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El viernes pasado a la medianoche, hora de Bruselas, se concretó la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), poniendo fin a un largo y tortuoso proceso de casi cuatro años.
Durante los próximos once meses, el Reino Unido y la UE tendrán que negociar los términos de su futura convivencia. Sin embargo, mientras eso sucede, al bloque comunitario se le ha abierto un nuevo flanco en casa: el claro desacato del nuevo gobierno de España a cumplir con los acuerdos en torno de la relación con Venezuela.
Ayer le contaba sobre el llamado caso Ábalos.
En la madrugada del 20 de enero, José Luis Ábalos, el ministro de Transporte del gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, se entrevistó en secreto en el aeropuerto de Barajas con la número dos del régimen venezolano, Delcy Rodríguez.
Previamente, el gobierno español había permitido que el avión que transportaba a Rodríguez realizara una escala en Madrid, pese a que ésta tiene prohibida su entrada en la UE desde 2018.
Con el pretexto de que la tripulación de la aeronave debía descansar, la vicepresidenta de Venezuela fue autorizada a bajar en Barajas, donde recibió un trato de extrema cortesía, en lo que reemprendía su viaje hacia Qatar.
El encuentro entre Rodríguez y Ábalos, que se quiso ocultar, resultó contradictorio pues fue Sánchez quien lideró, en febrero de 2019, el reconocimiento de Juan Guaidó, líder de la oposición venezolana, como presidente encargado de su país.
Apenas unos días después, Guaidó visitó España –país donde viven unos 300 mil venezolanos–, pero no fue recibido por Sánchez, como marcaría el protocolo. El presidente español alegó que tenía problemas de agenda por lo que la recepción oficial corrió a cargo de la ministra de Exteriores, Arancha González.
En menos de un año, Pedro Sánchez cambió de promover el reconocimiento europeo de Guaidó a hacerle un abierto desaire. ¿Qué cambió? No puede ser otra cosa que el acuerdo de coalición entre el PSOE, el partido de Sánchez, y Podemos, la organización populista de izquierda que no ha dudado en dar su apoyo al régimen de Nicolás Maduro.
La cercanía de Pablo Iglesias, líder de Podemos, con la dictadura venezolana quedó de manifiesto con su reciente derrota en el pleito judicial que entabló con el periódico digital Okdiario, que en 2016 acusó a Iglesias de recibir un pago del gobierno de Maduro por 272 mil 325 dólares a través de un paraíso fiscal.
El 19 de diciembre pasado, Iglesias fue condenado a cubrir el costo del proceso luego de que la juez española Gladys López Manzanares rechazó que la difusión de la información sobre el pago, que resultó cierta, constituyera un ataque al honor del demandante.
Mediante su alianza con Podemos, Sánchez ha tenido que asumir las posturas del socio de la coalición respecto de Venezuela y, con ello, ha sacado a su país, al menos de momento, del consenso europeo sobre cómo lidiar con Maduro.
Además, ha provocado una división en el seno del PSOE, pues dos de los líderes históricos de ese partido, el expresidente Felipe González y el exvicepresidente Alfonso Guerra defienden la apuesta por la democratización de Venezuela.
Por cierto, México también quedó atravesado por ese pleito cuando, a finales de diciembre, cuatro escoltas, encapuchados y armados, del Grupo Especial de Operaciones acompañaron a diplomáticos españoles en una visita de cortesía a la residencia de la embajada mexicana en Bolivia, donde se habían refugiado varios colaboradores del expresidente Evo Morales.
Al final, los Rambos ibéricos tuvieron que huir del lugar luego de ser señalados por vecinos de la zona, quienes creían que iban a rescatar a los asilados.
En su afán de alcanzar los votos para ser presidente, Pedro Sánchez concedió toda suerte de privilegios a Podemos –como resucitar un ministerio para colocar al frente de él a la esposa de Iglesias– y con ello ha provocado no sólo la desunión en su partido, sino un distanciamiento de España con el resto de Europa.
