LA EMBOSCADA DE FRAY SERVANDO 77 CONTRA CLAUDIA SHEINBAUM

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*  Congresistas norteamericanos dieron la primera muestra de su exigencia para que el gobierno mexicano cumpla con lo establecido en el capítulo laboral del T-MEC, al enviar una carta al Secretario de Estado de su país, Michael Pompeo, exigiendo la liberación de la abogada laborista, Susana Prieto, detenida por el gobernador de Tamaulipas; en tanto en la Ciudad de México, funcionarios como el chileno Sergio Antonio López Montecino, insisten en entrometerse en la vida interna del SUTGCDMX, violando los derechos laborales de miles de trabajadores a la vez de negarse a reconocer a sus dirigentes electos a través de su voto libre, directo y secreto

Por Giuseppe Gatopardo

Especial para Expediente Ultra

Apenas entró en vigor el T-MEC y el gobierno mexicano debió engullir la primera “píldora amarga”  recetada por los congresistas norteamericanos en el tema laboral y que según el Subsecretario para América del Norte, Jesús Seade, nunca íbamos a “tragar”, como lo prometió en diciembre pasado cuando la 4T aceptó el acuerdo modificatorio con el aval del Senado de la República.

El primero de julio el tratado comercial se estrenó con una carta enviada por más de 60 representantes a Michael Pompeo, Secretario de Estado del gobierno estadounidense, con la exigencia de solicitar al gobierno de Andrés Manuel López Obrador –en su calidad de socio comercial—la liberación de la abogada laborista de la frontera norte, Susana Prieto Terrazas, detenida el 8 de junio en Matamoros, Tamaulipas; tras cuya autoría y persecución política aparecen el gobernador, Francisco Javier García Cabeza de Vaca y grupos empresariales, reacios a acatar las nuevas disposiciones de la Reforma Laboral.

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En sus argumentos, los congresistas señalaron que la detención de la jurista “envía un mensaje equivocado a los trabajadores y activistas de que las autoridades en México en todos los niveles de gobierno, no protegerán los derechos de los trabajadores de amenazas y violaciones”.

CONGRESISTAS BAJARON LOS HUMOS A GOBERNADOR

La carta enviada a Pompeo el 30 de junio; es decir, un día ante de la entrada en vigor del T-MEC, tuvo un efecto inmediato pues apenas llegó el mediodía del miércoles primero de julio, la juez Rosalía Gómez Guerra se apresuró a liberar a Prieto Terrazas, antes de que el asunto impactara en lo político al autoritario Cabeza de Vaca y pusiera en zona de conflicto al presidente, en su próxima visita a Washington, pues el propio representante comercial, Robert Lighthizer, había calificado el arresto como un “mal indicador” del cumplimiento del gobierno mexicano con las nuevas normas laborales.

Este primer aviso de parlamentarios y funcionarios estadounidenses dejó en claro que el mayor socio comercial de México no permitirá dobles lenguajes ni simulaciones de ningún tipo en la aplicación de las nuevas leyes en materia de trabajo pactadas en el acuerdo modificatorio, que incluye la integración de un Panel Laboral de expertos que comenzarán a operar en breve en las oficinas de la embajada de los Estados Unidos en México, designados nada menos que por la demócrata Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

Y en tanto el caso de la abogada laborista tomó dimensiones de reconvención diplomática, el martes 30 de junio, un funcionario de mediano rango del gobierno de la CDMX, que despacha en sus oficinas de Fray Servando 77, plasmó en un escrito dirigido al dirigente de la Sección 1 del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la CDMX (SUTGCDMX), el retrato hablado de la intolerancia y desconocimiento  respecto a la autonomía sindical y al ejercicio del voto libre, directo y secreto, pilares de la Reforma Laboral.

MONTECINO Y LAS CONTRAS AL T-MEC

El Director General de Administración de Personal, Sergio Antonio López Montecino se ha convertido desde diciembre pasado en la contraposición del capítulo laboral del T-MEC y, podría decirse, en el candidato idóneo a ser analizado por los panelistas extranjeros, por su proclividad a transgredir la línea divisoria entre el poder público y los asuntos sindicales.

No conforme con haber tratado de imponer una marioneta oficial como candidato al proceso de elección interna de enero pasado y echar por la borda el sufragio de más de 30 mil trabajadores del Sindicato Único, en contubernio con el presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA), Placido Morales y el líder de la Federación de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE), Joel Ayala, el funcionario de nacionalidad chilena, ha descalificado como representante de los más de 110 mil sindicalizados a quien ganó en los comicios el derecho a representarlos como su dirigente.

De acuerdo al servidor público,  no puede reconocer como líder del Único a Hugo Alfredo Alonso Ortíz porque a su decir, el TFCA no le ha otorgado dicho reconocimiento pese a que éste órgano administrativo fue notificado de la autenticidad del proceso de elección. El chileno insiste en buscarle  tres pies al gato a sabiendas de que en el trasfondo del juego sucio para echar abajo lo establecido en la Reforma Laboral sobre la democracia interna de los sindicatos, se encuentran millonarias razones de peso(s).

Aquí EN LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO hemos referido el interés de Montecino y su jefa superior, Bertha Gómez Castro, por imponer a como dé lugar un dirigente acorde al manejo discrecional de millonarias cantidades destinadas a la adjudicación directa de vestuario. Corrupción que contradice además los estándares de transparencia del capítulo laboral del T-MEC.

Durante el periodo de emergencia sanitaria, cientos de trabajadores de base han muerto en las distintas áreas del gobierno de la CDMX porque al chileno de marras se les vino en gana politizar la entrega de insumos y disponer de cuotas sindicales solo a aquellos dirigentes seccionales que se plegaron a sus caprichos y a los del líder de la FSTSE, dejando abandonados a su suerte a miles de sindicalizados.

VIOLACIONES A LA REFORMA LABORAL EN LA CDMX

Además de su intromisión para abortar un proceso democrático, resquebrajando la Reforma Laboral del gobierno de Andrés Manuel López Obrador,  López Montecino ha colocado a la administración de la doctora Claudia Sheinbaum a las puertas de un conflicto legal por este incumplimiento en sus obligaciones contractuales de entregar en tiempo y forma  los implementos de trabajo que garanticen su seguridad a los agremiados del sindicato mayoritario.

Indudable que a la vista de los panelistas del T-MEC, este desaseo representará la supervivencia de una indignante barbarie laboral.

Alonso Ortíz le envío su respuesta al funcionario de medio pelo el pasado 2 de julio donde entre otras muchas cosas, le expone que tanto la Ley Federal del Trabajo como la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y los convenios internacionales de la OIT como el 87 y 98, prohíben de manera tajante a toda autoridad entrometerse en la vida interna de los sindicatos.

Pero también sanciona a cualquier funcionario del rango que se trate en su intención para impedir que sean los sindicalizados los que elijan libremente a sus representantes. En este sentido, los propios secretarios seccionales ni siquiera han guardado las formas al “tirarse al piso” aceptando el costo de la ignominia de traicionar a sus compañeros de base, para no disgustar al chileno ni a Joel Ayala.

En el terreno jurídico está claro que el Director de Administración de Personal no es una autoridad jurisdiccional competente como para descalificar de un plumazo la libre voluntad de los trabajadores en las urnas; consentir tal aberración significa una burla a los nuevos preceptos laborales firmados por México ante sus socios comerciales. Y aceptar, por ende, las consecuencias comerciales, políticas y diplomáticas por venir, como sucedió con la represión ordenada por el gobernador de Tamaulipas en contra de Susana Prieto Terrazas.

LISTA DE DESTROZOS

Hugo Alfredo Alonso, planteó en el escrito dirigido a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum; a Rosa Icela Rodriguez, Secretaría de Gobierno; al Subsecretario, Arturo Medina, así como a los representantes del Congreso de la Unión, que el funcionario debe aclarar y zanjar asuntos inaplazables hacia la base trabajadora como la entrega de vestuario y equipo de seguridad, pendiente desde el 2018, y otras irregularidades lesivas a sus derechos.

No se ha subsanado, por ejemplo,  la entrega de salarios a los trabajadores ubicados en el Programa de Estabilidad Laboral, cuyos pagos han sido retenidos de manera ilegal desde enero de este año; de igual forma, el pago del 20%  por el concepto de infectocontagiosidad.

A espaldas de los agremiados del Único se han cometido otros abusos como la alteración del reglamento de la Caja de Previsión a Lista de Raya (CAPTRALIR), comprometiendo el sistema de pensiones y vivienda de unos 40 mil trabajadores y en vísperas de entregarles el Fondo de Ahorro Capitalizable (FONAC), ni Montecino o algún otro funcionario ha informado a los sindicalizados ni al extraviado e ilegal Directorio de FSTSE, cuáles serán las reglas de operación para su entrega.

Se preguntará usted, amable lector, ¿cómo es posible que se dé tal nivel de desquiciamiento en las obligaciones y derechos laborales hacia los sindicalizados del gobierno capitalino sin que la Jefa de Gobierno repare en ello?

Buena parte de una aceptable explicación radica en que son innumerables los problemas apremiantes para la doctora Claudia Sheinbaum; la inseguridad y salud pública por cuestiones del Covid-19, entre otros. Pero debe hacer un espacio en su agenda para voltear a ver el desorden que en materia laboral han colocado a su gobierno Montecino y Bertha Gómez, pidiendo a sus asesores una valoración de los efectos negativos que esto puede traerle en el corto y mediano plazo a su imagen política.

No es un secreto que Claudia Sheinbaum es una verdadera adversaria de peso rumbo al 2024, para algunos políticos de Morena que no comparten aquello de la equidad de género y menos comulgan con que la doctora pueda ser la primera presidenta de México.

LA EMBOSCADA LABORAL

Dirigir los destinos de la ciudad más grande e importante del país es una invaluable oportunidad para demostrar sus capacidades pero también implica un reto mayúsculo, porque los aciertos o errores que su gobierno tenga en materia laboral con un sindicato de más de 110 mil agremiados, repercutirán de manera directa en los compromisos del gobierno de la República, respecto a sus socios comerciales, sobre todo tomando en cuenta que el panel de observadores del T-MEC, operará en la embajada norteamericana de la CDMX y bastará que trabajadores agraviados con los abusos de poder del funcionario que se trate, toquen a las puertas de la sede diplomática para que los expertos investiguen a lo que haya lugar y procedan en consecuencia.

Los desplantes del Director de Administración de Personal han llegado a un punto de rompimiento con la corriente de Hugo Alonso Ortíz que en su escrito, le solicitan al chileno acreditar su actual capacidad migratoria en nuestro país para ostentar un cargo público en el gobierno citadino; además, le plantean aclarar el por qué le ha sumado un problema más a la doctora Sheinbam al haber expresado, referente al incremento salarial pendiente:

“ES PROBABLE QUE ESTE AÑO NO HAYA INCREMENTO SALARIAL Y CUALQUIER DECISIÓN RELATIVO A ESTE TEMA LA TOMARÁ PERSONALMENTE LA JEFA DE GOBIERNO”.

Sorpresas como ésta serán las que deberán atender en lo inmediato los panelistas nombrados por Nancy Pelosi, cuando revisen lo que ocurre en el gobierno de la CDMX, donde unos cuantos funcionarios menores han reducido a letra muerta el capítulo laboral del T-MEC y la Reforma Laboral del presidente López Obrador.

Y si alguien duda de los alcances pactados en el acuerdo modificatorio del tratado comercial, que le pregunten al vapuleado gobernador tamaulipeco, quien ya sintió en carne propia los efectos de la carta firmada por los congresistas norteamericanos al exigir la liberación de Susana Prieto.

Los representantes del país vecino ya demostraron que no se andarán por las ramas al exigir  respeto a la vida interna de los sindicatos y al voto libre, directo y secreto de los trabajadores mexicanos.

Preguntamos de salida: desde su punto de vista, amable lector, ¿quién cree usted que deberá responder por la emboscada laboral que se ha venido fraguando contra la doctora Sheinbaum desde las oficinas de Fray Servando 77?