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Poco después del operativo del 17 de octubre en Culiacán escribí que era probable que la decisión de no enfrentar allí a los sicarios haya salvado vidas momentáneamente –como ha alegado con insistencia el gobierno federal–, pero que nada garantizaba que esas mismas armas que los delincuentes exhibieron en la capital sinaloense, u otras en poder del mismo grupo, no se usaran para matar a otras personas.
Bien podría ser que eso haya ocurrido en el municipio de Bavispe, Sonora, donde nueve personas –tres mujeres adultas y seis menores de edad– fueron asesinadas el lunes.
En esa zona opera una de las células del grupo criminal Gente Nueva, uno de los brazos armados del Cártel de Sinaloa, quizá el más violento de todos.
Gente Nueva apareció en 2007 para hacer la guerra a la banda de Los Zetas. Su fundador, Noel Salgueiro Nevárez, detenido en 2011, ha sido señalado como uno de los personajes más sanguinarios de la violenta escena criminal.
El 28 de marzo de aquel año aparecieron dos cadáveres en el puerto de Veracruz. Junto a ellos había una cartulina en la que Gente Nueva reivindicaba los asesinatos y amenazaba con hacer lo mismo con todo el que apoyara a Los Zetas.
Posteriormente, el grupo comenzó a actuar en los estados de Chihuahua, Sonora, Sinaloa y Durango, siempre con el sello de la máxima violencia. Suele subir fotografías a internet en las que presume su armamento. Se calcula que tiene unos cinco mil integrantes, divididos en una decena de células, que están bajo las órdenes de Iván Archivaldo Guzmán, quien el 17 de octubre salió al rescate de su hermano Ovidio, cuando había sido detenido en Culiacán.
Actualmente, buena parte de los elementos de Gente Nueva pelean una guerra encarnizada con La Línea, el grupo armado del Cártel de Juárez. La pugna de estas dos bandas ha sembrado de cadáveres las zonas serranas de Chihuahua y Sonora. Una de esas células tiene a su cargo un corredor que va desde Madera, Chihuahua, hasta Agua Prieta, Sonora. Se conoce como Los Jaguares, por el apodo de su líder, Francisco Arvizu Márquez.
Las otras células se dividen buena parte de la geografía chihuahuense, como de la José Noriel Portillo, El Chueco, señalado como responsable del asesinato del excursionista estadunidense Patrick Braxton, ocurrido hace un año en Urique.
En diciembre pasado, una insólita manifestación de pobladores de Madera, Chihuahua, impidió la entrada de ocho camionetas de la Policía Federal a la comunidad de El Largo, en el norte del municipio. Los manifestantes portaban pancartas en las que decían que se sentían más seguros protegidos por El Jaguar que por las fuerzas del orden.
Las tres camionetas en las que se desplazaban el lunes los miembros de la comunidad mormona de La Mora, Sonora, rumbo a LeBarón, Chihuahua, pudieron haber sido atacadas por hombres armados de Los Jaguares o por sus rivales de La Línea. Lo cierto es que permitir que esos grupos criminales u otros controlen territorio significa una amenaza constante contra personas inocentes que las autoridades mexicanas no debieran tolerar.
Creer que ellos no atacarán si no se les agrede es una falacia. El Estado tiene que recuperar el territorio perdido ante la delincuencia y hacerlo pronto. Como lograr esto es decisión de las autoridades, comenzando por el gobierno federal –para eso se les eligió–, pero ninguna estrategia funcionará mientras no se reconozca que lo que se hace hoy –o más bien, dejado de hacer– no está dando resultados. Demorar más el cambio de rumbo sólo conseguirá un mayor derramamiento de sangre.
