Tiempo de lectura aprox: 4 minutos, 36 segundos
En Condominio
Por Ignacio León Montesinos
Especial de Expediente Ultra
El tamaño de la indignación mostrada por el gobernador Omar Fayad Meneses en el Hospital Regional de Tulancingo, es directamente proporcional a la corrupción e ineficiencia con que se venía conduciendo dicho nosocomio, al grado de que por la irresponsabilidad de un “idiota” que no reportó una falla en el sistema de aire acondicionado se dejaron de realizar mil 600 mastografías a igual número de mujeres, poniendo en riesgo su vida ante la imposibilidad de no detectar a tiempo un cáncer de mama.
Patético aceptar que la sala de shock no cuenta con el equipo necesario para atender casos de emergencia donde la vida pende de un hilo, pues al ex gobernador Francisco Olvera y a su séquito de ineptos que le acompañaron en su administración les importaba más el manejo de su “imagen” que dotar de los instrumentos necesarios al flamante hospital inaugurado en marzo pasado por el Presidente Enrique Peña Nieto, y a quien los ex funcionarios hidalguenses hicieron presa del artero engaño, llevando instrumentos médicos prestado de Pachuca para aparentar que los recursos públicos se habían empleado correctamente en el equipamiento. Como si jugar al hospital de utilería fuera una inocente gracejada, pasando por alto, de manera criminal, que los nosocomios oficiales están para salvar vidas.
Es por ello que resulta por demás comprensible la indignación de Omar Fayad porque los recursos públicos, aquellos que surgen de los impuestos que usted y yo pagamos, tampoco se escaparon de la voracidad de los ex funcionarios en aquellas áreas donde la corrupción es inaceptable pues se pone en riesgo la salud de miles de personas, sobre todo de escasos recursos.
¿Qué se hizo con el dinero que debió emplearse en la compra de equipos especializados? ¿Qué castigo merecen estos verdaderos homicidas a los que no les importa lucrar poniendo en riesgo la vida de los demás?
En lo personal sentimos que el término “idiota” empleado por el gobernador Fayad se quedó corto para dimensionar el tamaño de la irresponsabilidad de muchos malos servidores públicos que deben salir por cuerdas de áreas tan delicadas como el sector salud de Hidalgo. Hay vocablos con un sentido más peyorativo a los que merecidamente se han hecho acreedores estos sátrapas disfrazados de empleados públicos.
Y como suele suceder apenas el mandatario hidalguense constató las grotescas irregularidades, el aire acondicionado comenzó a funcionar lo mismo que el mastógrafo. Historia que, por desgracia, se repite cada vez que Fayad decide hacer sus visitas inesperadas a los nosocomios lo que pone de relieve el grado de corrupción e inoperancia con que se manejaron en el gobierno de Olvera los hospitales públicos.
Pero la corrupción y la presencia de infinidad de “idiotas” –que se pasan de vivos–, no son privativas de los centros de salud; la contralora Citlali Jaramillo apenas y está abriendo la Caja de Pandora de la anterior administración y ya brotan por doquier uñas y colas largas, tan comunes a las ratas.
Lo mismo en la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH), que en el DIF Estatal y otras dependencias, la huella delatora de la corrupción se asoma con el mayor de los cinismos, mostrando de ribete el hilo conductor de muchos actos políticos que sumidos en la red corruptiva de los intereses creados, fraguaron desde el otorgamiento de millonarios contratos un proyecto político que les asegurara por seis años más su ilegal Jauja.
Mucho tienen que decir al respecto los nombres del ex titular del Patronato del DIF Hidalgo, Ernesto del Blanco Arjona –constructor consentido de Paco Olvera y patrocinador de su campaña–, Karla Ortíz Prado, ex Subsecretaria de Planeación para el Desarrollo de la SEPLADERYM, dependencia donde se prohijaron infinidad de cuestionables obras y que no por algo, el actual mandatario ordenó su desaparición. Esta funcionaria tendrá mucho que aclarar en los meses por venir, sobre todo porque diversos medios de comunicación la ubican también como la operadora de irregulares manejos en el DIF estatal, donde se desempeñó como Subdirectora de Administración, Planeación y Finanzas. Ligada políticamente al ex Secretario de Gobierno y actual diputado federal, Fernando Moctezuma Pereda, es fácil deducir hacia a dónde apuntaba el truncado proyecto político.
Por fortuna, para el estado y sus habitantes, fracasaron en su intento, aunque muchas de sus rémoras siguen incrustadas en áreas estratégicas y cargos de regular importancia que en su momento deberán caer por inercia propia a los cambios que ya se operan. Una celda sería el justo pago a sus excesos.
Pero sin duda que en cuanto a las ineficiencias se refiere hay omisiones que quizá no por mala fe sino por desconocimiento de los problemas y el funcionamiento de ciertas mafias que operan, por ejemplo, al interior de los penales, pueden abonar problemas a la naciente administración. Tal es el caso de la llegada a la Subsecretaría de Seguridad Pública y Reinserción Social del estado, de Laura Talamantes García, ex directora de penales como el legendario Puente Grande –de donde se fugo El Chapo Guzmán–, y de los Reclusorios Norte y Sur de la Ciudad de México.
Hace apenas unos días en que se registró un intento de motín en el penal de Pachuca, la funcionaria y el titular de la Dirección de Prevención y Readaptación Social, Cuauhtémoc Valdez Lugo, debieron recular en su intento por modificar el reglamento interno que rige ese centro penitenciario. Ese día en el comedor los reclusos tundieron a “pollazos” –con muslos para ser más exactos—a los servidores públicos. Su enojo radicaba en que se buscaba que los presos y sus familias pagaran los platos por la evasión de tres reos, sucedida con antelación.
Los “amotinados” hicieron ver a Lugo y Talamantes que la fuga de los prisioneros se había dado, “curiosamente”, por el lado del área administrativa a la que se tiene acceso siempre y cuando sean las propias autoridades las que así lo permitan. Las irregularidades, señalaron, no se resolverían con la salida del ahora ex director, Artemio Montaño, sino con una depuración a fondo de los vicios que perviven desde hace años al interior del penal y que generan apetecibles ríos de dinero.
¿Cuáles? Enumeremos algunos: En el Cereso de Pachuca existen tres tiendas; una es manejada por Nayeli Ulloa Gómez “La Güera”, secuestradora integrante de las bandas de Los Tiras y Los Petriciolet, a las que se adjudicó el secuestro de Laura Zapata y Ernestina Sodi, hermanas de la cantante Talia. Otro de los establecimientos es operado por su novio, Julio Gerardo Medina Quiroz. Ambos personajes controlan la venta de infinidad de productos que van desde refrescos hasta celulares con tiempo aire incluido, sin descontar las bebidas alcohólicas de todas las marcas y drogas, todo por supuesto a un muy alto precio.
Esto ha venido ocurriendo por años con la anuencia de directivos de reinserción social los cuales se llevan conservadoramente a la semana unos 60 mil pesos, sin olvidar la venta de muchos de los artículos empleados para elaborar “el rancho” en la cocina del penal, que deberían ser para el consumo de los internos y los cuales son vendidos por fuera.
Podrá entenderse entonces el enojo de los presos cuando se les anunció la cancelación para que sus familiares les llevaran alimentos, pues esto los condenaría a quedar a expensas del monopolio que todo lo vende al interior del penal. Por dar un ejemplo: una lata de chiles que en cualquier tienda cuesta seis pesos, en el Cereso de Pachuca cuesta 18. Y así por el estilo. El poder de corrupción ha llegado a tales extremos que a La Güera, según versiones de los internos, uno de los ex comandantes del penal, Jorge Sánchez (a) “El Cebollón”, la sacaba a realizar sus compras a Soriana y otros supermercados. De ése tamaño la complicidad.
Se explica el por qué de poco o nada le valieron sus años de experiencia a Laura Talamantes, pues antes de querer imponer nuevas reglas a los internos debió acercarse y platicar con ellos. Los centros penitenciarios son algunos de los muchos males que empiezan a escapar de la Caja de Pandora del anterior gobierno. Y algo habrá que hacerse para acabar con los enraizados intereses que aún los controlan en perjuicio de miles de reclusos.
