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LA NUEVA CONSTITUCIÓN DE LA CDMX, SERÁ LA TUMBA A LAS AMBICIONES DE JUAN AYALA

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La propuesta de mancera no le resultó un traje a la medida

*  Mientras el líder del SUTGCDMX y diputado

constituyente impuso reformas a los estatutos

de su organización para eternizarse en el cargo

junto con sus incondicionales, el contenido de las

nuevas leyes  establece mecanismos que protegen

el voto libre, directo y secreto de los trabajadores

para fortalecer su democracia interna y alentar

la libre sindicación

 

Por Carlos González Merino*

Especial para Expediente Ultra

 

La nueva Constitución de la Ciudad de México ha mostrado ya lo sustancial de su contenido en material laboral no augurando alentadores parabienes a líderes que como el dirigente del SUTGCDMX, y diputado constituyente, Juan Ayala Rivero, han hecho de la simulación y sus frases cliché las formas para tratar de engañar a sus 110 mil agremiados que dice representar pero que en la práctica ha dejado a merced de los intereses políticos y a los caprichos de diversos funcionarios capitalinos.

Ajeno en todo sentido a la redacción del documento que Miguel Ángel Mancera presentó a los constituyentes, y en el que participó un grupo de trabajo de 30 personalidades apoyados por 20 asesores externos,  Juan Ayala se llevará un chasco, como lo aquí lo apuntamos en su oportunidad, con el contenido de artículos  que buscan  alentar la democracia sindical a través del voto secreto y directo de los trabajadores, tanto de la burocracia capitalina como del resto de las ramas económicas, lo mismo que la rendición de cuentas y el impulso a la libre sindicación; es decir, el fin monopólico de organizaciones que, como el Único, terminaron pervertidas en sus estatutos por los intereses personales de pequeños grupos de oportunistas.

Lo paradójico en el futuro inmediato es que para subsistir el modelo antidemocrático que permite la reelección a perpetuidad en el Único y la cancelación de la libre voluntad de los trabajadores, Juan Ayala tendría que hacer alianza nada menos que con el líder cetemista y también diputado constituyente del PRI, Carlos Humberto Aceves del Olmo, que verá afectados sus intereses por la reglamentación de los recuentos sindicales y el registro y transparencia de los contratos colectivos, lo que terminaría con los contratos de simulación que tanto daño han hecho, por décadas,  a miles de trabajadores en la capital del país. Injusticia acentuada con el desmedido uso de las “outsourcings”. Los aparentes polos opuestos pueden terminar atrayéndose en la defensa de sus intereses muy, pero muy personales.

Y es que las palabras “reelección” y menos “perpetuidad” aparecen en el contenido de la nueva Carta Magna en claro sentido al más amplio respeto a los derechos humanos de las y los trabajadores de la ciudad de México; una muestra inobjetable de que las reformas hechas a los estatutos del Único van en sentido contrario a lo que se va a discutir en el Constituyente y que añoran regresar a un pasado obsoleto y autoritario. Y si no, observe lo semejante que resulta el enfermizo afán de poder de Ayala y su séquito, con el de Porfirio Díaz y sus incondicionales, hace más de un siglo.

Desde 1876 en que el general Porfirio Díaz ocupó con sus fuerzas la capital del país y se declaró a sí mismo presidente provisional, se reeligió ocho veces en el cargo  para mantenerse en el poder por 34 años; parte de su sistema de adhesiones consistió en permitir igual sistema de eternización en los puestos  de sus “jefes políticos” en el país, mal llamados “gobernadores”,  que le profesaron lealtad hasta la ignominia con el fin de permitirles también la inamovilidad  a través de supuestas elecciones democráticas como las habilitadas tramposamente por el dictador, amasando grandes fortunas.

Esto permitió que caciques regionales como el coronel Próspero Cahuantzi, gobernara Tlaxcala durante todo el periodo de Díaz; el general Aristeo Mercado al de Michoacán por más de 25 años; los generales Francisco Cañedo, Abraham Bandala y Pedro Rodríguez hicieron lo propio en Sinaloa, Tabasco e Hidalgo, donde ejercieron el cargo por más de 20 años con la aprobación del hombre que aniquiló la democracia por más de tres década y llevó al hambre y a la marginación al país.

Guardadas las proporciones, ahora el diputado constituyente aplica la misma táctica  para instalarse a perpetuidad al lado de sus corifeos,  tratando de volver el tiempo atrás a sistemas autoritarios, caciquiles y antidemocráticos que se creían superados en México   y que, como ya indicamos, no tienen cabida en  los fundamentos democráticos de la propuesta  constitucional de Mancera.

Sería pertinente que el desubicado constituyente se alejará un poco del sopor en que lo tienen inmerso sus aplaudidores e ineptos  asesores y se pusiera a leer un poco el contenido de la nueva Constitución para que ubique  su desfasamiento de  una realidad por venir y deje de soñar y enarbolarse como el “líder máximo” de la clase trabajadora  de la CDMX cuando carece de consensos y representación de gremios como los trabajadores del Metro, del Tribunal de Justicia, de la Procuraduría capitalina, de los Tranviarios y otros muchos sectores de asalariados.

¿Acaso cree el aprendiz de “mesías” que tomándose la foto al lado del Jefe de Gobierno,  visitando los despachos de los operadores de Mancera, comprándose  una imagen en algunos medios, o satanizando a determinado partido y su líder,  estará a la altura de las nuevas circunstancias políticas?

La nueva Constitución busca un piso parejo para los trabajadores del Gobierno Central y el resto de sus poderes, y salta la duda: ¿Lo hay en el Único a favor de sus 110 mil agremiados? Hasta donde los hechos hablan existe una brutal injusticia laboral en por lo menos unos 40 mil trabajadores al servicio de la administración capitalina que inmersos en la maraña de diversos códigos como los temporales, de confianza, códigos “5” y otros más, no gozan de las mismas prestaciones que los de base, ni los beneficios de la seguridad social, en el sentido más amplio, siendo obligados a laborar por más de 12 horas y servir a intereses partidistas bajo la amenaza de rescindirles el contrato. Por si esto no bastara, nunca en la historia del Único, miembros del  Comité Ejecutivo General  habían sido despedidos e intimidados por la autoridad y menos aún dejados a su suerte por su dirigente, para defenderse por sus propios medios, como ahora sucedió con el tibio Juan Ayala.

De acuerdo al bosquejo establecido en el proyecto de ley presentado al Constituyente, esto deberá terminar, y el asunto es que en todos los años que Ayala Rivero lleva como líder, nunca ha alzado realmente la voz para exigir el pleno uso de los derechos de sus agremiados por la sencilla razón que su premisa fundamental no es representarlos ni enfrentarse a las autoridades en la defensa de sus intereses sino ser una comparsa de los funcionarios  para tapar irregularidades y hasta desvíos millonarios de los recursos de los trabajadores como sucede con el manejo discrecional y unilateral que hace el gobierno capitalino, sobre todo a través de la Oficialía Mayor, de la Caja de Ahorros del gremio.

Lo que está por venir una vez aprobada la nueva Constitución de la CDMX, cambiará el entorno no propiamente del Sindicato Único sino de muchas otras organizaciones gremiales, pues se contempla que las Alcaldías tengan competencia en materia de gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, servicios, desarrollo urbano, rural y social, protección civil, bienestar colectivo y seguridad ciudadana, promoción económica, cultural y deportiva. En pocas palabras, que la relación laboral con sus trabajadores recalará directamente en quienes serán sus alcaldes y cuerpos edilicios.

Pero veamos algo del contenido del artículo 15 (Ciudad Productiva. De las personas trabajadoras asalariadas), que marca en su inciso E, punto 2. Las autoridades de la ciudad, en el ámbito de sus competencias:

  1. e) Establecerán las medidas necesarias para que las dirigencias y representaciones sectoriales ante los órganos previstos por las leyes, cumplan con sus obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, y garantizarán la protección contra todo acto de injerencia de los poderes públicos.
  2. Las personas trabajadoras tienen derecho a la libertad de asociación sindical, a la sindicación, a la huelga y a la negociación colectiva para el establecimiento de condiciones de trabajo pactadas de manera democrática y participativa. Garantizarán su derecho a ser informadas sobre el contenido del contrato y a aceptarlo o rechazarlo.
  3. Las autoridades laborales de la Ciudad de México:
  4. a) Proveerán lo necesario para el establecimiento de un registro público de sindicatos y de contratos colectivos de trabajo, mediante el organismo independiente que establezca la ley;
  5. b) Combatirán toda práctica de simulación en las relaciones de trabajo, especialmente las diversas formas de intermediación o externalización que tengan por objeto eludir el cumplimiento de las obligaciones por parte de quienes reciben los servicios;
  6. d) Reglamentarán el recuento sindical; la elección, por medio del voto libre, secreto y directo de dirigencias y su integración a través de la representación proporcional y la igualdad sustantiva; así como la aprobación y registro de contratos colectivos de trabajo, mediante procedimientos transparentes que garanticen imparcialidad y el respeto a la voluntad de las personas trabajadoras;

Y en lo que respecto a la burocracia capitalina, el artículo 15, en su inciso G, De las relaciones de las instituciones públicas de la ciudad con sus trabajadores, señala:

  1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes legislativo, ejecutivo y judicial de la ciudad, en los organismos autónomos y en las Alcaldías, tienen derecho a la libertad de asociación sindical y a la huelga, en los términos previstos por la ley, y gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por esta Constitución

Ahora que el contenido del nuevo precepto que será discutido en los próximos meses está a la vista es indudable que no resultó ser un traje a la medida de los intereses personales de Juan Ayala y sus incondicionales que por más que hayan violentado el estatuto de su organización, serán rebasados por una ley que no se elaboró a base de simulaciones ni frases cliché.

(*) Abogado laborista, ex Vicepresidente del SUTGCDMX, ex Magistrado del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y miembro activo de su organización sindical.

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