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ELEAZAR GARCÍA PERMITIÓ MILLONARIO QUEBRANTO AL MUNICIPIO DE PACHUCA

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El contubernio de intereses (Foto unionhidalgo.mx)

 

*  Una investigación de la Contraloría del estado detalla como el ex alcalde eximió del pago de impuestos a once empresas contratistas a cambio de la ejecución de obras de infraestructura urbana no concluidas y, en algunos casos, ni siquiera iniciadas; los convenios violan los estatutos municipales y no fueron aprobados por el cabildo. De manera sospechosa, la edil panista, Yoli Tellería, no ha dado a conocer las irregularidades ni ha procedido en contra de su antecesor

 

Por Antonio Ortigoza Vázquez

Especial de Expediente Ultra

La administración municipal del ex alcalde de Pachuca, Eleazar García Sánchez,  condonó millonarias cantidades que por concepto del pago de  impuestos debieron sufragar  once constructoras a cambio de que las mismas ejecutaran diversos trabajos de mantenimiento urbano y obras comunitarias que a la fecha existen solo en el papel o se plasmaron  en proyectos distintos a lo pactado; en el peor de los excesos de corrupción, García Sánchez ni siquiera tomó en cuenta al cabildo para asumir  tales decisiones que de acuerdo a la auditoría  practicada  por la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, representó un quebranto a las finanzas de la Casa Rule, en el trienio pasado,  de 15 millones 474 mil 893 pesos.

Según se desprende de la inspección contable número SCTyG/DGAG-0559/2016, iniciada el 18 de octubre del 2016  y concluida el 25 de enero de este año, entregada por la Dirección General de Auditoria Gubernamental (DGAG) al ayuntamiento presidido por la panista Yoli Tellería, la pasada administración municipal expidió a favor de diversas empresas licencias para construcción, lotificación, fraccionamiento y urbanización, entre otros rubros, sin cobrarles los montos por los derechos respectivos; es decir, les eximió del pago de impuestos a cambio de que mediante convenios ilegales, las constructoras realizaran diversas obras.

De acuerdo a las pesquisas de los auditores de la Contraloría el desaseo administrativo por el favoritismo otorgado a las compañías fue tal que  ni siquiera se encontraron los expedientes de las obras acordadas  y menos registros contables  que “soporten el ingreso de los derechos que le corresponden a la Presidencia”.

De acuerdo al artículo 56 fracción I inciso T de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, los alcaldes están impedidos de realizar acuerdos o convenios de manera unilateral. Según se estableció en la investigación, fueron tres los personajes que violaron tales disposiciones en los convenios pactados con las constructoras: Eleazar García Sánchez, como Presidente Municipal; Hugo Espinoza Quiroz, como Secretario General Municipal; y Hebert Jonas Reyes Oropeza, ex Síndico Procurador Hacendario.

La información entregada al actual gobierno municipal de Pachuca está contenida en cuatro cédulas expedidas por los auditores estatales donde, además, se señala la omisión en que incurrieron el Órgano Interno de Control Municipal del anterior ayuntamiento y la propia Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, en el gobierno de Francisco Olvera  Ruiz. Instrumentos de fiscalización que tenían bajo su responsabilidad vigilar que las empresas pagaran a las arcas municipales lo que por ley les correspondía, pero dejaron que los turbios convenios del ex alcalde siguieran su curso.

En su contundente análisis,  la DGAG deja entreabierta la opción para que el actual gobierno municipal promueva, en el ámbito de sus atribuciones, “las responsabilidades administrativas, penales y/o políticas en atención a los actos u omisiones de los servidores públicos  involucrados en los hechos que motivaron las observaciones descritas en las cédulas 1 y 2, quedando en espera de las resoluciones correspondientes y del resarcimiento del daño, en su caso”.

NUNCA SE SUPERVISÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS

Por supuesto que al ser requerido  el empresario y ex edil,   amigo del ex gobernador Olvera, presentó en su defensa información y documentación que según él esclarecería los hechos imputados en su contra  en las cédulas de observaciones; de igual forma, se citó a los representantes de las empresas involucradas para que subsanaran las dudas, pero en vez de aclararse el asunto, el cochupo quedó ampliamente demostrado, apareciendo en escena un cuarto ex funcionario implicado: Víctor Bautista Ramírez, ex titular de la Secretaría de Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vivienda y Movilidad  (SOPDUVM), en el trienio de Eleazar García, quien en todos los convenios pactados aparece como testigo de calidad en el entendido que su dependencia sería la encargada de supervisar los trabajos y recibir las obras públicas. Por supuesto en esta trama de corrupciones era de esperarse que en los archivos de esta área no existen expediente que acrediten el cumplimiento de las firmas contratistas.

Además, las investigaciones de la DGAG establecen otras anomalías para que los convenios quedaran de manera por demás ventajosa para las empresas. El órgano auditor estableció: “Cabe señalar que los convenios en su mayoría establecieron periodo indefinidos para el cumplimiento de los compromisos, lo que provoca que al día de hoy  los convenios sigan vigentes, aún cuando las obras no se hayan realizado”.

En la lista de las compañías beneficiadas por el ex presidente municipal de Pachuca, figuran: CRIMSA S.A de C.V; Argan Constructora S.A de C.V; Estudios Especializados en Construcción y Desarrollo de Proyectos S.A de C.V; Vipegasa S.A de C.V; Planeación y Operación de Desarrollos Inmobiliarios S.A de C.V; Agicresa S.A de C.V; CEMS Constructora S.A de C.V; Grupo Constructor BLANCOMEX; Edificaciones Plata, S.A de C.V;  Maestranza Inmobiliare S.A de C.V y Martha Estela y Constructora Innova S.A de C.V. Esta última, la única firma que cumplió con el convenio pactado.

DESVÍO DE RECURSOS A PROYECTOS PRIVADOS

Del extenso catálogo de irregularidades encontradas en la auditoría practicada al ex ayuntamiento de Pachuca la empresa CRIMSA S.A de C.V, por ejemplo, estableció un convenio con el gobierno de Eleazar García para que le condonara el pargo de 9 millones 800 mil pesos de impuestos a cambio de que la firma  realizara la obra de construcción “de un centro comunitario denominado Provenza, en el Bulevar Ramón G. Bonfil, en el Fraccionamiento Provenza.

Lo que debió ser un centro comunitario se transformó en una casa club

Los auditores señalaron al respecto: “De la inspección física a la obra y del expediente presentado se identifica que no están edificando el centro comunitario, sino una casa club para beneficio de la constructora”. Es decir, que además de no pagar los impuestos al ayuntamiento, CRIMSA desvío esos recursos en su propio beneficio. Fraude sobre fraude el que consintió el empresario, y hoy ex alcalde, que en su momento fue promovido  por su amigo,  Paco Olvera, como un candidato a la alcaldía pachuqueña, modelo de honestidad y progreso. Vaya fiasco con el que ahora se enfrentan los habitantes de la Bella Airosa.

Una “raya” más al percudido tigre es la de las compañías Argan Constructora y Estudios Especializados en Construcción y Desarrollo de Proyectos que pactaron el descuento de impuestos por un total de  3 millones 101 mil 530 pesos la primera; y un millón 885 mil 19 pesos, la segunda, arrojando un total de 4 millones 986 mil 549 pesos. A cambio realizarían obras de pavimentación asfáltica y de Parque Lineal en la Avenida Insurgentes en el tramo comprendido  entre la calle Doc-Mosel y la calle Obsidiana con una longitud de 266 metros.

El ex presidente municipal intentó engañar a los auditores presentando documentos que, según él, subsanaban cualquier irregularidad, pero los auditores no cayeron en el garlito y detectaron, entre otras irregularidades: “En la información que presenta el Ing. Eleazar García Sánchez sobre este convenio se encuentra que con la misma documentación comprobatoria se justifica al convenio de la empresa en mención (Argan) y el de Estudios Especializados en Construcción y Desarrollo de Proyectos, puesto que son empresas relacionadas y de origen firmaron un convenio por los impuestos y derechos de las dos empresas y se planteaba pagar con la misma obra de pavimentación, no obstante firmaron convenios separados y pagaron con obras en los mismos tramos”. Esto, concluyeron, implicó un sobrecosto de 563 mil 001 pesos con 83 centavos.

Caso similar donde dos o más empresas justificaron el pago de sus convenios leoninos en perjuicio de las finanzas municipales, fueron los pactados por las compañías CEMS Constructora, Grupo Constructor BLANCOMEX y Edificaciones Plata S.A de C.V. Irregularidades detectadas en la documentación exhibida por el ex alcalde.

ELEAZAR PODRÍA ENFRENTAR DEMANDAS PENALES

Las conclusiones del órgano auditor no dejan resquicio a la menor duda sobre la abierta corrupción que privó en el gobierno municipal de Eleazar García Sánchez y plantean las demandas del orden penal si los involucrados los convenios ilegales y su incumplimiento no resarcen el daño causado al erario del ayuntamiento.

En su punto 4, los responsables de la investigación mencionan: “A efecto de resarcir el daño económico, se tendría que mandar a llamar a los ex servidores públicos involucrados  y/o a las empresas para que den cumplimiento total a los convenios, o en su defecto presentar las demandas correspondientes, considerando actualizaciones en los casos que aplique”.

En su punto 5, ponen los clavos en la cruz del ex alcalde y sus cómplices, al solicitar: “Dar vista al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo para que en el ámbito de su competencia se promuevan las responsabilidades  administrativas, penales y/o políticas, en contra de los ex servidores públicos del Municipio de Pachuca de Soto, Hidalgo, que suscribieron los convenios antes referidos, sin la autorización del H. Ayuntamiento, comprometiendo los recursos financieros de la Hacienda Pública Municipal”.

LA ABORTADA REUNIÓN DEL CABILDO

El documento que obra en poder de Expediente Ultra debía ser presentado por la Presidenta Municipal, Yolanda Tellería Beltrán, en la sesión de cabildo del 31 de julio pasado, pero de forma inexplicable el asunto se mandó  a la congeladora. De hecho, la alcaldesa plantearía a los regidores y síndicos el llevar ante el Congreso el caso para que el órgano legislativo procediera en el ámbito de sus atribuciones en contra de Eleazar García y sus funcionarios que avalaron los ilegítimos convenios.

Han transcurrido dos meses y de manera  por demás sospechosa, la alcaldesa no ha tocado el tema y menos ha hecho declaración alguna a los medios, como tampoco ninguno de los miembros del cuerpo edilicio del ayuntamiento se ha preocupado por  denunciar el quebranto a las finanzas municipales del municipio de Pachuca, pese a ser de mayoría panista.

¿Acaso Yoli Tellería junto con sus compañeros de partido y su esposo, Daniel Ludlow, están pensando en utilizar esta información como medio de chantaje o moneda de cambio para las elecciones del próximo año?

Las pruebas del indudable fraude son contundentes como también las complicidades tejidas entorno a la corrupción de la pasada administración municipal, donde son  corresponsables los miembros del cuerpo edilicio que en su momento no ejercieron su obligación de  velar por los intereses del pueblo de Pachuca, cuidándole las manos a Eleazar García.

¿Serán los diputados quienes llamen a cuentas al ex alcalde y reafirmen que la tolerancia cero es una realidad en Hidalgo? Las pruebas, más allá de las siglas partidistas, hablan por sí mismas y exigen justicia…