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En Condominio

Por Ignacio León Montesinos

El brazo popular del PRI que antaño fue uno de sus sectores más importantes en las zonas urbanas para apuntalar los triunfos y la presencia del Revolucionario Institucional, deberá mostrar su músculo y su resurrección  en el actual proceso electoral según lo anunció hace unas semanas su dirigente nacional, la senadora Cristina Díaz Salazar, luego de informar  que organismos gremiales  de la importancia del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) y del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), trabajan ya  a  favor del voto de su partido.

“Con el apoyo de los trabajadores y dirigentes de los sindicatos del ISSSTE e IMSS, Luis Miguel Victoria Ranfla y Manuel Vallejo, respectivamente, hemos ido a apoyar a los candidatos del PRI a la gubernatura de Nuevo León, Michoacán, San Luis Potosí, Baja California Sur y Querétaro. Además de estar en ciudades como León, Naucalpan, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl, y el Distrito Federal, que tendrán elecciones concurrentes, además de continuar visitando otros estados que tendrán comicios”, indicó  la dirigente cenopista, durante la reunión que sostuviera en la sede partidista de con  el secretario de Organización del CEN del PRI, Baltasar Hinojosa Ochoa y el líder, Victoria Ranfla.

De acuerdo a Cristina Salazar,  la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP),  está comprometida con la campaña que despliega tanto el presidente nacional y la secretaria general del PRI, César Camacho e Ivonne Ortega, para fortalecer las propuestas del partido y de los candidatos. No debe olvidarse que en pasados años el PRI dejó a la deriva la militancia de gremios como el de los trabajadores del Seguro Social cuyos ex líderes como Roberto Vega y Valdemar Gutiérrez, fueron diputados por el PRD y el PAN, respectivamente, hasta que hace un año la dirigencia actual tendió los puentes para que el actual líder,  Manuel Vallejo, retornará al tricolor. Ahora, quien encabeza  el segundo sindicato más numeroso del país, será diputado federal  por la vía plurinominal.

En su momento y  al ratificar su apoyo al PRI, Luis Miguel Victoria Ranfla destacó que en la medida que lo permita la ley, impulsará el voto y como sindicato darán todo su esfuerzo para primero llevar el partido al triunfo en las elecciones y después, crear una plataforma, para apoyar todas las reformas estructurales impulsadas por el presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de consolidar la transformación de México. El líder de los trabajadores del ISSSTE, va como diputado local a la Asamblea Legislativa en la quinta posición plurinominal, luego de años en que su poderosa organización fue marginada de las candidaturas del tricolor.

El encuentro sostenido con la dirigente cenopista  reviste especial importancia además porque Baltasar Hinojosa, está inscrito ya como diputado pluri y  suena fuerte como uno de los favoritos para ser el candidato de su partido  en la sucesión del gobierno de Tamaulipas, el año entrante. El matamorense está empeñado en hacer importantes alianzas y entregar buenas cuentas en su actual encargo,  con miras a lo que pueda ocurrir en unos meses.

ELEVADOR.- (Al lobby del proselitismo amarillo).- Mientras el grueso de los candidatos perredistas en el Distrito Federal insiste en mantener un bajo perfil en sus campañas que los exima de ser sensibles a los reclamos sociales y adquirir compromisos que más tarde no podrán cumplir, el candidato a la diputación federal del Distrito XII y actual asambleísta, Agustín Torres Pérez, está demostrando que no todo está extraviado  en el Sol Azteca, pues durante sus recorridos por las diversas colonias de la delegación Cuauhtémoc, está siendo receptivo a los problemas que enfrenta la gente, planteando soluciones tangibles.

Hace unos días, decidió hacer frente a la papa caliente que muchos de sus compañeros de bancada en la Asamblea Legislativa no quieren tocar, ni por descuido, en los actuales momentos electorales.

Torres Pérez fue requerido a fijar su posición en torno a la oposición de los miembros de la Asociación de Bares y Restaurantes a  la aprobación de la Ley de establecimientos Mercantiles, a lo que el asambleísta y candidato, les señaló: “Para que se aceptara la Ley, la condición fue que se retirara el tema de baile erótico, lo cual fue propuesto por la diputada perredista Ariadna Montiel y del legislador panista, Federico Döring. Esto no quiere decir que los que votamos en favor de la ley, estemos en contra del reconocimiento de dicha actividad ya que el no incluirla, considero que es un asunto poco razonable ya que sí es una persecución la que se ejerce en contra de este tipo de trabajos”.

Y apuntó de manera precisa: “Yo soy partidario de que esta actividad debe de estar regulada ya que de esta forma conviene a todos los sectores involucrados, por un lado se combatiría la trata de personas, mientras que los establecimientos actuarían de forma en que beneficiarían a los empleados, mientras que la Hacienda Pública también resultaría beneficiada”.

¿Por qué  resulta acertada y realista la posición del asambleísta? Si echamos un vistazo a lo que está ocasionando el cierre de los bares y antros en los diversos municipios del vecino Estado de México, podemos señalar que resulta contraproducente mandar a la clandestinidad su operación; de hecho, el cierre de cientos de estos establecimientos ha llevado al desempleo a miles de mujeres que a través del baile erótico encontraron un medio de llevar el sustento a sus familias ante un país en franca crisis económica donde escasean las fuentes de empleo.

No aceptar las cosas como son y darse golpe de pecho en busca del voto fácil en tiempos de elecciones, sólo acrecentará, como expone Torres Pérez, problemas como la trata de personas, fenómeno social que  suele encontrar en la clandestinidad el terreno más propicio para la explotación de cientos de mujeres.

Hay problemas sociales que tienen su origen en ordenamientos autoritarios como por ejemplo, el nuevo Reglamento de Tránsito que nunca fue consensado con la sociedad pero que le impondrá altas sanciones y multas que en nada contribuirán a mejorar el problema de la movilidad en una ciudad donde la salida más loable a los desmesurados cobros  es la eternizada “mordida” a los agentes de tránsito, a los que ahora se les ha dotado de mayores armas de extorsión en contra de la ciudadanía.

¿Qué candidato del PRD se ha dignado alzar la voz a favor de los miles de automovilistas capitalinos, manifestándose en contra de las arbitrarias disposiciones? Durante uno de sus recorridos por las colonias del centro de la ciudad, vecinos de la calle de Topacio, le pidieron a Agustín Torres su apoyo en contra de una de estas medidas coercitivas que se han vuelto el dolor de cabezas de cientos de vecinos como es la colocación de las llamadas “arañas”, dispositivos que sospechosamente nunca afectan a las unidades de los grandes consorcios y firmas trasnacionales. La gente que en sus calles observa  los cotidianos atropellos sabe que la impunidad de que gozan las poderosas compañías no es gratuita, pero nadie de la “izquierda perredista”, parece decidido a mover un dedo a su favor.

Por eso, vale la pena mencionar la posición en pro de los habitantes del centro de la ciudad mostrada en su campaña por Torres Pérez.

INTERFÓN.– El documento elaborado por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), referente al tema de la Justicia Cotidiana y que fue presentado hace unos días al presidente Enrique Peña Nieto, contiene más de 217  propuestas y un plan con 20 acciones para que el Estado Mexicano pueda recuperar la esencia perdida del Estado de Derecho, en los momentos que la impunidad a todos los niveles es  el flagelo que afecta  a millones de mexicanos.

El estudio abarcó siete foros temáticos en diversos estados del país y se considera una de las evaluaciones más objetivas y elaboradas para hacer frente además a la corrupción y lentitud que aqueja desde hace décadas a los órganos encargados de impartir justicia.

Entre los puntos que se citan en el extenso documento se establece que en un parámetro de 99 países, México ocupa el lugar 79 en el índice del estado de derecho, a raíz de que las personas piensan que el sistema de justicia es corrupto, porque los juicios sólo avanzan si hay sobornos. Es evidente que los foros realizados en todo México arrojan un común denominador: los habitantes, sobre todo de escasos recursos, se han resignado a que la justicia no existe para ellos.

En pasadas entregas hablamos de lo vergonzoso que resultaba para el país aceptar desigualdades tan brutales, amparados en la peor de las injusticias, como la explotación de que han sido objeto los casi dos millones de jornaleros agrícolas en el país, dejados en el mayor de los desamparos jurídicos no sólo por las autoridades laborales sino por los propios gobiernos estatales, cuyos funcionarios han brindado protección a los modernos señores feudales. Lo que acontece en el Valle de San Quintín es prueba de ello.

Ahora, el reto es ver hasta dónde existe  la disposición oficial para que tales recomendaciones no queden únicamente en el papel y se concreten  en acciones de gobierno que representan una verdadera transformación de las diversas instancias de justicia y de sus actuales representantes. Dos ejemplos de la percepción del ciudadano común hacia los ámbitos judiciales, son de acuerdo al CIDE:

Inutilidad de acercarse a la justicia: certeza de que el problema no se resolverá por esa vía, lo que se agrava por la percepción de lentitud y costos de los trámites; las personas que manifiestan esta actitud carecen de suficiente información y tienden a guiarse por experiencias y opiniones ajenas.

Temor e incertidumbre frente a la justicia: existe una percepción importante de deshonestidad y corrupción en la justicia, por lo que las personas no desean correr el riesgo de un desenlace aún más perjudicial.

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