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Por Erika Ruiz Merino
El senador Isidro Pedraza Chávez pidió a la Secretaría de Educación Pública, a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas promocionar e impulsar la formación y capacitación de intérpretes con el objetivo de que la población indígena pueda recibir un trato justo en los procesos jurídicos.
Al fundamentar su propuesta con punto de acuerdo, el legislador recordó que el artículo 2° constitucional plantea que las personas indígenas tienen derecho a ser asistidas por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.
“En nuestro país la impartición de justicia debe ser legal, equitativa, con orden y seguridad para todo individuo, y el Estado mexicano tiene la obligación de garantizarlo”, puntualizó el representante por el estado de Hidalgo.
Sin embargo, advirtió el senador, existe una insuficiencia de intérpretes acreditados para garantizar el derecho a un juicio equitativo, debido a que se deben cubrir 68 lenguas indígenas y sus 364 variantes que pertenecen a 11 familias lingüísticas.
“Existen 575 intérpretes acreditados dentro del padrón del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) para atender a toda la población indígena del país que necesite asistencia dentro de un proceso legal”, declaró Pedraza Chávez.
Ejemplo de este déficit de intérpretes, señaló Pedraza Chávez, es el estado de Chihuahua donde sólo existen diez traductores certificados para atender a una población de 80 mil 185 personas que hablan una lengua indígena originaria.
De la misma forma, en Sonora habitan alrededor de 60 mil 800 hablantes de las nueve lenguas indígenas y de acuerdo con el INALI, no se cuenta con ningún traductor acreditado para las diversas variantes que tiene la entidad, agregó.
Isidro Pedraza comentó que de acuerdo con la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas se identifican 25 regiones indígenas en 20 estados del país; sin embargo, en todos los estados se encuentra población indígena que no habla español.
Finalmente, el senador resaltó que el incumplimiento del derecho al acceso a la justicia puede ocasionar la injusta pérdida de la libertad de las personas indígenas.
El punto de acuerdo se remitió a la Segunda Comisión de Trabajo de la Comisión permanente del Congreso de la Unión para su análisis y posterior dictamen.
