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Diputados hidalguenses de Morena, a punto de hacerse el harakiri en el Senado

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El diputado Humberto Veras Godoy (Foto Quadratín)

*  Acudieron al Senado a pedir la desaparición de poderes en el estado, pero olvidaron que la Ley Reglamentaria del artículo 76 constitucional, señala que este precepto no solo se refiere a la dimisión del gobernador sino de todos los miembros de los poderes judicial y legislativo, éste último al cual ellos mismos pertenecen

 

Por Antonio Ortigoza Vázquez

Especial de Expediente Ultra

Antes de acudir en tropel al Senado de la República, los 17 diputados locales de Morena. encabezados por el presidente de la mesa directiva de la LXIV legislatura, Humberto Augusto Veras Godoy –integrante del Grupo Universidad de Gerardo Sosa Castelán–, debieron revisar a detalle la Ley Reglamentaria del artículo 76 constitucional por aquello de hacerse el harakiri ante los verdaderos alcances jurídicos  de la “desaparición de poderes”, que exigieron se aplique en contra del gobernador, Omar Fayad.

De acuerdo a los manuales básicos del derecho, la aplicación de la desaparición de poderes se regula por la Ley Reglamentaria de la Fracción V del Artículo 76 Constitucional, promulgada en 1978, y  conlleva la desaparición de los tres poderes públicos de una entidad, esto es:  Ejecutivo, Legislativo y Judicial y ante esta desaparición corresponde al Senado el nombramiento de un Gobernador provisional (cuando desaparece únicamente el titular del poder ejecutivo, es decir el Gobernador y que puede ser por renuncia, licencia o fallecimiento, la facultad de nombrar a su sustituto es exclusiva del Congreso del Estado, sin intervención federal) y se establecen las siguientes causales para hacer la declaratoria correspondiente.

Leamos con detenimiento:

Cuando los titulares de los poderes constitucionales:

Quebranten los principios del régimen federal.

Abandonaren el ejercicio de sus funciones, a no ser que medie causa de fuerza mayor.

Estén imposibilitados del ejercicio de las funciones inherentes a sus cargos con motivo de situaciones o conflictos causados o propiciados por ellos mismos, que afecten la vida del Estado, impidiendo la plena vigencia del orden jurídico.

Se prorroguen en sus cargos después de fenecido el período para el que fueron nombrados y no se hubieran celebrado elecciones para elegir a los sustitutos.

Promovieren o adoptaren forma de gobierno o base de organización política distintas de las fijadas en los artículos 40 y 115 de la Constitución General de la República.

En primer lugar, la lectura no admite dobleces: Desaparición de Poderes, implica no sólo la destitución gobernador pues todos los miembros del poder judicial y del legislativo, deben ser removidos. Es decir, que lo que pretenden aplicar los legisladores de Morena es una interpretación sesgada de la Carta Magna.

Pero analicemos los requisitos contempladas en la Ley Reglamentaria para llegar a esta situación extrema y preguntémonos: ¿Se cumple en Hidalgo con alguno de ellos? ¿Se ha quebrantado el régimen federal o alguien ha prorrogado su mandato o adoptado un sistema diferente de gobierno al establecido en la Constitución?

Vayamos más al fondo del asunto: ¿Han abandonado el ejercicio de sus funciones por causa de fuerza mayor los miembros de alguno de los poderes? Bueno, en este caso parece que sí porque los legisladores morenistas en vez de cumplir con su encomienda de legislar a favor de los hidalguenses están más preocupados en atacar  al gobernador para colocar un alfil de Sosa Castelán, que en ponerse a trabajar y, lo más grave, a leer lo que dicta la propia Constitución. ¿Acaso ellos interpretan como causa de fuerza mayor la urgencia de Sosa para apoderarse del estado?

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador ha insistido en la necesidad de trabajar en armonía con los gobernadores dentro de un marco institucional y de respeto al pacto federal, sobre el que descansa la vida de la República. Ha enfatizado una y otra vez que: “al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie”.

En  abril de 1975, el gobernador hidalguense Otoniel Miranda Andrade fue destituido por el Senado, acatando órdenes directas del entonces presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez quien mantenía una rivalidad con el entonces líder del magisterio, Manuel Sánchez Vite y de quien Miranda era su hechura política.

Se supone que esas viejas prácticas caciquiles y de abuso de poder eran –y deben ser—parte de la historia. Los ahora diputados locales de Morena no deben olvidar que su partido se nutrió en su fuerza política de un movimiento social y tiene el compromiso de trabajar por  la gente que le favoreció con su voto y no por el de grupos facciosos de poder que no acaban de comprender que la ciudadanía tiene la suficiente madurez para entender cuándo se busca torcer la ley en beneficio de unos cuantos.

El mismo líder parlamentario de su partido en el Senado, Ricardo Monreal se comprometió a tender puentes para el diálogo  con el gobernador Fayad, a fin de  llegar a un acuerdo político, a través de “una conducción institucional” que evite una “ruptura constitucional”. En síntesis: quitar de las manos de sus correligionarios hidalguenses la daga con la que estuvieron a punto de hacerse el harakiri, por aquello de no revisar a detalle  La Ley Reglamentaria del 76 constitucional.