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LA GUERRA CONTRA EL NARCO, SIGUE VIVA

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SILOGISMOS

*La Alta Comisionada de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet dijo que “México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra”; mientras en nuestra nación crecen los niveles de terror y barbarie que ha creado el nulo combate a los grupos del crimen organizado

Por Antonio Ortigoza Vázquez

@ortigoza2010

La guerra que libra el Poder Ejecutivo –representante del Estado— con los huachicoleros y el Crimen Organizado, no tendrá un desenlace definido.

Ello, inclusive, fue acentuado con frases teñidas de indirectas e implicidades diplomáticas por la ex Presidenta de Chile, Michelle Bachelet y hoy,  Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al finalizar su visita oficial a México.

El parecer de la ex Presidenta Bachelet coincide con el sentir de no pocos mexicanos, de que esa guerra —ya se han perdido  decenas de miles de vidas— es una expresión que sigue viva en nuestro país.

Cierto. La táctica tendría el propósito estratégico de destruir al Crimen Organizado o, en el mejor de los casos, reducir su poder económico y, por ende, su alcance logístico y operativo.

En otro escenario posible, el desenlace sería el de imponerse al Crimen Organizado y limitar sus actividades y, secuencialmente, su alcance y establecer una nueva correlación.

Si ese escenario prospectivo posible se concretara, su desenlace supondría el establecimiento de nuevos términos entre el Poder Ejecutivo –el gobierno– y el Crimen Organizado. Nuevo modus vivendi.

Pero no resolvería ello el problema del crecimiento del Crimen Organizado, identificado éste como la suma de organizaciones dedicadas al tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, así como el robo de combustibles.

Antes de proseguir con este tema, hágase la salvedad de que el Poder Ejecutivo entiende por Crimen Organizado a los cárteles del narcotráfico, lo cual es ambiguo.

La definición correcta, inclusive en términos jurídicos, es la de que por Crimen Organizado entiéndase a todo quehacer delictivo que se realiza mediante asociaciones organizadas para delinquir.

En ese sentido, al margen de semanticismos, son parte del Crimen Organizado aquellos grupos que actúan en rubros distintos a los del narcotráfico, en la comisión de fraudes financieros, etcétera.

Ese etcétera abarcaría, predeciblemente, el secuestro, la desaparición forzada de personas, la tortura, ésta sí que es muestra de organización muy antigua y consolidada en la cultura del poder.

Crimen Organizado es, por otro lado, aquél que se traduce en la violación sistemática –es decir, organizada– de los derechos humanos. Esa es una práctica corriente en México.

Y el violador principal de los derechos humanos en México es el Estado mexicano mismo y sus instancias ejecutivas en los ámbitos federal y de los estados y hasta en los municipios.

Así, según la lógica de la expresión de Crimen Organizado es el tema olvidado por el gobierno mismo, lo cual le socava autoridad moral y ética.

Y es que siendo el gobierno quien debe de combatir al Crimen Organizado ha mostrado serias limitaciones para combatir efectivamente a otra vertiente, que es la del narco.

Esta percepción es generalizada. Vastos segmentos de la sociedad mexicana registran esta guerra como un conflicto entre dos bandos delincuentes, cuya motivación es el control de un botín.

¿Cuál puede ser ese botín? En esos mismos segmentos de la sociedad persiste la convicción general de que los dineros –en efectivo– del narcotráfico conforman un móvil muy poderoso para muchos políticos.

Ello habla, desde luego, de la bajísima opinión que en términos amplios tiene la ciudadanía acerca de los hombres y las mujeres del poder político que deberían trabajar en bajar los niveles de sangre que tiñe a nuestro país.

Esto nos lleva al enorme potencial de fracaso de los objetivos buscados mediante la guerra del Poder Ejecutivo contra la vertiente narco del Crimen Organizado.

La táctica correcta, si es que en realidad hay la motivación honesta de las actuaciones del gobierno contra la vertiente narco del Crimen Organizado, lo planteó aquí la señora Bachelet: respeto a los derechos humanos.

Y añadiríamos: crear certidumbre económica para que, junto con la educación y la política –despenalizar el consumo de estupefacientes y sustancias psicotrópicas– se reduzca el mercado de consumidores.

Actuar en contrario –como lo hace el gobierno– es errado y, por lógica, sospechoso de que los móviles verdaderos no son los que esgrime, sino otros: controlar el mercado y las ganancias que genera.

“México tiene cifras de muertes violentas propias de un país en guerra: 252 mil 538 desde 2006”, reconoció la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, lo dijo fuerte y claro.

Y asombrada añadió: “Fue una sorpresa lo que he me llevado. Sin duda, el caso Ayotzinapa lo conocía. Pero el número de 40,000 desaparecidos o los 26,000 cuerpos sin identificar o las casi 10 mujeres asesinadas cada día… Yo sabía de la violencia sin duda, eso lo sabía muy bien, pero no tenía impresión de la dimensión de estos casos de violaciones de derechos humanos”.

Y estamos de acuerdo cuando Michelle Bachelet le recordó al  gobierno de AMLO que heredó «una situación de extrema violencia». De no actuar con firmeza Don López, si falla la Guardia Nacional y las acciones de la fuerza del Estado son erróneas, la consecuencia es la debacle ocurrente, que ha ido de menos a más, la cual podría alcanzar proporciones inimaginables. Al tiempo.