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Por Palmira Tapia Palacios / @palmiratapia /@MexicoSocial_
Los ciudadanos mexicanos emitirán su voto el 6 de junio de 2021 para más de 3,500 cargos en los gobiernos federal y estatal, y más de 21 mil, si consideramos los municipios. Ésta será la elección más grande en la historia de México. Sin embargo, el carácter sin precedentes de las elecciones de 2021 no radica en estos números; su importancia real se debe a que el futuro de la llamada “Cuarta Transformación” estará en juego. Las elecciones de mitad de período podrían romper o consolidar el impresionante poder acumulado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Los opositores políticos y económicos al presidente ven el 2021 como una oportunidad para recuperar fuerzas y convertirse en verdaderos actores en un sistema de frenos y contrapesos, particularmente en la Cámara Baja del Congreso.
López Obrador ganó las elecciones presidenciales de 2018 con el 53% del voto popular, lo que se traduce en una legitimidad democrática histórica respaldada por 30 millones de votos. La victoria presidencial llegó con la mayoría de ambas Cámaras del Congreso. El Congreso mexicano, compuesto por 120 senadores y 500 diputados, está dominado por el Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados. Actualmente, Morena tiene 252 escaños en la Cámara Baja, pero el apoyo legislativo al presidente puede alcanzar 333 diputados si consideramos sus aliados partidistas. Además, y no menos importante, Morena ganó la mayoría de los congresos estatales que se renovaron en 2018 en México.
Las elecciones de mitad de período de junio de 2021 seguramente cambiarán estas cifras. Pero esto no significa un cambio automático a favor de la oposición que sigue débil desde 2018.
A pesar de la recesión provocada por la crisis del SARS-CoV-2, el presidente López Obrador conserva el respaldo popular. Las más de 110 mil (hasta el 8 de diciembre) muertes por coronavirus registradas oficialmente han sido utilizadas por críticos de AMLO para demostrar su incapacidad para manejar la pandemia y el país en general. Sin embargo, según varias encuestas, el índice de aprobación de López Obrador no se ve afectado por el COVID-19 y sus consecuentes impactos económicos y de salud en el país. Según la firma “Oráculos”, la aprobación de AMLO cayó a su nivel más bajo en agosto de 2020 (57%) mientras que su tasa de desaprobación alcanzó el nivel más alto (38%) al mismo tiempo. No obstante, el apoyo popular al presidente de hecho ha aumentado, alcanzando el 62% en noviembre de 2020. Nada mal si consideramos que el presidente mexicano muestra uno de los índices de aprobación más altos junto con el primer ministro australiano Scott Morris y el primer ministro de India, Narendra Modi, según Morning Consult.
La victoria de López Obrador encarnó el rechazo popular de lo que él llama la “mafia del poder”, constituida por los partidos tradicionales (PRI y PAN) y la élite empresarial. Representado como un populista peligroso desde su primer intento de alcanzar la presidencia en 2006, el presidente mexicano ha sido en gran medida consistente en su narrativa, que tiene en su núcleo la promesa de erradicar la corrupción. En 2018, esta promesa encontró tierra fértil luego de los escándalos de corrupción en el gobierno de Peña Nieto. Los asuntos de la “Estafa Maestra” y la “Casa Blanca” eran símbolos emblemáticos de un sistema corrupto ante los cuales, López Obrador, el ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, representó el único candidato que ofreció una posibilidad real de que ocurriera un cambio.
La administración de López Obrador ha cumplido sus dos primeros años. La promesa no solo de reducir la corrupción sino de eliminarla permanece en su discurso. En su Segundo Informe de Gobierno, del 1 de diciembre de 2020, López Obrador enfatizó la lucha contra la corrupción y la política de austeridad gubernamental como sus principales logros.
Algunos de los resultados reportados por el presidente contra la corrupción son reformas legales y constitucionales como la eliminación de la inmunidad presidencial, que permitirá que el presidente sea juzgado por cualquier delito. Otro avance anunciado es la lucha contra la corrupción en el Instituto Nacional de Migración (INM), las Administraciones Portuarias Integrales (API) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), entre otros. En dos años, el Mandatario sostiene que gracias a la lucha contra la corrupción y la política de “Austeridad Republicana”, su gobierno ha ahorrado 1.3 billones de pesos.
Por otro lado, aunque la corrupción fue el emblema de su plataforma de campaña y de su administración, su comprensión del problema es muy diferente a la del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). El SNA, creado en 2015, busca sentar las bases de un abordaje más integral y sistémico para combatir este enorme desafío, como es el fortalecimiento de la capacidad institucional de las entidades mexicanas para prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción.
En contraste, el presidente mexicano habla de autoridad moral, justicia social, frugalidad y la virtud de la honestidad como respuesta para enfrentar la corrupción.
Irónicamente, el SNA creado por el expresidente Peña Nieto no ha demostrado ser más efectivo que las opiniones del actual presidente sobre la corrupción, a pesar de que el primero está de acuerdo con las convenciones internacionales y los instrumentos anticorrupción en todo el mundo.
Sin embargo, durante estos dos años de gestión de AMLO destaca una institución que forma parte del SNA, la Secretaría de la Función Pública (SFP). Su titular, Irma Eréndida Sandoval, ha relanzado el trabajo de esa Secretaría de Estado con el fin de atraer a los ciudadanos a la lucha contra la corrupción, por ejemplo, fortaleciendo las protecciones legales para los potenciales denunciantes.
Otro actor clave contra la corrupción en la actual administración es Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Recientemente, el Senado aprobó la reforma conocida como “Ley Nieto”, que le dará a la UIF un mecanismo inmediato para congelar cuentas sin orden judicial. Si la UIF de Santiago Nieto ha cobrado gran notoriedad bajo la presidencia de AMLO, el mencionado apoyo del Congreso lo confirma como el hombre fuerte en el plan del presidente para erradicar la corrupción en el país.
Formalmente el proceso electoral en México comenzó el 1 de septiembre de 2020 y el tema de la corrupción continúa en el discurso presidencial, como en tiempos de campañas en 2018. Sin embargo, a dos años de ejercicio de poder desde el gobierno, arrecian las críticas al uso político de la lucha contra la corrupción bajo el gobierno de AMLO. Durante los meses por transcurrir antes del 6 de junio de 2021, queda mucho por ver en torno a casos de corrupción emblemáticos y de alto perfil como la “Estafa Maestra”, y el anuncio de que Rosario Robles accedió a convertirse en “testigo colaborador” de la Fiscalía General de la Nación, luego de que fuera revelado que enfrentaría cargos de crimen organizado y lavado de dinero.
A pesar de las críticas a la estrategia presidencial sobre La cruzada anticorrupción, las más de las veces con incentivos electorales, ésta es la primera vez que la sociedad mexicana ve enjuiciamientos por corrupción de exfuncionarios de alto perfil. Este escenario se antoja francamente difícil de imaginar en un gobierno emanado del PAN o del PRI.
Mantener una mayoría en el Congreso y conseguir más gubernaturas de las 15 que se renovarán este año, debería ser la meta para el partido del presidente para 2021. En un contexto tan politizado, las acusaciones de corrupción contra los expresidentes serían un paso sin precedentes en la historia de México. Esta acción podría ser estratégica para el presidente, pero no para la sociedad si el resultado final es la absolución, es decir, la impunidad.
Maestra por la Universidad de Oxford y Licenciada en Ciencia Políticas y Relaciones Internacionales por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Ex Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) y Ex Presidenta e integrante del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios. Actualmente forma parte del Secretariado Técnico Para el Análisis y Estudio de la Reforma Constitucional y el Marco Legal del Estado de México.
