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* Un análisis a detalle de los hechos que rodearon la controvertida elección del SUTGCDMX, del pasado 9 de enero, pone al descubierto los intereses de personajes que alentaron grupos de oposición con el fin de apropiarse de jugosas licitaciones aliados con los funcionarios que insisten en colocar candidatos a modo, echando por la borda los fundamentos de la Reforma Laboral de la 4T, como el respeto a la autonomía sindical
Por Giuseppe Gatopardo
Especial para Expediente Ultra
La elección del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México (SUTGCDMX), resultó una reedición de la Torre de Babel, donde todos los grupos involucrados terminaron hablando lenguajes distintos en la defensa de sus intereses, dando al traste con la primera prueba de fuego de la Reforma Electoral y poniendo en la lupa de las investigaciones y aclaraciones por venir a funcionarios de la administración de Claudia Sheinbaum y de diversos órganos de justicia.
Los miles de trabajadores de base, ajenos a los recovecos de sus cúpulas, no atinan todavía a desenredar la madeja de acusaciones mutuas de los bandos en disputa que ahora los tienen más confundidos que antes al aparecer ante ellos dos escenarios: por un lado, el del candidato de la planilla azul, Hugo Alonso Ortiz, que se declaró triunfador con poco más de 27 mil votos; y por el otro, los 25 secretarios seccionales que apoyaron a Armando Bautista, candidato de la planilla roja quien literalmente se bajó de la contienda un día antes de las elecciones, pretextando irregularidades.
De acuerdo a los conteos, Bautista apenas alcanzó los 4 mil 200 votos, y junto con sus derrotados aliados se dieron a la tarea de propalar el fallo del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), y del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo; éste último, determinó conceder una medida cautelar a los secretarios menores que interpusieron su queja alegando irregularidades en la convocatoria.
Ambos organismos anunciaron que el proceso sería invalidado y se recurriría al apoyo de la Federación de Sindicatos al Servicio del Estado (FSTSE), para instaurar un directorio y convocar a nuevas elecciones. Y como era de esperarse, su menguado y semipresencial líder, Joel Ayala, se aprestó a decir: “esta boca es mía”.
Los trabajadores como la opinión pública se preguntan. ¿Cuál de los dos bandos tiene la razón?
Estimado lector, tenga un poco de paciencia y permítame llevarle de la mano para que juntos tratemos de encontrarle una explicación al rocambolesco asunto:
Indudable que el accidentando proceso vino a comprobar lo expuesto hace una semana en este espacio cuando alertamos que de manera sospechosa se difundía profusamente la versión de que los comicios del 9 de enero se vendrían abajo por una decisión del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).
Los hechos recientes comprobaron que, en efecto, desde las cúpulas del poder se buscó anular las primeras elecciones de la Reforma Laboral en la capital del país; ahora está claro que el campo minado en el terreno jurídico fue abonado tanto por los magistrados del TFCA como por el Juzgado Séptimo de Distrito.
Y nos acicatea la primera duda: ¿Si los integrantes de la planilla roja sabían de sobra que el proceso se cancelaría, por qué siguieron adelante con la parafernalia se validar la firma de las boletas electorales y hasta realizar un cierre de campaña en el sistema de agua de la sección 33, dónde fue líder Bautista Ramírez?
Parafraseando al desaparecido Divo de Juárez: “Pero qué necesidad” de continuar la faramalla de una candidatura que nunca estuvo destinada a pelear realmente el voto de las bases en las urnas, ni aspiró a victoria alguna.
Hagamos pues un breve recuento de cómo se construyó tan burdo tinglado: Después del mediodía del martes 7 comenzó a circular en las redes un supuesto comunicado emitido por el TFCA anunciando la suspensión de los comicios en el SUTGCDMX. Curiosamente, el escrito no traía logotipo del órgano de justicia o al menos un número de contacto. Se trataba de un libelo redactado por manos negras que sin cuidar el sentido político del contenido, se atrevieron a emitir comentarios tales como la necesidad de “eliminar los viejos cacicazgos que lo único que han logrado es un enriquecimiento personal de los dirigentes”. Un lenguaje inusual para un comunicado de una institución.
Curiosamente en el “comunicado” se daban los nombres de tres opositores que “a través de redes sociales y medios de comunicación” habían denunciado a su sindicato por negarles su registro en la contienda.
A la par, ojo, subieron a las redes una versión del Boletín Laboral Burocrático del TFCA de fecha 7 de enero donde hicieron creer a las bases que la información manipulada estaba sustentada por una resolución donde se daba cuenta de las reformas estatutarias del Único, no de la cancelación de las elecciones.
Pero el teatrito no paró ahí: para tratar de darle mayor credibilidad apareció la nota del “comunicado en varios medios”, mismos que de forma por demás curiosa se fusilaron casi integra la versión del libelo. El objetivo era por demás claro: meter ruido para desalentar la participación de los trabajadores con algo que todavía, ojo, carecía de la resolución respectiva. La tesis: difundir que el proceso se cancelaba.
Y de hecho, el TFCA no se había pronunciado en tal sentido pues, vaya casualidad, esperaba que el Juzgado Séptimo diera a conocer su fallo precisamente emitido un día después, el 8 de enero, para tener el apoyo de validar su resolución.
Todavía el 7 de enero, los simpatizantes de la Planilla Roja subieron un video del cierre de campaña de su candidato denunciando las irregularidades que a su decir se daban en la elección, pero invitaban a los trabajadores a votar por su candidato (¿?). Hasta el trabajador más ingenuo percibió la evidente contradicción del aspirante y su equipo de campaña.
Ese mismo día, se dio también el cierre de campaña del abanderado de la Planilla Azul, Hugo Alonso Ortíz, con un evento a las puertas de la sede sindical de Antonio Caso, que fue amenizado por la Sonora Santanera. Sus oponentes de inmediato se dieron a la tarea de comentar el derroche y los acarreados que, a su decir, habían abarrotado el perímetro.
El día 8, un día antes de los comicios, Armando Bautista y varios de los secretarios seccionales que le apoyaban, salieron muy orondos y ya abajo del ring electoral, a mostrar en conferencia de prensa la determinación del Juzgado Séptimo, todavía calientita con la firma del Secretario Fernando Rubén Escalera, de conceder la suspensión provisional a los quejosos, con lo que se determinaba que las cosas quedaran como estaban.
Casi a la misma hora, un actuario pegaba una notificación del TFCA sobre el asunto de la suspensión provisional emitida por el Juzgado Séptimo, sobre un portón de hierro de la sede sindical de Antonio Caso, pues no encontró a persona alguna. Es decir, no se molestó en entregar de propia mano ni al secretario interino ni al representante legal, una notificación de tal importancia.
Y justamente el jueves 9 en que estaba anunciada la elección, apareció la tal ansiada resolución del TFCA en Boletín Laboral, notificando de la suspensión del proceso. Poniendo en evidencia al apócrifo comunicado y a la versiones supuestamente oficiales del martes 7.
Contra lo que los miembros de la planilla roja pensaban y contraviniendo el “golpe jurídico” del TFCA, la dirigencia del Único decidió seguir adelante con la elección y desde temprano montaron las casillas respectivas para que los sindicalizados acudieran a votar.
Y si bien los poco más de 31 mil votos emitidos apenas representaron el 30 por ciento de los 105 mil trabajadores inscritos en el padrón electoral, el asunto es que a pesar de la guerra de acusaciones mutuas y montajes de candidaturas a modo, los sindicalizados hicieron saber a propios y extraños, y a las mismas autoridades, su deseo de participar.
El jueves 9 por la noche y luego del recuento de los votos, el candidato de la Planilla Azul se dijo vencedor y tomó protesta, mientras que por el otro lado de la acera, tanto la FSTSE como los seguidores de la planilla roja, ya anunciaban un pacto para poner un directorio en su organización y dejar al sindicato y al nuevo proceso electoral en manos de Joel Ayala Almeida, quien en un comunicado dijo que la dirigencia del Único estaba de acuerdo, aunque tenemos entendido que no es así, pues el líder de la burocracia se fue por la libre, y en tal sentido no hay ninguna anuencia para reponer el proceso de quien ahora reclama la representación sindical, Hugo Alonso Ortiz.
EN LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO nos llama la atención que el titular del TFCA, Plácido Humberto Morales Vázquez, haya salido hasta el jueves 9 por la tarde a dar su versión de los hechos y en un programa de radio declarara inválida la elección y hasta señalara que los dirigentes que desacataron la suspensión provisional del Juzgado Séptimo podrían pagar con cárcel su osadía de permitir a los sindicalizados ejercer su voto libre, directo y secreto.
Es importante que para aclarar el enredo jurídico y político que abolló la primera elección de la Reforma Laboral de la 4T, funcionarios como el titular del TFCA, aclaren algunas interrogantes para saber si el “comunicado” difundido profusamente en las redes y medios fue realmente elaborado en las oficinas de este organismo.
De no ser así es su responsabilidad indagar quién o quiénes hicieron uso faccioso del Tribunal para sus fines personales. Sentimos que desde el martes 7 en que empezó a circular la información de que se invalidaba el proceso, Morales Vázquez debió salir a dar la cara y frenar las especulaciones. A no ser que el funcionario esté metido en el juego de las manos negras que enlodaron esta elección.
En esta vertiente de puntos por aclarar la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum también debe fijar su lupa en la figura de Sergio Antonio López Montecino, Director General de Administración de Personal de su gobierno, personaje ligado a Bertha Gómez, funcionaria de la Secretaría de Finanzas y quien al parecer fue convencida por José Medel Ibarra de meter las manos en el proceso para favorecer a la corriente de ex Secretarios que apoyaron a Armando Bautista, con el fin de adueñarse de las millonarias licitaciones de uniformes y otros enseres a los sindicalizados.
Como aquí lo comentamos, circularon abundantes testimonios de la forma en que el chileno Montecino metió la mano en la designación del candidato de la planilla roja. Y esto en el marco de la 4T es un grave delito que se agrava con presuntos actos de corrupción.
Por si la Jefa de Gobierno no sabe, corre la versión que en diciembre pasado, el autollamado Líder Moral de la Coalición de Trabajadores del Único, Medel Ibarra, obtuvo junto con uno de sus socios –con el que fundó hace dos años un medio de comunicación–, adjudicaciones directas por un monto de diez millones de pesos, sobre todo de calzado.
Tenemos entendido que ya hay solicitudes de transparencia para saber bajo qué criterios López Montecino, benefició a este personaje que a través de su medio de comunicación nunca ha buscado el beneficio de la base trabajadora sino apuntalar sus intereses personales. Como dirigente del Único, Medel se opuso a la depuración sindical de Andrés Manuel López Obrador cuando éste fue Jefe de Gobierno, siendo expulsado de su organización por los trabajadores, en medio de una vergonzosa rechifla y lluvia de huevos.
Es hora que los trabajadores se enteren que en el trasfondo de dinamitar la elección no está ni en sueños el luchar por el fortalecimiento de una democracia interna. ¡Qué va¡ El meollo del asunto y la disputa de ambiciosos personajes como Medel Ibarra, es adueñarse de las licitaciones por 300 millones que López Montecino no quiere soltar hasta tener un dirigente a modo para repartirse esta mina de oro.
No por algo, las manos negras que están metidas hasta los codos en este turbio asunto se atrevieron a instruir a funcionarios como Perla Karina Alexander Enríquez, Directora Ejecutiva de Política y Relaciones Laborales, para girar oficios a las dependencias, órganos descentralizados y alcaldías, para difundir nada menos que la sentencia del Juzgado Séptimo, anunciando a los trabajadores la cancelación de los comicios del pasado día 9. El fin era evidente: desalentar su presencia en las urnas.
Si esto no es una intromisión a la autonomía sindical y una violación al Convenio 87 de la OIT, entonces estaremos ante el escenario de una verdadera incongruencia en la aplicación de la Reforma Laboral y el respeto a la vida interna de los sindicatos a que se ha comprometido el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Sería lamentable que una verdadera democracia sindical se vea truncada por la ambición de unos cuantos personajes que encarnan los viejos cacicazgos y que, peor aún, ya empezaron a hacer negocios a costillas de los sindicalizados.
Y si la lupa de los gobernantes no mira con detenimiento la corrupción que se fragua en las cañerías de los funcionarios de medio pelo, los trabajadores y los ciudadanos se encargarán de utilizarla a través de los mecanismos de transparencia.
Por lo pronto, el SUTGCDMX se encuentra en un impasse jurídico. Y lamentable que la lucha por venir deba ventilarse en los juzgados, dejando en segundo término el voto emitido por los trabajadores. Mal empezó la Reforma Laboral en la 4T. Y los responsables de echársela a los leones deben ser llamados a cuentas.
