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Homicidios: intentar otra cosa

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El temor de que 2019 se convirtiera en el año más sangriento de la historia reciente del país se confirmó la tarde del lunes, cuando la cuenta del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojó un total de 35 mil 588 asesinatos.

Tal cifra debiera dar lugar a algo más que la vulgar confrontación política que hemos visto en años recientes cuando se habla de la violencia. No hay autoridad ni partido que puedan sentirse eximidos de responsabilidad respecto de este horror.

Pareciera que ninguna de las medidas puestas en marcha –desde que comenzó la actual ola de homicidios, hace unos 15 años– ha resultado efectiva.

Si analizamos los datos más recientes, no puede cantarse victoria por la reducción del número de asesinatos en algunos estados muy concretos, como Guerrero, donde bajó 25% en un año, porque eso más bien tendría que ver con tendencias en la producción de estupefacientes, u otras causas, que con la aplicación de políticas de seguridad.

Cabría esperar algo muy distinto que las justificaciones y acusaciones de siempre. Por ejemplo, convocar a especialistas y funcionarios de México y el extranjero que hayan mostrado un entendimiento de la criminalidad y cómo reducir sus efectos.

Un caso de estudio que se me ocurre es el de Cali, Colombia, donde se logró abatir la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 126, un número verdaderamente escandaloso, a 47, más o menos el nivel en el que se encuentra actualmente Guerrero.

La estrategia comenzó con la llegada a la alcaldía del médico cirujano Rodrigo Guerrero Velasco, en 1992, cuando la población se había resignado a pensar en los asesinatos como resultado de una predisposición genética o consecuencia de la pobreza. El exrector de la Universidad del Valle del Cauca puso en práctica una visión de la violencia urbana como un problema de salud pública.

Los homicidios fueron mapeados cuidadosamente y se estudiaron las motivaciones de los perpetradores. Muy pronto, aparecieron patrones de conducta. Los crímenes se incrementaban drásticamente los fines de semana y coincidían con el consumo de alcohol. Con esos factores de riesgo identificados, la autoridad se puso a trabajar.

Para explicar su estrategia, Guerrero solía decir que no era necesario esperar a entender cómo el consumo de tabaco lleva al cáncer, sino enfocarse en convencer a las personas de dejar el cigarro. “Con el tiempo, uno llega a comprender los vínculos causales; pero no es necesario llegar a ese punto para actuar”.

Años después, Guerrero volvió a la alcaldía de Cali y aplicó de nuevo su estrategia. El factor de la violencia había cambiado: provenía de grupos de jóvenes que se reunían en la calle y que eran presa de grupos criminales que les ofrecían dinero rápido. La intervención consistió en ayudarlos a conseguir trabajos que, además de mantenerlos ocupados, les daban un ingreso.

¿Cuánto sabemos en México sobre quiénes asesinan, cuándo y por qué?

Hace años, realizamos un ejercicio periodístico en Excélsior, rastreando los antecedentes de muchos homicidas sentenciados. Para ello recurrimos al Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos del Inegi, conocido por su acrónimo Simbad. Los resultados nos dieron el perfil del asesino promedio. Si no recuerdo mal, era un joven de entre 23 y 26 años de edad, con estudios de secundaria truncos, y casado o en unión libre. Asimismo, provenía de una zona rural y había migrado a un área urbana en la niñez.

Seguramente, ese perfil ha cambiado con el paso de los años, pero sería importante que la autoridad lo tuviera y lo utilizara para diseñar las políticas públicas que eviten que a los futuros asesinos los alcance su destino.

En todo caso, tendría mucho más sentido eso que aplicar medidas a ojo de buen cubero o sentarse a esperar a que la autoridad fracase para cosechar los agrios frutos electorales.