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Impunes delitos de tortura a pacientes del Instituto Nacional de Neurología

* Muy al estilo del nazi Josef Mengele, han quedado sin castigo múltiples decesos en el INNN Manuel Velasco Suárez, por la práctica Ilegal de experimentos realizados por su ex Director, Everardo Sotelo Morales; una abogada que defendía el litigio de una paciente, perdió la vida en extrañas condiciones al realizar una profunda investigación del caso

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El INNN y los oscuros secretos que guarda en su interior

Por VICENTE MORENO y BLAS A. BUENDÍA        

Especial para Expediente Ultra

 

A nueve años de ocurridos y denunciados, siguen impunes los decesos de unos 20 de 500 pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez (INNN). Las autoridades judiciales han soslayado ese hecho a pesar de que configuran los delitos de lesa humanidad y tortura médica.

Murieron porque inmoral e ilegalmente y sin la pericia necesaria, les implantaron en el cerebro un dispositivo experimental para atacar la hidrocefalia, patentado irregularmente por el doctor Julio Everardo Sotelo Morales, entonces director de dicha institución, quien ordenó el procedimiento funesto.

El atropello fue denunciado en el año 2006 por un grupo de médicos ante la opinión pública y la comunidad científica nacional e internacional, y ante la Procuraduría General de la República (PGR), con copia a la Secretaría de la Función Pública, por la abogada María de Lourdes (Marilú) Walkup Mentado el 24 de marzo del mismo año. Luego moriría.

Sotelo,  sus crimenes de lesa humanidad
Sotelo, sus crimenes de lesa humanidad

El caso se desempolvó el pasado 30 de febrero, en reunión de los deudos de Marilú para recordar que ese  día ella cumpliría 57 años de edad, según informaron al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, neurocirujano por la UNAM y doctorado en neurociencias, con subespecialidad en neurocirugía de invasión mínima mediante estudios de posgrado tanto en México, como en Japón, Alemania y EE UU, a quien recurrieron  tardíamente.

Ondarza Rovira encabezó al grupo de galenos que denunció esa experimentación inmoral ideada por Sotelo Morales, quien ordenó  a médicos residentes -aún estudiantes-, hacerla aunque no tenían la alta especialización necesaria para esas delicadas intervenciones quirúrgicas. Lo peor: no fueron supervisadas por médico adscrito, como es obligado.

Explica que al usar seres humanos como “conejillos de indias”, Sotelo Morales imitó a Josef Mengele, quien durante la segunda guerra mundial lo hizo con judíos, y a la corporación estadounidense que inoculó sífilis a cientos de indígenas y presidiarios en Guatemala, dizque para “hallarle remedio al mal”.

Ondarza recuerda que cinco años después del carpetazo a esa denuncia, la  red solidaria “Década contra la impunidad”, ONG que jefatura el sacerdote Raúl Vera, obispo de Saltillo, llevó el asunto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El clérigo solicitó a la CIDH aplicar la figura per saltum -poner el expediente arriba de todos los anteriores-, e investigación en el sitio de los hechos. Incluiría auditoría al INNN para determinar cuántas personas fueron sometidas a dicha operación, cuántas han fallecido en total, y valoración del estado de salud de las sobrevivientes.

“El mexicano va a presidio y muere por ser pobre” –refiere Ondarza Rovira, visiblemente irritado. “A eso se debe que se haya realizado y siga impune el ilegal experimento de Sotelo Morales, reprobado por él mismo y por sus pares nacionales y extranjeros que deben revisar los escritos, para aceptar o negar su publicación.”

En 1995, en la revista “Surgical neurology”. Sotelo Morales publicó un artículo que incluía observaciones de los eminentes neurocientíficos  Eldon L. Foltz y Harold D. Port. El primero manifestó que el sistema de Sotelo difería de los sistemas derivativos para tratamiento de hidrocefalia introducidos en 1956 por Pudenz, y tenía dos fallas: una en el diseño y el poco tiempo de seguimiento.

Port dijo que el sistema debió contar con un reservorio –dispositivo para tomar muestras o introducir medicamentos-  y usar un catéter de material radio opaco, no de Tygon, para poder captarlo en placas de rayos X.

Para su propio descrédito, lo que no le impidió fue continuar impulsando su método inmoral, en 2001 en Journal of Neurosorgery Sotelo Morales asentó que “después de una explicación detallada se obtuvo el consentimiento de los pacientes o sus representantes legales”, para el implante del dispositivo de marras.

Incluyó que aplicó su sistema experimental a tres recién nacidos (fueron más) con hidrocefalia congénita. “Como el mal continuó tuve que desecharlo y colocarles un sistema valvular convencional”.

Intervino a esas criaturas –escribió- a pesar de que instruyó a sus padres -como hace con todos sus pacientes-, que quienes recibían su sistema debían mantenerse de pie o sentados permanentemente, pues no es de tipo valvular como los aprobados internacionalmente para el tratamiento quirúrgico de pacientes con hidrocefalia -acumulación de líquido cefalorraquídeo a alta presión, que puede ocasionar la muerte-, que funcionan sin que importe la posición que adopte el paciente.

Sotelo tiene mala memoria y juega con las estadísticas, pues en un artículo publicado en la revista “Archivos neurociencias”, vol. III, de 1998, afirma que aplicó su sistema experimental a doce recién nacidos con hidrocefalia congénita y “no fue satisfactorio”, pero prosiguió su experimentación.

Lo anterior cobra suma importancia dado que en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez sólo se atiende a adultos, lo que implica que existen otras víctimas en otros hospitales del país.

El sistema de Sotelo Morales es un dispositivo de derivación ventrículo-peritoneal de flujo continuo, y lo denominó tipo Instituto Nacional De Neurología Y Neurocirugía (INNN) aunque lo patentó a título personal.

Consiste en un catéter -tubo de tygon– sin válvula, cuyos extremos se introducen uno en el sistema ventricular -en las profundidades del cerebro-, donde circula el líquido cefalorraquídeo, y otro en el abdomen, y obliga al recipiendario a estar permanentemente de pie o sentado, pues el líquido cefalorraquídeo se drena por gravedad y el flujo -efecto sifón- se interrumpe si se acuestan. Por añadidura, el material de Tygon no es clínicamente apto para ser introducido en el cerebro.

Sotelo Morales demandó por daño moral, por calumnia y por difamación a los médicos que lo denunciaron. Lo vencieron, le ganaron el juicio al responderle con información proporcionada por él mismo en sus artículos con comentarios de neurólogos eminentes, textos conocidos por la opinión pública y círculos científicos extranjeros, y un dictamen que hizo la Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) a petición de Salvador Ignacio Reding Vidaña, titular del órgano de control en el INNN Manuel Velasco Suárez respecto a la atención otorgada a la C. María de Lourdes Walkup Mentado en esa institución.

Incurrió en abuso de poder porque como director del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, ordenó aplicar ese dispositivo en el cerebro de pacientes, sin el consentimiento informado especial para la realización de cirugía experimental en seres humanos que la ley exige solicitarles previamente.

Además se le demostró que no cumplió el protocolo indispensable para experimentación en seres humanos, que, entre otras cosas,  exige que dicho protocolo sea aprobado por un comité institucional de investigación, por un comité de bioética y tener autorización y seguimiento de la Secretaría de Salud y Asistencia Pública (SSA).

También es obligatoria una carta de consentimiento informado especial, de acuerdo con la Ley General de Salud, en su reglamento en materia de investigación, en la que el paciente manifieste que conoce y autoriza un procedimiento de cirugía experimental, que se le informó de las opciones internacionalmente aprobadas para que pueda elegir libremente  si autoriza o no ser parte de un protocolo experimental, y donde se le da a conocer que el procedimiento operatorio experimental le será totalmente gratuito y de existir complicaciones éstas se resolverán sin costo para él.

Lo peor: “Sotelo Morales no está calificado para investigación, mucho menos en neurociencias, pues no tiene posgrados en el ramo”, define el doctor Ondarza, y luego se pregunta: “¿Por qué a pesar de esa carencia la Secretaria de Salud lo consideró idóneo o calificado moral, ética y académicamente para ocupar un puesto tan importante y de tanta responsabilidad como la dirección del INNN y, además, titular de la Comisión de los Institutos de Salud y Hospitales de Alta Especialización?”

Y también –agrega- es inconcebible que pese a las denuncias del trágico resultado de sus actos, que prefiguran los delitos de lesa humanidad y tortura médica, y las pruebas correspondientes, Sotelo Morales siga como investigador en el INNN.

Como si hablara consigo mismo, Ondarza Rovira subraya: “También le preguntaría a la UNAM -y a la UAM-, ¿cómo es posible que a pesar de esos pésimos antecedentes y sin el rango académico ni merecimientos necesarios, sostiene  a esa persona en actividades de posgrado?; ni ha investigado que utilizó a los médicos residentes -alumnos universitarios- para hacer las operaciones quirúrgicas necesarias para implantar el sistema que patentó y con el que presuntamente incurrió en delitos de lesa humanidad y tortura médica”.

Julio Sotelo vive tan campante y posiblemente su “sistema” sigue en el mercado a unos 80 pesos por unidad, mientras el valor unitario de los sistemas valvulares, como el de Pudenz, que sí son eficaces y recomendables, es de unos 50 mil pesos.

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