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Por Ignacio León Montesinos
Para cerrar con “broche de hojalata” su antipatriótica gestión parlamentaria, los diputados de la LXII Legislatura dejaron a millones de mexicanos de medianos y escasos recursos con una pesada losa sobre sus espaldas: la autorización de otro Hoy No Circula, que aplicará a nivel nacional y obligará a quienes deseen transitar por las carreteras federales del país con vehículos, con tres años de antigüedad en comparación a los modelos más recientes, a pasar otra verificación y una minuciosa revisión mecánica, de lo contrario se harán acreedores a costosas multas que serán aplicadas por la Policía Federal, cuyos elementos en vez de acentuar su lucha contra la delincuencia organizada ahora se convertirán, con toda seguridad, en los temibles “mordelones” de las carreteras.
Los nuevos verificentros serán concesionados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), y serán operados, ojo, por particulares, negocio que reportará ganancias superiores a los siete mil quinientos millones de pesos anuales, colocando en el hartazgo social otra excusa para expoliar a propietarios de 20 millones de vehículos en el país, 60 por ciento de los cuales no son de modelos recientes.
Las excusas para dar luz verde a tan descabellada propuesta, fueron básicamente tres: alentar a la industria automotriz, que al decir de los legisladores, es una “gran generadora de empleos”; combatir la contaminación a nivel nacional; y, evitar accidentes en las carreteras.
Por supuesto que ninguna de ella justifica el brutal daño que causará en la economía de muchos estados y regiones del país donde miles y miles de pequeños agricultores, comerciantes y artesanos no tienen otro medio de transportar sus mercancías que a través de las viejas trocas que representan una valiosa herramienta de trabajo y su forma de comunicarse de una población a otra.
Imposible que estos mexicanos que subsisten de su trabajo y esfuerzo en el día a día van a tener para adquirir una unidad de último modelo, pero aún más, que en sus apartadas comunidades tengan problemas de contingencias como en las grandes ciudades. Y el caso extremo de que sus unidades se descompongan por las carreteras, deberán pagar multas por no tener sus unidades en las condiciones y rangos de operación que serán establecidas por las armadoras y que, obvio, sólo podrán aprobar las unidades de modelo reciente.
Lo que parece la luz verde de una ley de ficción, es una terrible realidad que además impactará no sólo en la mermada economía de millones de mexicanos sino en sus propios derechos humanos, como el derecho al libre tránsito. ¿Cuántas familias que viven de una población o de un estado a otro dejarán de convivir los fines de semana por el sólo hecho de no tener para comprar un auto o una camioneta último modelo?
¿Es admisible el daño social que se causará con tal bodrio legislativo a millones de familias en la intención de defender y alentar los intereses de una industria que como la automotriz, se lleva la mayor parte de sus ganancias al extranjero? ¿En que estaba pensando el perverso Manlio Fabio Beltrones, líder de la bancada tricolor?, ¿acaso en su próxima designación como líder nacional del PRI, o en su obsesión compulsiva por ser Secretario de Gobernación? La lectura a bote pronto es que como a la experta cocinera, se le fue el tomate entero, o buscó dejarle, como al gato, puesto el cascabel al actual gobierno federal. Y eso es perversión, sobre todo en momentos electorales, al darle armas al enemigo.
Además, y mire usted, amigo lector, si no somos un país que camina patas arriba por las locuras jurídicas de nuestros legisladores; por un lado muchos estados como el propio Estado de México, alientan el turismo social y familiar para que los fines de semana la gente pueda visitar diversos sitios de interés, propiciando una derrama económica de la cual subsisten muchos municipios. ¿Cómo le van a hacer esos miles y miles de paseantes para trasladarse con sus familias a tales sitios turísticos? ¿Quién les va a compensar a los habitantes de estas zonas que viven del turismo de fin de semana el derrumbe de sus ventas? No tendrá caso alguno que los gobiernos de los estados inviertan en programa de promoción turística. ¿Para qué? Si los mexicanos de “primer mundo” que tienen para comprar autos del año no visitan lugares como La Marquesa, Chalma o Temoaya. Tampoco van a balnearios de estados como Morelos o Hidalgo.
Aunque parezca increíble, los llamados medios nacionales, sobre todo los electrónicos, como la televisión, no han dado importancia a un asunto que de acuerdo a lo publicado en la Gaceta Parlamentaria, deberá entrar en funciones a los 365 días de su aprobación; es decir, el 30 de abril del 2016.
Por supuesto que tan ensimismados andan todos los partidos en las campañas atiborradas de denuestos y diatribas que ni López Obrador con su MORENA, se han percatado del asunto pues ya lo hubiera utilizado no sólo como punta de lanza sino como un verdadero misil en contra de los partidos y sus diputados que aprobaron tan monstruoso disparate. Porque es obvio que quién en su sano juicio votaría por los partidos que en la Cámara de Diputados optaron por favorecer las ganancias de las armadoras trasnacionales y de los que ahora serán los concesionarios de los verificentros, dejando tirados, a mitad de carreteras, a millones de mexicanos de medianos y escasos recursos.
¿Qué explicación darles a los golpeados millones de electores a quienes cínicamente se les pedirá su voto para ayudarlos a vivir mejor? Con la salvedad, claro, de que tengan para comprarse o un auto o camioneta, último modelo. Poca cosa, en opinión de los diputados que ya terminaron de hacer sus destrozos.
Así que si usted, amigo lector, como millones de compatriotas no estaba enterado de tan fatal noticia, aquí la pongo a su consideración para que pida una amplia explicación a los candidatos que ahora acudirán a pedirle su voto y que con toda seguridad, ni siquiera estarán enterados de la papa caliente que les dejaron sus antecesores de la LXII Legislatura. A ver qué cara ponen cuando la gente les increpe abonar la cada vez más evidencia brecha discriminatoria entre los mexicanos de primera y los de segunda.
