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Justicia de importación

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En México tenemos, desde hace décadas, un gravísimo problema de involucramiento de funcionarios públicos en negocios del crimen organizado.

Son ilustrativos los casos del exzar antidrogas Jesús Gutiérrez Rebollo, del exgobernador quintanarroense Mario Villanueva y del exfiscal nayarita Édgar Veytia, por mencionar sólo algunos, pero el problema se ha convertido en un cáncer que invade las instituciones del nivel municipal hacia arriba.

Ayer nos enteramos de que Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio del presidente Felipe Calderón, fue detenido en un suburbio de Dallas, luego de ser acusado por la Fiscalía del Distrito Este de Nueva York de haber recibido sobornos del Cártel de Sinaloa y de haber mentido al respecto cuando realizó el trámite para adquirir la nacionalidad estadunidense.

Pocos funcionarios en la historia moderna del país fueron investidos de tanto poder para hacer frente a la delincuencia organizada como García Luna. Y, de sostenerse las acusaciones que enfrenta en Estados Unidos, querría decir que la penetración del crimen ha logrado llegar a la parte más alta del gobierno: el gabinete presidencial.

Si no se puede contener ahí la participación de servidores públicos en el narcotráfico, imagínese en el nivel de los gobiernos estatales y municipales. De eso no se salva ninguno de los partidos políticos.

Preocupa no sólo eso, sino que tengamos que enterarnos de ello –más allá de las sospechas razonables que cada quien tuviera– mediante investigaciones realizadas en el extranjero.

Tenía siete años que García Luna se había separado de la administración pública. Y ni en el tiempo en que fue alto funcionario –los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón– ni con posterioridad –el sexenio completo de Enrique Peña Nieto y un año del actual– se hayan fincado cargos en su contra, como ahora se ha hecho en Estados Unidos.

Se supone que la procuración de justicia en México se fortaleció con la reforma que convirtió a la Procuraduría General de la República en fiscalía autónoma. Pues en un año, no se había hecho pública una sola investigación sobre las relaciones del narcotráfico trasnacional con funcionarios de las pasadas administraciones federales, incluyendo las que presuntamente hubo con García Luna.

Una vez más, nos tenemos que enterar de presuntos actos delictivos cometidos en nuestro país por medio de investigaciones realizadas más allá de nuestras fronteras. Una vez más tenemos que depender de fiscalías y cortes del extranjero para obtener justicia. Y en este caso, como en el de Veytia, México no tuvo siquiera que detener y extraditar.

Quizá sea mejor, porque la última vez que Estados Unidos pidió que el vecino del sur detuviera a un ciudadano mexicano para entregárselo en extradición, acá ocurrió un desastre.

Como usted recordará, Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo –y uno de los actuales jefes del Cártel de Sinaloa, el mismo al que se acusa de sobornar a García Luna– tuvo que ser liberado, luego de que sicarios fuertemente armados superaron en número a los elementos de seguridad que lo habían detenido en su casa de Culiacán, Sinaloa. Luego se sabría que contra Ovidio ni siquiera había una orden de aprehensión expedida por un juez mexicano, sino una solicitud de detención con fines de extradición.

Por cierto, casi dos meses después del Culiacanazo, Ovidio Guzmán sigue libre.

Ayer por la tarde, al comentar en Twitter la detención de García Luna, Alex LeBarón –miembro de la familia a la que le masacraron a nueve hace poco más de un mes– escribió con mucho tino:

“La ‘justicia’ en México proviene de las cortes americanas y se atreven a gritarnos ‘vendepatrias’ los ciegos y los hipócritas oficiales”.

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