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El tema de la violencia contra los juzgadores es visto como focos rojos desde en el Poder Judicial del país; la violencia calculada, despiadada y cruelmente efectiva de la que hace uso diario el crimen organizado en México, ha sobrepasado a la mafia siciliana. A diferencia de otros funcionarios que gozan de protección para sí y sus familiares, los impartidores de justicia en México se hallaban inermes y solos, sin más protección que su fortaleza
Por: Blas A. Buendía
Especial de Expediente Ultra
Las reformas a los códigos penales han establecido relativas fórmulas de seguridad no solo en México, sino en el mundo entero a favor de los juzgadores, toda vez que instaurar la figura de “los jueces sin rostro”, en el país tiende a ser un fracaso en los Estados mundiales donde se practica la democracia.
Para el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos (CONATRIB), doctor Édgar Elías Azar, explicó: “El Estado no puede guardar la cara para castigar…”
Dijo que el nuevo sistema penal acusatorio exige que el juez le vea la cara a la persona que va a sentenciar y que le explique por qué lo está sentenciando.
Precisó, en este sentido, la inconveniencia que se rigen en las leyes de dar a conocer ciertos datos personales que muchas veces el crimen organizado los detecta.
Está el hecho del crimen que se protagonizó en contra de un juez federal en el Estado de México (Vicente Antonio Bermúdez Zacarías), donde un sujeto “surgido de la nada”, lo asesinó de un balazo en la cabeza para luego darse a la fuga. El suceso quedó video-grabado y hasta este momento se desconocen los avances para el esclarecimiento de este cobarde asesinato, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR).
El también político mexicano está de acuerdo en la memoria de resoluciones que se ventilaron en la Cumbre de Magistrados del 3 de noviembre en la Ciudad de México, que al reunir a 69 países de Estados democráticos del mundo, fue para darle un punto de observancia sobre la seguridad de los justiciables. La paradoja se presentó. Ese día habían asesinado a un juez federal que llevaba expedientes de interés federal.
“…poderes judiciales de 69 países. Yo lo que les quiero decir es que no hubo una sola voz, de ningún solo país donde no se pidiera protección especial para los jueces”, esto en relación al crimen cometido en contra del citado juzgador. Recordó en esa fecha en que hasta el presidente de la República Enrique Peña Nieto, instruyó a la Procuraduría General de la República, atraer el caso para su esclarecimiento.
Si bien llamó a la reflexión para que con bases fundamentadas no se incurra en falsas exploraciones periodísticas, destacó el también presidente del Tribunal Superior de Justicia de la capital de la República, “el tema de justicia y de tribunales no se agota en la Ciudad de México”.
El de la Ciudad de México –precisó- solo es un Tribunal, sí, el más importante del país, es cierto. Pero no es más que un tribunal. Asómense a ver otros tribunales del país, a otros Tribunales del mundo entero, a ver quién está de acuerdo con eso. Nadie está de acuerdo con eso. Fue una conclusión en la que coincide y coincide con la presencia de 69 países en este evento importantísimo que tuvimos y que nos hizo favor el señor Presidente de inaugurar.
“No hubo una sola voz que se levantara en contra de eso (la seguridad para los justiciables). Entonces, preguntémonos si uno está equivocado o el mundo está equivocado”, remarcó.
El doctor Elías Azar, al comentar que la información de datos personales de todo ciudadano debe resguardarse por seguridad propia por parte del Estado, admitió que uno de los principales protagonistas entre el funcionario que va a sancionar a quien haya incurrido en algún delito, se le debe proteger. “El trabajo de un juez es diferente y ahí está la prueba”.
En torno a este sector, funcionarios consideraron que aunque la violencia contra los jueces es un foco rojo desde hace décadas, ubicarlos en el anonimato sería aceptar que la sociedad mexicana “no puede contenerse a sí misma”, es decir, jueces sin rosto, implicaría claudicar o restarle poder, al poder judicial.
Los justiciables federales consideraron, asimismo, que instaurar jueces sin rostro en México, sería aceptar que vivimos en un “Estado de excepción”, como ocurrió en Perú, Colombia e Italia en su histórico momento.
Se pronunciaron de estudiar con “mucho cuidado”, porque el tema de la seguridad para jueces ha sido “recurrente” desde el sexenio del presidente Felipe Calderón, a raíz de la batalla que se viene librando contra el narcotráfico y el crimen organizado.
El ombudsman federal Luis Raúl González, consideró la necesidad de revisar la figura de jueces sin rostro que se utiliza para cuidar la identidad de los impartidores de justicia en asuntos sumamente delicados.
Es el caso del juez federal asesinado Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, quien no concedió la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán, así como de otros asuntos judiciales relevantes.
La prensa mexicana ha dado a conocer diversas posturas, y en una de ellas, desde antes de este lamentable suceso, y ahora con mucho más empuje, se ha venido discutiendo en México la figura de los jueces sin rostro.
Pensar en proteger la integridad física de los jueces cubriendo su identidad ante la ciudadanía, se entendería como un recurso que permitirá proteger la imparcialidad de los jueces y sus vidas. Pareciera una suma cero en la que todos ganamos. Sin embargo, las cosas no son así.
En aquellas naciones donde optaron por esta singular pero vistosa medida, conocen a la perfección que es un total fracaso. Colombia, por ejemplo, cubrió las caras de sus jueces y nunca detuvo los homicidios. No se contiene a la delincuencia organizada con una máscara.
Se conocen de los muchos recursos que el narcotráfico, como “Estado”, tiene; de los aparatos inmensos de inteligencia, así como su capacidad de corromper coaccionando a los servidores públicos con o sin amenazas de muerte. Idealizar que cubriendo los rostros de los jueces, podrían ser copartícipes de quienes han transgredido las leyes del Estado.
En este contexto, el Magistrado Presidente de la CONATRIB, hizo alusión en el sentido que “cubrir el rostro de los jueces es completamente contrario con el espíritu del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio (NSPA). “Queremos una justicia abierta, una justicia transparente y garantista. Que conozca a los acusados y a las víctimas, que el uno entienda porque ha sido juzgado y, el otro, sienta que la justicia ha sido servida. Cómo lograremos esto teniendo un juzgador que tiene temor por mostrar su cara. Por mirar de frente a quien juzga”.
Admitió: “El Estado no puede combatir a la delincuencia con la misma técnica que ellos emplean: escondiéndose en la sombra, hablando desde la oscuridad, y actuando en la clandestinidad. No son tiempos en los que el Estado se deba esconder tras una máscara. A la delincuencia se le combate con la cara limpia y de frente. No hay miedo, no puede haberlo, porque la razón está de nuestro lado”, puntualizó.
El 3 de julio de 2012, el entonces presidente de la Corte, hoy ministro en retiro, Guillermo Ortiz Mayagoitia, declaró: “Dentro de las situaciones de riesgo delincuencia actual, en el mundo se ha hecho necesaria la secrecía de algunos servidores públicos, traigo al recuerdo de las señoras y señores ministros, los jueces sin rostro, que se establecieron en Colombia y que aquí en México se han tratado de implantar”.
Si bien de forma reiterada el tema de la violencia contra los jueces es visto como focos rojos desde hace años por el Poder Judicial, el 14 de febrero de 2008, ante los plenos de la Corte, del Consejo de la Judicatura Federal y del TEPJF, el ministro jubilado Juan Díaz Romero, señaló que la violencia calculada, despiadada y cruelmente efectiva de la que hacía uso diario el crimen organizado en México, había sobrepasado a la mafia siciliana.
Dijo que a diferencia de otros funcionarios que gozan de protección para sí y sus familiares, los juzgadores en México, se hallaban inermes y solos, sin más protección que su fortaleza.
Temas como estos, que son sumamente delicados por tratarse de acciones de Estado, algunos son reacios en compartir la idea de que se instauren jueces sin rostro en México, no obstante que estudios en Derecho, coinciden que sería loable llevar al cabo un debate nacional sobre los jueces sin rostro.
Precisaron, sin embardo que el Estado tiene el ejercicio meta-constitucional para presentar proyectos de leyes, para ser estudiados, analizados y aprobados por el Congreso, aunque se entiende que en México se cumple con los principios de mediación conforme a la realidad del nuevo sistema de justicia penal.
“Estamos en el principio, buscando que la justicia oral vuelva al momento en que uno pueda ser juzgado delante de un juez, en una audiencia pública, analizando con igualdad las pruebas que ofrecen tanto la fiscalía como la defensa del acusado”, explicaron.
Uno de los grandes principios en los que se basa el nuevo sistema de justicia, agregaron, es la inmediatez, la cual se cumpliría cuando uno esté adelante del juez.
Los funcionarios del PJF pidieron analizar bien el tema de los juzgadores sin rostro y “no dejarnos llevar por la situación”, en este caso, por el homicidio de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, juez quinto de distrito en materia de amparo y juicios federales en el Estado de México, cuando hacia ejercicios matutinos en calles del poblado de Metepec.
“Desgraciadamente estamos en una situación así, nos parece que las garantías de la jurisdicción que tiene el juez, esta independencia, esta imparcialidad, dentro de ellas, la seguridad para que pueda juzgar con toda la tranquilidad de que él y su familia van a estar seguros, viviendo en un ambiente sano cuando él (juez) va a juzgar, a analizar los asuntos, dedicado a restañar estas heridas que la sociedad va teniendo por los actos de las personas que no creen en el estado de Derecho, creemos que es hacia allá hacia donde debemos ver”, afirmaron.
Puntualizaron que no son partidarios de la figura de jueces sin rostro, porque sería ubicarlos de la misma manera que un delincuente en la noche hace algo, cubierto en el anonimato. “Los juzgadores siempre han dado la cara”, enfatizaron.
“Todas las funciones que tiene el Estado mexicano tienen que irse cumpliendo, algunas son más difíciles que otras, son muchos los problemas sociales, las autoridades deben intentar cumplir lo que les toca, y los que también les toca es asegurar la seguridad de los jueces, para que puedan actuar de cara a la sociedad. Esa es la nota principal de la justicia. Es muy doloroso este tipo de cosas que ocurren”, expresaron referente al homicidio en contra del juez Federal.
Perú, el innovador
En la década de los 90, durante el gobierno de Alberto El Chino Fujimori, se creó la figura de los jueces sin rostro para juzgar a los acusados de terrorismo en Perú, particularmente los crímenes de Sendero Luminoso.
Lo mismo haría Colombia, tras emitir el Decreto 2790, conocido como Estatuto para la Defensa de la Justicia, el cual contempló una serie de medidas para garantizar la vida de los jueces que tenían en sus manos casos relacionados con delincuencia y terrorismo.
En marzo de 2011, el diario El País publicó que en los últimos tres años, de acuerdo con registros de la Asociación Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, en Colombia fueron asesinados 13 jueces, asimismo, que 163 juzgadores estaban refugiados en el exterior, debido a que figuraban en la mira de los asesinos, además de que en los últimos cuatro años, 750 jueces fueron amenazados.
En Italia, de 1969 a 2009, de acuerdo con la RAI (televisión pública de esa nación), 27 jueces fueron ultimados, los casos más emblemáticos son los del juez Giovanni Falcone, así como del juez Pablo Borcellino, atentados perpetrados en mayo y julio de 1992, respectivamente, los cuales fueron ordenados por la mafia siciliana.
Sensacionalismo parlamentario
En el pasado reciente, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, anunciaba que presentaría una iniciativa construida con expertos, para instituir en México la figura de jueces sin rostro para blindarlos de ataques del crimen, como sucedió en Colombia.
El coordinador del grupo parlamentario perredista, Miguel Barbosa, dijo que el asesinato del juez Vicente Bermúdez evidenció que la realidad ya alcanzó al Poder Judicial, y hay que protegerlos.
“Lo ocurrido en el asesinato del juez en el Estado de México, que conoció de diversos asuntos relacionados con el crimen organizado, habla de lo expuestas que se encuentran las autoridades judiciales en México. Es muy preocupante enfrentarnos a una realidad que ya llegó”, afirmó.
El legislador dijo que se debe dotar a los jueces de la protección necesaria y una de las condiciones para eso, que fueron aplicadas en su momento en Colombia e Italia, fue la figura de los jueces sin rostro.
Pese a ello, el tema no dejará de ser controversial, los atentados que sufren los jueces es una afrenta al Estado.
Recobra importancia los enunciados del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar, quien urgió que en este país se incrementen y mejoren las medidas de seguridad para los jueces federales.
