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La decisión de la juez, Ninfa Vargas, evitará excesos en futuros debates

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*  La titular del Juzgado IV en Materia Civil de Pachuca, emitió una sentencia contra el ex candidato a gobernador por el PAN, Francisco Berganza, sentando un interesante precedente que influirá en el desarrollo de futuros debates electorales, tanto en el estado de Hidalgo como en el resto del país

 

Por Antonio Ortigoza Vázquez

Especial de Expediente Ultra

La jueza Ninfa Vargas Mendoza, del Juzgado IV en Materia Civil de Pachuca, emitió una sentencia contra el ex candidato a gobernador por el PAN, Francisco Berganza, que establece un interesante precedente que influirá en el desarrollo de futuros debates electorales, tanto en el estado de Hidalgo como en el resto del país, en cuanto a los límites en señalamientos personales que afecten el honor, la moral y el buen nombre de los actores políticos.

El pasado jueves 11 de agosto, la togada Vargas Mendoza resolvió en el litigio que lleva un año, entre el actual gobernador, Omar Fayad Meneses y el que fuera nominado panista a la gubernatura, Berganza, quien deberá pagar 25 millones de pesos como reparación del daño moral causado en el curso de un debate entre candidatos, cuando el abanderado blanquiazul excedió los límites y generó escándalo en señalamientos dolosos hacia la personalidad del candidato priista, quien resultó  la postre, triunfador en los  comicios.

En rigor, Berganza llevó a los extremos la posición política del Partido Acción Nacional (PAN), cuya dirigencia nacional y sus dirigentes en el Congreso federal, han manifestado en relación con la tolerancia hacia la diversidad sexual, al manifestarse radicalmente en contra de los derechos de los homosexuales al matrimonio y a la adopción de hijos.

Se trata de una posición ultramontana, que considera las preferencias sexuales diferentes como “una perversión”, y en ese sentido, el candidato señaló primero, con alevosía calumniosa, a su contendiente como “homosexual”, con evidente intencionalidad de una descalificación personal que hipotéticamente provocaría el rechazo de los electores.

Porque fue muy notorio que el señalamiento, independientemente que es ostensiblemente falso, era un intento de restar notoriedad al matrimonio del ahora gobernador con una estrella de la televisión, la señora Victoria Ruffo.

No surtió efecto la bajeza política, pero Fayad Meneses decidió no pasar por alto la injuria y se sostuvo en la demanda por daño moral, con la idea, precisamente, de que, por medio del Poder Judicial del Estado, y en su momento, si fuera necesario, del Federal, se contribuyese a elevar se nivel el debate y el discurso político, que hace tiempo ha sufrido una degradación progresiva, en aras de una falaz tergiversación del auténtico espíritu de la libertad de expresión.

EL VIDEO, LA BASE DE LA DEMANDA

La abogada Adriana Mejía, del despacho Arozqueta  y Asociados, mismo que se encargó de interponer la demanda a nombre del ahora gobernador, señaló que la demanda tuvo lugar durante el proceso electoral en Hidalgo, después del debate, cuando el demandado elabora un video personal, fuera de cualquier acto de campaña, lo sube a su página de Facebook, en donde “hace algunas afirmaciones acerca del otro candidato del PRI, Omar Fayad Meneses, donde afirma que ‘es homosexual’ y ‘homicida de un transexual’… que cuando estuvo en otros cargos (aduanas y policía federal) lavó dinero del narco”.

El video “no tiene qué ver con el debate y es el origen de la demanda por daño moral”. Explica: “El daño moral no se tipifica en dichos vertidos en el debate, aunque en el mismo debate podría haber materia de demanda, pero quien tenía la autoridad de sancionar esos excesos verbales, quien pudo detenerlos, debió ser la propia autoridad electoral, pero lo que haya dejado de hacer  es materia electoral y debemos respetar esas decisiones”.

En su defensa, Berganza arguyó que la jueza se apoyó en leyes federales no aplicables en el estado de Hidalgo, a lo que la abogada Mejía aclaró: “Sí. En el mismo órgano constitucional hay derecho que se denomina Propersona, cuando los derechos son existentes, reales y tangibles, son exigibles, y si este derecho no está considerado en alguna legislación local, lo atrae de una federal, o inclusive, de una ley internacional, si los tratados suscritos permitiesen el beneficio, se hace valer”.

Destaca además que de esta forma, tampoco se perjudica a la parte acusada, porque se mantiene el derecho de defenderse.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN ESTÁ LIMITADA

Y la abogada aborda el punto toral de la cuestión: “Al reclamar los derechos no hay perjuicio per se. La libertad de expresión ya está perfectamente limitada por la Suprema Corte de Justicia, en jurisprudencias y en tesis. No puede haber libertad de expresión cuando hay daño moral hacia una persona con afirmaciones gratuitas; no puede haber libertad de expresión si hay afirmaciones calumniosas, con la clara finalidad de hacer daño”.

 

UN RANCHITO DE UN MILLÓN  

Por su lado, Berganza afirma que la sentencia le obliga a pagar una cantidad que rebasa con mucho su situación económica personal, que no tiene ni cuentas de banco ni bienes que se aproximen a ese monto, pero la abogada sostiene a su vez, que la sentencia se dictó en justa proporcionalidad, para que el demandado haga frente a su responsabilidad y conserve patrimonio para una vida decorosa.

Sin embargo, en las diligencias que realizó el juzgado precisamente para verificar la capacidad económica de Berganza, encontró un rancho, que dice el sentenciado fue una herencia paterna de hace algunos años; pero la abogada Mejía desmiente lo dicho por Berganza, pues aclara:  “él va y firma una escritura, donde claramente dice que él es propietario de un terreno de varias hectáreas y que pagó  en ese acto, un millón de dólares, entonces suponiendo que el terreno valiera, que solo es uno de los dos bienes acreditados durante el juicio, el mismo millón de dólares, tendríamos prácticamente casi la cantidad demandada”. El ex candidato alega pobreza, desde la opulencia.

De esta forma, en el Juzgado IV de Pachuca se marcó un punto a favor de un debate político y social que elimine la sevicia y la impunidad de quienes se sienten con fuero para infamar en público a cualquier ciudadano.