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EN AYUNTAMIENTO DE HIDALGO, CURA APLICÓ LA CENIZA A EMPLEADOS, EN SUS OFICINAS

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El cura Fernando Méndez llegó a la presidencia municipal de Mineral del Chico para brindar el Sacramento de la Reconciliación

*En Mineral del Chico faltan medicamentos y no llega la vacuna Covid, pero el munícipe Alfredo Hernández, permitió la administración del sacramento a los servidores públicos

Por Antonio Ortigoza Vázquez/@ortigoza2010/ I. León Montesinos

Mineral del Chico ya no sólo es un Pueblo Mágico, sino oficialmente clerical. El pasado miércoles de ceniza, el alcalde Alfredo Hernández Morales hizo dos anuncios al personal del ayuntamiento: uno, que todavía no había vacuna; y otro, que para brindarles la protección celestial, el cura Fernando Méndez acudiría personalmente a sus oficinas a administrarles el sacramento para iniciar la cuaresma.

A bordo de la camioneta «Explorer» de propiedad del municipio, pero que utiliza como propia, llegó a las oficinas públicas y procedió al ritual católico que al darse en un recinto gubernamental representa una violación constitucional, a la separación Iglesia-Estado de Juárez y un hecho que ni el más alto prelado se hubiera atrevido a hacer.

Pero eso sucedió con un alcalde surgido del PRD, partido fundado por Cuauhtémoc Cárdenas, que en su momento aglutinó a las figuras públicas más representativas de la izquierda laica y nacionalista. Hoy venido a menos.

Se suma eso a la inverecundia sin límite, tanto del párroco, quien llegó a las oficinas edilicias en la «Ford Explorer» de propiedad del municipio, como del alcalde que consintió el inédito acto religioso en suelo oficial.

Todo esto sucede cuando en Mineral del Chico la población padece de una gravísima falta de medicamentos, tanto para niños como adultos, por lo que la población reitera su «llamado de auxilio» a las autoridades de salud, tanto estatales como federales, pues la carencia de servicios médicos afecta a enfermos crónicos de todo tipo, no sólo de Covid 19, sino desde bebés hasta ancianos. Sus exigencias, durante meses, no han encontrado eco.

La gente enferma pide atención médica y no solo rezos y plegarias.

El cura hasta el momento no se acongoja, en tanto la Auditoría Superior del Estado, a ciencia y paciencia, no tome cartas en el asunto y finque las responsabilidades por el cúmulo de delitos que comparten alcalde y ministro del Señor.

Más que rogar por la salud de los enfermos, el cura pide que desde las alturas se le conceda el milagro de que la Auditoría Superior del Estado no tome cartas en el asunto y finque responsabilidades el alcalde por disponer de bienes públicos para usufructo de un ministro de la iglesia.

HÉCTOR CHÁVEZ, DELEGADO Y CANDIDATO DEL PRD

Mientras todo eso sucede, en la dirigencia nacional del PRD, Jesús Zambrano firmó el nombramiento del ex líder estatal Héctor Chávez, como nuevo delegado general del partido en el Estado, sin perder su condición de aspirante a candidato a diputado federal.

En el proceso de selección de candidatos esto significa que para los comicios de junio, Chávez será juez y parte. Un delegado y aspirante, avalado por su dirigencia nacional. Lo que no queda del todo claro es si esto es conforme a la alianza electoral, firmada con el PRI y PAN.

Pero para el caso de su candidatura, Chávez hizo un «pequeño sacrificio»: Renunció al cobro del sueldo como «asesor» del alcalde de Mineral del Chico; es decir, en lenguaje llano: se cortó las alas como «aviador” de la nómina.

LEY DE PROTECCIÓN PARA DENUNCIANTES Y TESTIGOS

Pero acaba de surgir una noticia, quizá no tan grata para los personajes antes mencionados:

Con la representación del gobernador, Omar Fayad Meneses, el secretario de Gobierno, Simón Vargas Aguilar, entregó a la presidenta del Congreso Estatal, Doralicia Martínez, una iniciativa preferente de Ley de Protección para Denunciantes y Testigos de Hechos de Corrupción en Hidalgo.

Mencionó Vargas Aguilar que el año pasado hubo mesas de trabajo para la formulación de la ley que, una vez aprobada, será del orden público y de observación general.

Contiene ocho capítulos y 35 artículos. Garantiza la protección al funcionario y/o persona que, de buena fe, denuncie actos de corrupción o testifique sobre ellos, y evitar así que haya represalias, con la finalidad de aumentar las denuncias, mismas que serán confidenciales. Durante el proceso, el denunciante tendrá acompañamiento de personal de Contraloría.

Por eso, el párroco Fernando Méndez implora a la corte celestial que el nuevo ordenamiento no llegue hasta este pueblo mágico y le eché abajo el “milagro” de tener camioneta con cargo al erario municipal.

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