo, compartimos la preocupación de que el Proyecto de Presupuesto 2017 que envió Miguel Ángel Mancera está subestimado.

La legisladora calificó de ilógico que el mandatario capitalino otorgue en un primer momento un presupuesto limitado a la dependencia, para después terminar asignando más, al hacer uso del superávit que se obtuvo en 2015 por 12 mil 820 millones de pesos.

Preocupación de los asambleístas por el impacto de los recortes al Tribunal
Preocupación de los asambleístas por el impacto de los recortes al Tribunal

Lo ideal, dijo Rojas Martínez, sería otorgar la cantidad suficiente para que cada dependencia realice su trabajo y al final no se solicite al Secretario de Finanzas la asignación de más recursos. Tan sólo en este año, precisó la asambleísta, el tribunal ejerció mil 60 millones de pesos más de lo que le fue asignado, pues de 4 mil 763 millones de pesos hasta la fecha tiene un gasto por 5 mil 822 millones.

El desarrollo del sistema de impartición y administración de justicia debe ser prioridad para el gobierno capitalino, señaló la diputada, por lo que es necesario capacitar a los jueces que aún no están preparados para impartir el sistema oral, aunque en este sentido, el político y jurista guerrerense indicó que usualmente todos los impartidores de justicia se actualizan conforme a las reformas del sistema penal mexicano.

Asimismo solicitó acciones para fortalecer la implementación de mecanismos en materia de igualdad de género, como por ejemplo la capacitación de los servidores públicos en este tema, para evitar la violación de los derechos humanos de mujeres y niñas.

La legisladora también mostró su preocupación por que el nuevo Sistema de Justicia Penal juzgue a las personas indígenas en su lengua nativa, por lo que preguntó acerca de los avances para que se respeten los derechos de los pueblos originarios en esta materia.

Al finalizar, Beatriz Rojas Martínez exhortó al magistrado presidente del Tribunal de Justicia local a combatir la corrupción que impera en la capital, pues de acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), realizada por el INEGI en 2015, la Ciudad de México se encuentra con la tasa más alta de víctimas de actos de corrupción. En este tenor, cuestionó acerca de cuántos jueces han sido acusados de corrupción en su actual administración y las acciones que ha desarrollado para combatirla.

Édgar Elías Azar

Con base a la importancia del acto político-jurídico, esta fue la postura del doctor Édgar Elías Azar ante los diputados locales de la Asamblea Legislaiva.

Asamblea Legislativa

Con su venia, diputado presidente (Mauricio Toledo), y como siempre también es un gusto estar aquí en la Asamblea Legislativa, y como siempre también pido permiso para llamar a los diputados compañeros. Me da muchísimo gusto estar aquí platicando de los temas de presupuesto.

No tengo dura que el discurso que traemos todos los titulares de órganos y de poderes es exactamente lo mismo, es decir, requerimos de más recursos para hacer frente con mayor eficiencia a todas las necesidades de las responsabilidades que nos agobian. Y lo mismo dirá el presidente del Tribunal Electoral, que el del Contencioso, que la señora presidenta de las juntas de Conciliación y el presidente del Tribunal  Superior de Justicia.

Sé que todo es agobiante. Sé también que el presupuesto del gobierno de la ciudad, hoy recortado dramáticamente por el gobierno federal, pues también representa un problema de reparto, de reparto equitativo y justo, y pues lo único que voy a decirle a los asambleístas es que se concienticen y que se corresponsabilicen con las reformas constitucionales que hoy estamos  enfrentando. Es decir, siempre lo urgente desplaza lo importante.

Siempre lo que urge, lo inmediato, desplaza lo que es realmente trascendental. Pero ahora sí hay cosas que pues ya no se pueden posponer, que ya no se puede seguir trabajando así, que ya no podemos, ningún órgano, estar trabajando marginalmente y fuera de presupuesto.

Eso, pues hay responsabilidad, y el problema se puede convertir en un problema muy serio, un problema muy serio de falta de manejo institucional. Yo sigo la misma técnica que he seguido en reuniones anteriores, que he tenido el gusto de estar aquí en la Asamblea, explicando qué cosa es el Tribunal, qué representa el Tribunal y de qué tamaño es nuestro Tribunal.

Pediría la primera lámina.

Vean ustedes el comparativo entre el presupuesto del Poder Judicial de la Federación y el Poder Judicial de la Ciudad de México. Para darles una idea de lo que es el Tribunal nuestro, el Tribunal de la ciudad, les tengo que explicar que nosotros dictamos un poco más de 22 mil acuerdos por día que subimos a la red; que dictamos entre 700 y a veces hasta mil sentencias al día; que tenemos casi 10 mil empleados que celebramos centenares y miles de audiencias por día, y que caminan por las instalaciones del Tribunal de la Ciudad de México un poco más de 60 mil personas diariamente, lo que significa, compañeros, es el volumen de problemas que estamos manejando dentro del Tribunal Superior de Justicia.

En el año 2014, nosotros representamos el 8.2 por ciento del trabajo de la Suprema Corte de Justicia y así hemos venido con una constante que va entre el 8, el 7.5, 6.8, ha bajado un poco en el último año, y lo que se espera es que, digo, en proporción a lo que tenemos en el Poder Judicial Federal podrán ustedes ver  que prácticamente andamos con una media del 7 por ciento.

Si nos vamos a la siguiente página, a la siguiente gráfica, encontramos nosotros que nuestro Tribunal opera con 4 mil 954 millones de pesos y que el  Poder Judicial federal pues camina con un presupuesto mucho más alto.

Mientras que nosotros caminamos con un 7 por ciento promedio de presupuesto, nosotros tenemos prácticamente el 30 por ciento del trabajo que tiene todo el Poder Judicial, aquí pueden ustedes observar la desproporción horrorosa que existe entre los costos de cada expediente; es decir, al Poder Judicial federal, pues tiene un presupuesto que es 3, que es 9  veces mayor; si nosotros somos 7 por ciento de su presupuesto, pero manejamos prácticamente una cuarta parte del trabajo que ellos tienen.

Viene la historia que hemos tenido aquí en el Tribunal  y en esta siguiente lámina van ustedes a apreciar el tema con más exactitud. Hemos venido planeando acciones estratégicas que tienen un costo. Segundo, lo que autoriza la Asamblea, y tercero, lo que realmente ejercemos.

Y entonces así tenemos, en el año 2012, tenemos acciones por 6 mil 415 millones de pesos que ocupaban todas las materias de justicia: oralidad penal, oralidad civil,  oralidad mercantil, oralidad en adolescentes, ejecución y sanciones penales.

El presupuesto autorizado por la Asamblea fue 3 mil 753 millones de pesos y lo que gastamos fueron 3 mil 896 millones de pesos. Al siguiente año, lo debido, lo que se debió haber presupuestado, lo que realmente era irreductible, pero  no sucedió así.

Al siguiente año, nosotros pedimos 7 mil 200 millones de pesos, se nos autorizó 3 mil 900 millones de pesos y gastamos 4 mil 200 millones de pesos con las ampliaciones líquidas que la Secretaría de Finanzas nos venía dando.

El siguiente año sucede lo mismo. Ocho mil pedimos, 8 mil 800 (millones de pesos) nos dan 4 mil y gastamos casi 5 mil millones de pesos, y es cuando realmente el Tribunal empieza a actuar con un déficit muy preocupante.

El siguiente año, lo mismo. Pedimos 11 mil 600 (millones de pesos),  nos dan 4 mil 200 (millones de pesos), es decir, observen ustedes que es prácticamente una tercera parte del presupuesto solicitado por el Tribunal, y gastamos 5 mil 500, es  decir,  la diferencia de mil millones de pesos sube el déficit a mil 300 millones de pesos.

Viene el siguiente año, el 2016, estamos en 4 mil 700 millones de pesos que nos autorizan, y vamos a gasta 6 mil millones de pesos, es decir, estamos hablando de mil 300 millones de pesos de diferencia.

¿Por qué es esto? Pues esto es porque la Asamblea Legislativa ha venido simplemente inflacionando el presupuesto del Tribunal.

Y entonces tenemos el tema. Tenemos un gasto irreductible, por decir algo, lo digo coloquialmente, de cien pesos, la  Asamblea Legislativa lo único que hace es aplicar la inflación. Inflacionan ese presupuesto, y nosotros traemos estos 10 pesos inflacionados al siguiente año.

Pero no están tomando en cuenta  las nuevas acciones constitucionales, es decir, no se está tomando en cuenta todo el tema de la implementación de la reforma penal, que es carísimo operarla. Y es carísimo operarla por una razón, tenemos nosotros, los jueces tradicionales, que llegan a atender hasta 5 audiencias en un día.

Esas 5 audiencias en un día se van a convertir  hoy en 5 jueces que tienen que estar frente a un procesado, frente a un imputado, junto a una persona vinculada a proceso y tenemos que replicar esa mañana en la que un juez tradicional atiende a 5 procesados, ahora vamos a atender a 5 imputados a proceso, para usar la terminología exacta, pero vamos a  necesitar 5 juzgados, 5 jueces, es decir, la implementación de la reforma penal de todo este rema de oralidad penal, en la que yo creo, en la que creo que el gobierno no se equivocó, en la que creo que era útil y urgente, porque ya todo el mundo está cansado de la justicia tradicional, oculta, oscura, con jueces que, hoy podemos decir, no tenían rostro, y que se ocultaban en los privados para resolver asuntos. En donde el sentenciado sufría penalidades muy altas  sin siquiera haber visto, oído, hablado, platicado con el juez que lo juzgó.

O sea,  sí creo en la reforma oral, pero ¿qué sucede? Que la reforma oral es de un altísimo costo y no fue previsto el costo de esta reforma.

Y los recursos llegaron, sí, del gobierno federal, hay que reconocer que sí  llegaron recursos importantes del gobierno federal, pero a ninguna entidad federativa se le entregó lo suficiente, y todas las entidades federativas tuvieron que enfrentar el problema de la reforma con la erogación de cuantiosas cantidades en el tema  de los recursos presupuestales.

Pero no solamente enfrentamos esa, sino enfrentamos otras reformas, por ejemplo el tema de adolescentes, que no lo teníamos antes. El tema de adolescentes implica instalaciones especiales, implica que cada juez tenga a 10 especialistas dándole apoyo en todas las materias, desde un médico, un psicólogo, una trabajadora social. Y así encontramos, pues digo partes de la administración de justicia en la Ciudad de México que está incompleta o que está coja. Que no está completa precisamente por problemas de recursos.

Pero también enfrentamos narcomenudeo, y el narcomenudeo es una justicia importante. Es una justicia en la que se deben enfrentar, pero no con jueces que estén sancionando a los adictos; sino al adicto que hay que tratarlo como enfermo, pues lo tenemos que enfrentar en juzgados especializados contra las adicciones, juzgados que funcionan en toda parte del mundo con un enorme éxito y que ya los debiéramos tener aquí en la Ciudad de México, y que se resume solamente a decir que el procesado tiene que ser tratado como adicto y no como delincuente.

Porque si tú a ese adicto lo tratas como delincuente, lo  único que  va a suceder, y perdón que yo lo gradúe, va a hacerlo más delincuente; es decir, se va a agravar el problema de ese adicto. Entonces, estos juzgados contra las adicciones en los que no hemos tenido capacidad para poderlos montar, y que ya tengo la promesa del jefe de gobierno de que van a ser instalados ya pronto, ¿verdad?, pues tenemos que enfrentarlos también.

O sea, todas estas modernidades, pues no han sido enfrentadas, con digamos, ¿cómo lo diré de no usar la palabra “responsabilidad fiscal” adecuada? Quiero evitar esa palabra que es descortés, pero sí lo que tenemos que decir, y decirlo en un ejercicio autocrítico honesto, es que la justicia, en la vertiente que quieran, tienen que ponerle mayor atención, en la mía, en la administrativa, en todo el tema de la justicia, en la laboral que se nos viene ya encima, en la mercantil, que ya está aprobada por la Cámara de Diputados, una reforma importantísima que va impactar enormemente a los tribunales locales y está en trámite esa reforma que pronto habremos de enfrentar.

Regresando a la lámina que ven ustedes está ahí. Vean ustedes, por decreto  se nos da un presupuesto de 4 mil 700 millones de pesos. Cerramos con 6 mil 33 millones de pesos, ¿por qué razón?  Pues porque le hicimos frente a la oralidad, porque estamos contratando más de un centenar de jueces, porque el tema de la transición es muy costoso, y es muy costoso porque necesitamos tener un Tribunal como el que tenemos ahora vivo y operando. El tradicional, mientras salen los temas, los temas tradicionales, pero por otro lado tenemos que tener una estructura paralela en donde va a transitar el tema de la oralidad. En este momento el Tribunal Superior de Justicia está replicado, es decir, hoy, tenemos dos tribunales en la Ciudad de México. Tenemos el Tribunal tradicional y tenemos el Tribunal oral.

Obviamente, el tribunal tradicional tendrá que irse achicando poco a poco, ya llevamos cerrados, a reserva de que corrijan el número, cerca de 20 juzgados que ya cerramos. Y que ese trabajo se está repartiendo entre los otros juzgados; el personal, exactamente lo mismo, porque no podemos dejar nosotros sin trabajo a ese personal. Los sindicatos que han sido muy respetuosos con el tribunal, y agradezco la presencia de sus líderes en esta reunión, ¿verdad?, pues digo, lo que hemos hecho es trabajar de la mano, trabajar en tal forma que no se lesione los intereses laborales de los trabajadores; y hemos hecho esfuerzos de poderlos colocar y capacitar en el nuevo sistema, porque todos los empleados requieren de capacitación especial en el tema de juzgados orales. Es decir, todo el tema de capacitación que también ha sido muy costoso.

Y entonces decíamos, vamos a cerrar con 6 mil 33, estimación recurrente por la Secretaría de Finanzas; y la Secretaría de Finanzas insiste nueva cuenta, en simplemente inflacionar el presupuesto que tenía el año pasado, y nos va a asignar 4 mil 953, millones de pesos en el presupuesto.

¿Qué sucede? Pues de entrada, de entrada, o sea, en el momento en que la diputación levante la mano en el momento aprobando el presupuesto, pues, ya traemos más de mil millones de pesos de déficit. Pero de entrada, o sea, el primer minuto que se levante la mano.

¿Ahora, qué es lo que estamos solicitando? Ese segundo presupuesto permanente solicitado, es un presupuesto que es absolutamente irreductible, no estamos aumentando programas, es lo que la ciudad va a gastar sin contar la justicia laboral y sin contar la justicia familiar oral.

Esto es, ¿qué es  lo que requerimos? Estos 7 mil 694 millones de pesos es lo que va a gastar el tribunal, no hay forma de que no lo gaste. ¿Por qué razón? Porque recuerden ustedes que un poco más del 95 por ciento, pongan el 95 por ciento, son de salarios. Es decir, aquí el costo terrible que tiene la nueva reforma penal son secretarios y, sobre todo, jueces. Jueces, tenemos que tener muchísimos jueces. Pero los jueces requieren de una infraestructura especial; los jueces requieren de juzgados, y… el lenguaje moderno, los jueces requerimos de salas donde poder operar nuestros juicios.

Entonces, si ustedes ven el presupuesto de 4 mil 953 millones de pesos, que es lo que la Secretaría de Finanzas presupuestó en el cuadro superior derecho contra este segundo reglón de 7 mil 694 millones de pesos, tenemos ya de entrada, también en el momento en que se apruebe este presupuesto, traemos un déficit de 2 mil 740 millones de pesos. ¿Qué es manejable? Sí, sí es manejable, pero es manejable si el secretario de Finanzas nos da el dinero para poder operar este déficit.

Y siempre hemos encontrado, siempre hemos encontrado, afortunadamente, la mano generosa del gobierno central, del Ejecutivo. Y la verdad es que el doctor Mancera sí ha apoyado el tema de la reforma, yo lo tengo que reconocer públicamente con muchísima gratitud, porque de no haber contado con esas ampliaciones presupuestales, hoy la Ciudad de México se vería absoluta y totalmente superada, totalmente no superada, rebasada es la palabra de todos los problemas que en justicia oral estamos enfrentando.

Ahora, las acciones transitorias

¿Qué son las acciones transitorias? Son las nuevas acciones que tenemos que emprender, tenemos que seguir creciendo jueces en oralidad reduciendo los otros juzgados y enfrentando un tema, que diría yo, esta lámina es el más sensible de todos: el tema familiar.

Si ustedes ven el magnífico edificio que tenemos a un lado de la Cancillería, frente a la Plaza Juárez conocido el edificio de prácticamente por mucha gente, están los juzgados familiares. En esto, en este edifico, pues digo, se deciden verdaderos dramas sociales. Es decir, ahí se ven custodias de niños, se ven pensiones alimenticias, se ven… en fin… se ven muchísimas cosas ahí.

Les quiero decir que nosotros recibimos entre 28 y 32 mil personas por día en ese edificio, solamente de ese edificio. ¿Por qué razón? Porque la parte familiar…en el tema de la parte familiar, la parte familiar ocupa un poco más del 40 por ciento de nuestro trabajo. Y el gran gasto del tribunal no es el 40 por ciento en la materia familiar sino es en la materia penal.

Entonces, a partir de esta consideración, pues ustedes tienen que ver la urgencia que implica el hecho de estar, pues digo, destinándole más y más recursos al tema de la oralidad penal; necesitamos destinarle recursos al tema de la oralidad familiar, porque yo estimo que es, inclusive, hasta más sensible dedicarle más recursos al tema de oralidad familiar en donde no hemos podido crecer.

Es decir, hay una ley, hay una norma que ha mandatado la Asamblea Legislativa y que tiene varios años ahí en el tintero, la norma ya es derecho positivo, ya está positivada esa norma, ya nos obliga; pero hemos estado pospone y pospone, y pospone el tema de la entrada en vigor de la reforma, porque no hemos tenido recursos para implementarla.

Y si hoy ponemos en una balanza el poder pensar qué cosa es más urgente, si atender, qué sé yo, el pavimento de alguna delegación, o atender a esa madre que está reclamando pensiones alimenticias y que el Estado no ha sido capaz de responderle correctamente y en tiempo a ese menor.

O cómo le vas a responder a esa persona que está reclamando justicia en materia familiar, en el tema de una sucesión testamentaria, cuando están las chicanas y los recursos y esa justicia tradicional que a veces, de verás, resulta hasta repulsiva, y que no podemos hacer nada, y que no podemos caminar y avanzar en una disposición, que además, ya está vigente en la Ciudad de México, pero cuya aplicación no la podemos aplicar porque no tenemos los recursos para la infraestructura de los juzgados.

Entonces, es desesperante, ya está la ley, pudiera estar caminando con esos enormes beneficios que tiene. Pero resulta que, pues, no es prioritario. O sea, la madre que no puede cobrar su pensión a tiempo; el trámite familiar que no se puede impulsar como quisiéramos todos con rapidez; la sucesión testamentaria que está enredada por años, y años, y años. En fin, todos estos eventos, pues digo, no caminan, y no caminan por falta de dinero. En fin.

Vean ustedes la parte de las instalaciones, en la primera gráfica, en la parte superior izquierda, está el puente que comunica, lo van a ver ustedes en la gráfica; aquí está el edificio emblemático, el tradicional; aquí está el nuevo edificio de salas penales que se construyó con el bono cero que colocó el tribunal en la Bolsa Mexicana de Valores, y que se hizo con los intereses de los depósitos del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, en donde se adelantaron 15 años de intereses. Y este edificio magnífico, con un valor de más de mil millones de pesos, que no  le costó a nadie nada, no le costó al gobierno de la ciudad, no le costó en temas presupuestales, se hicieron con intereses que se iban a generar.

Y como ven ustedes aquí el edificio de Doctor Liceaga también se hizo con recursos, con ampliaciones presupuestales que nos dio el doctor Mancera. El edificio de Sullivan, que también se modificaron todas las salas para el efecto de poder hacer frente a algunas de las reformas en materia oral.

Yo quisiera que pasaran esta… no tiene… mayor… Bien.

En esta lámina,donde les digo que tenemos que gastar 7 mil 850 millones de pesos. ¿En qué los vamos a gastar? La justicia tradicional que tendrá que ir en reducción, 3 mil 599 millones; en oralidad y justicia alternativa, mil 901; esto, este renglón de la justicia alternativa merece un comentario especial; de esta Asamblea, a quien agradecí mucho su solidaridad, salieron reformas importantes en la Ley de Justicia Alternativa, y en la Ley de Justicia Alternativa se le dieron facultades a los mediadores para el efecto de poder celebrar convenios de mediación y que fueran sentencias ejecutoriadas; a partir de ahí se resolvieron muchísimos asuntos que ya no entraron al Tribunal Superior de Justicia, y para darles una idea de la cantidad de asuntos que ya se han mediado, les puedo decir que los últimos tres años llevamos un poco más de 200 mil juicios que ya no entraron al Tribunal Superior, precisamente, por el apoyo legislativo que la Asamblea nos dio de poderle dar mucha más fuerza a los convenios de mediación.

Ahora, ¿quiénes pueden mediar? Estudiamos fórmulas internacionales y vimos, por ejemplo, el fracaso de Brasil en el tema de mediación; o el fracaso también de Italia en el tema de mediación, en el que todos los abogados, cualquiera puede mediar. Nosotros no quisimos hacer eso, porque si nosotros le íbamos a dar fuerza de sentencia ejecutoriada al mediador, pues digo, no le íbamos a dejar la fuerza a cualquier problema que se …a cualquier persona que se pudiera mediar problemas.

O sea, era totalmente imposible, el Estado, el tribunal tenía que tener un control sobre ellos, y así se capacitan mediadores, se les da una patente, oíganlo, tipo notario público, y ese mediador va a poder celebrar convenios que tienen fuerza de sentencia ejecutoriada. Hemos mediado muchísimos, hemos atacado problemas muy graves de vivienda sobre todo, y en materia de vivienda hemos evitado miles de lanzamientos, miles de adjudicaciones,  miles de familias que ya no perdieron su casa, a quienes les fueron reestructurados los créditos con estos convenios, y que hoy tengo el gusto de anunciar que sí es cierto que tenemos lanzamientos en la Ciudad de México, pero que tenemos muchos menos lanzamientos con la estrategia de mediación que el tribunal ha implementado.

Bien. En el tema de apoyo judicial, tema de derechos humanos, los programas trasversales de información pública, de protección civil y de seguridad; y en fin, el la previsión del pasivo laboral que son los juicios, que a todos nos están agobiando, el tribunal va a gastar 7 mil 850 millones de pesos el próximo año se presupuesten o no se presupuesten.

En consecuencia, pues qué mejor que caminar con este dinero presupuestado porque no va a haber forma de reducirlo y, ¿por qué no va a haber forma de reducirlo? Porque prácticamente, pues digo, el 95 por ciento son salarios.

Reforma en justicia oral

¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos oralizar toda la justicia. O sea, ya no perdamos el tiempo con la justicia tradicional, vamos a oralizarla toda, vamos a transformar esos edificios en salas orales, y que verdaderamente sean tribunales orales, para el efecto de que podamos caminar y transitar, les digo, a todo este tema.

En materia familiar, nosotros estamos planeando, poder, con este dinero, transformaríamos toda la materia familiar, la materia civil y mercantil. Miren ustedes, hace cinco años, el Tribunal Superior impulsó una reforma en materia mercantil, y esta reforma en materia mercantil implicaba que los juicios mercantiles se oralizaran, permeó en el Código de Comercio, fue una reforma que se logró en el Congreso de la Unión. A esa reforma le siguió otra y le siguió otra,  y le siguió otra, hasta sumar cuatro reformas al Código de Comercio, y finalmente logramos establecer la reforma oral mercantil en todo el país.

Pero esta reforma mercantil tenía un límite, es decir, solamente se podía tramitar en materia oral hasta 250 mil pesos, por decir algo; en la cuarta reforma que se hizo al Código de Comercio, el Congreso de la Unión a impulso nuestro, la subió a 500 mil pesos, fue tal el éxito de la reforma que hoy el Congreso de la Unión está prácticamente liberando el tema de la reforma mercantil.

Nosotros logramos detener esta intensión del Congreso de la Unión y le pedimos a los diputados y senadores que no la metieran de golpe y la liberaran completamente la cuantía, porque los tribunales no todos iban a poder hacerle frente a este tema, en consecuencia, lo que se convino es subirla a millón y medio de pesos y después del millón y medio de pesos ya liberarla por completo y desparecer la justicia mercantil tradicional mercantil escrita y farragosa, y dejar a jueces mercantiles que estuvieran haciéndoles frente al problema.

En una decisión que mucho agradezco a la Asamblea Legislativa, la Ciudad de México, a través de la petición que nosotros hicimos del Tribunal, equipararon e identificaron los procedimientos, el procedimiento civil, o sea Código Procesal Civil local, lo identificaron, lo espejearon al tema mercantil, es decir, la Ciudad de México, en el ánimo de transparencia y de fácil acceso a la justicia, lo que hizo fue identificar los dos procedimientos, el procedimiento civil es exactamente igual que el mercantil.

¿Cuáles son los beneficios del procedimiento? Los beneficios del procedimiento son, en primer lugar, generar procedimientos biinstanciales y no triinstanciales como tiene la justicia tradicional.

¿Cómo? Desapareciendo el tema de la apelación, desapareciendo el tema de la apelación, la persona que es sentenciada en el Tribunal, se va directamente de ahí al amparo para resolver sus impugnaciones, etcétera, esto ya fue declarado constitucional por la Corte y pues ya pronto tendremos que prácticamente transformar toda la justicia, óigase civil, mercantil, la vamos a tener que transformar, pues los juzgados se va prácticamente a desaparecer la justicia tradicional en materia civil y mercantil.

Pronto estaremos solicitándole a la Asamblea Legislativa, estaremos promoviendo a través de la jefatura de gobierno o a través de los diputados, en fin, no sé a quién le podamos entregar una propuesta de iniciativa nuestra, para el efecto de también poder adecuar la ley procesal civil con las nuevas reformas que se están impulsando en el tema de procesos mercantiles.

¿Qué necesitamos en el tema de la reforma oral?

En el tema de la reforma oral necesitamos: en la familiar necesitamos 123 juzgados, óigase 123 salas de audiencia y 12 unidades de gestión administrativa. ¿Qué son las unidades de gestión administrativa? Las unidades de gestión administrativa son esas unidades que ayudan a desaparecer toda la gama de personal que tiene un juzgados, es decir, una unidad de gestión administrativa está compuesta por 20 o 25 personas, estas 20 o 25 personas lo que hacen es administrar 10 o 12 juzgados, depende de la cantidad de trabajo que tengan; entonces, con 25 personas nosotros podemos evitar todo el personal de los juzgados, cada juzgado tiene entre 30 a 35 personas.

Diez juzgados implicarían 350 personas que se evitan con estas 25 personas de la unidad de gestión. ¿Para qué sirven? Esas unidades de gestión sirven para ver que la sala esté bien, que funcione, que sirvan las computadoras, que sirvan las grabaciones; qué sala le va a corresponder al juez, qué asunto le va a corresponder al juez, etcétera, y son los que reparten todo el trabajo para todo el Tribunal.

Lo mismo, vamos a oralizar la materia civil y mercantil. Ojo con esto, la familiar no tiene problema, y no tiene problema porque ya tenemos la ley, está vigente, pero no la hemos podido echar andar porque precisamente no hemos tenido dinero para echar andar 123 juzgados.

En la civil y mercantil, esa sí trae problema, porque pronto el Congreso de la Unión nos va a ordenar, a toda la justicia local del país, el abrir estos juzgados mercantiles, que en el caso nuestro van a ser exactamente los mismos que civiles.

Penal de adulto: necesitamos 70 jueces adicionales y seis unidades de gestión judicial. Penal de adolescentes: necesitamos crecer en el tema de penal de adolescentes con 21 salas de audiencia; el jefe de gobierno nos está construyendo un bellísimo y muy funcional edificio en Obrero Mundial, que es donde están adosadas el tema de reclusión de los menores; y luego, pues una reserva para exención de los juzgados penales, que se tiene para el efecto de poder seguir pagando a todos los empleados.

Del tema del Consejo de la Judicatura prácticamente resulta intocado su presupuesto, no hemos crecido, no tenemos un proyecto especial en el Consejo de la Judicatura.

El Consejo de la Judicatura lo hemos optimizado muchísimo, es decir, hay una fórmula, en el que las estructuras del Tribunal son utilizadas también para el Consejo de la Judicatura. Hay varias entidades federativas que ya nos copiaron este modelo; es decir, cuando nosotros recibimos en el Tribunal recibimos dos direcciones de adquisiciones, dos direcciones de personal, dos direcciones del tema fiscal y contable. Todo estaba duplicado, duplicado, duplicado. Simplificamos las direcciones, para que la misma dirección del Tribunal le sirva al Consejo de la Judicatura y hemos hecho uno ahorros importantes.

¿No traemos fotos de los nuevos edificios? Vean ustedes, se construyeron cuatro edificios, falta la foto de… no, cinco edificios. Falta la foto de dos. Estos son los edificios que se construyeron en los reclusorios. Estos edificios son unos magníficos edificios, que finalmente hoy por hoy ya le ganamos al Poder Judicial federal, porque antes se decía, ahí está el Poder Judicial rico, con sus edificios muy bonitos, y el Poder Judicial de los pobres, que eran los nuestros.

Entonces en ese coloquio se jugaba la broma esa del poder judicial rico y el poder judicial pobre. Hoy nuestros edificios están a la altura del Poder Judicial de la Federación. Son magníficos edificios donde albergamos a los ministerios públicos y a la defensoría, y tenemos instalaciones magníficas, adecuadas. No se cayó en excesos de construcción ni de salas llenas de madera y lujosas; son salas muy normales que tienen exactamente lo elemental que se necesita, su equipo de videograbación, el juez sentado en un buen escritorio, la defensa, el ministerio público, butacas para el público, etcétera.

Y yo invitaría a esta diputación, invitaría a todo el público en general a que vayan y se den una vuelta por las salas para que vean trabajar a los jueces en materia familiar, para que se regocijen y de veras poderles presumir lo que estamos haciendo en materia penal; ver a los jueces dictando sentencias, que antes tardaban años, dictarlas en minutos, en minutos, en horas y claro, hay asuntos que se pueden sacar muy rápido.

Ver a la Procuraduría en el tema de los juicios abreviados, cómo los están manejando, cómo estamos, en plural, manejando la Procuraduría y nosotros el tema de mediación para que no lleguen tantas carpetas de investigación en nuestros tribunales.

El tema del instituto de mediación que tenemos, cómo lo hemos impulsado en todo el país; ya hoy sólo cuatro entidades federativas no tienen centro de mediación; todos los demás hemos ayudado a que se formen los centros de mediación y el Tribunal ha tenido mucho interés en ayudarlo, porque recuerden que nuestro Tribunal es un tribunal que tiene presencia nacional en razón de que gran parte de los juicios que tenemos corresponden a las jurisdicciones estatales; que precisamente por el tema de la prórroga de la jurisdicción es por lo que llegan a nuestros tribunales.

En fin, yo los invitaría a que vayan ustedes a ver nuestro Instituto de Ciencias Forense, que hoy es una escuela que está hermanada con la licenciatura en Ciencias Forense con la UNAM, que la impulsamos también desde el Tribunal; cómo llegan los alumnos de la universidad a estudiar en nuestras instalaciones; los programas que hemos hecho conjuntamente.

Siempre hay becarios de médicos sudamericanos y centroamericanos, y salvo Chile y Argentina, que nunca han hecho convenios con nosotros, los demás tenemos becarios de todos los países de Centroamérica y de Sudamérica que permanentemente vienen a abrevar de nuestras experiencias aquí en la Ciudad de México.

Yo quisiera agradecerles a todos el haberme escuchado, unos con atención y otras sin atención, se la han pasado platicando, pero en fin, hablo aquí de… En fin, les agradezco muchísimo a todas, a todos, el hecho de que me hayan escuchado, y yo espero diputados, haberlos convencido, de haber movido la fibra de su corazón, sobre todo en el tema de derecho familiar, de veras es un tema al que hay que abocarse, es un tema urgente al que hay que abocarse.

A esas láminas les falta dos edificios, es el tema de adolescentes que se está construyendo en Obrero Mundial y es el tema de Santa Martha en donde está, digamos, la reclusión de mujeres, etcétera. Esos son los dos edificios que faltan y esto pues todo se ha hecho gracias al apoyo, a las ampliaciones presupuestales  que nos ha hecho el jefe de gobierno.

Yo qué más quisiera que caminara nuestro Tribunal con un presupuesto adecuado y que al menos, por lo menos, el irreductible fuera aprobado, que es con lo que se va a gastar. Muchas gracias diputados, muchas gracias  diputadas, muchísimas gracias y estoy a sus órdenes.

En entrevista, el Presidente Magistrado aclaró tajante que aun con las reformas al Sistema Penal Acusatorio y los reacomodos que ha habido en el TSJCDMX, los derechos laborales de sus trabajadores serán plenamente respetados, es decir, puntualizó: “Los trabajadores siguen trabajando bien; estamos reubicando a todos los trabajadores que estaban en los juzgados que estamos cancelando, y no debe haber el menor motivo de preocupación laboral de nada. De nada debe haber el menor motivo; se están reubicando, se están capacitando aquellos trabajadores que la ley nos exige capacitarlos cuando van a un tema de menores o narcomenudeo, etcétera. Pero en general están siendo reubicados todos los trabajadores en la medida en que la necesidad va surgiendo.

 

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