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* Pese a existir la orden de una juez de distrito y de la PROSOC, para destituir del cargo que ilegalmente ejerce como administrador del centro de abasto a Manuel Antonio de la Vega, funcionarios de la delegación Iztapalapa, protegidos por la delegada y su esposo, Alfredo Hernández Raigosa, le brindan protección con el fin de seguir manejando de manera discrecional, y en contra de los intereses de los condóminos del lugar, los dos millones de pesos que ingresan mensualmente; con golpeadores y una empresa de seguridad se está ejerciendo la violencia y el terror bajo la complacencia del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
Por Ignacio León Montesinos
Especial de Expediente Ultra
La delegada en Iztapalapa, Dione Anguiano y su esposo, Alfredo Hernández Raigosa, ex titular de la Procuraduría Social (PROSOC), de la Ciudad de México, han brindado desde hace dos años una ilegal protección a Manuel Antonio de la Vega Silva, enquistado administrador del centro de distribución de pescados y mariscos La Nueva Viga, ubicado en la Central de Abastos, para manejar en su beneficio personal y de algunos de sus incondicionales, los dos millones de pesos que mensualmente ingresan en caja por el cobro de diversos conceptos, entre ellos, las cuotas a los condóminos, imponiendo tras el velo de la corrupción y encubierto conflicto de intereses, un ambiente de violencia y terror.
Desde que el hoy refugiado en la Secretaría de Movilidad, Hernández Raigosa, “El Camarón”, era titular de la PROSOC, de la Vega Silva, aprovechó el cargo que desempeñaba como Jefe de la Oficina Delegacional de dicha dependencia en Iztapalapa, Abel Gabriel Badillo Bustamante– actual Director de Gobierno de la demarcación–, para obtener sin cumplir con los requisitos marcados por la ley de condóminos ni los reglamentos en la materia, y menos el voto de los dueños de los locales de La Nueva Viga, su nombramiento como administrador.
Hernández Raigosa como Badillo Bustamente, pasaron por alto que pesaban sobre su protegido cargos por despojo, robo y daño en propiedad privada luego de que el ex administrador del centro de abasto, Manuel Villeda lo denunciara ante las autoridades luego de que trató de quitarle el cargo por la fuerza, violando chapas y causando destrozos a las oficinas administrativas ubicadas a la entrada de La Nueva Viga, de donde sustrajo una fuerte cantidad en efectivo. Por tales delitos, Manuel Antonio de la Vega fue enviado nueve meses al Reclusorio Oriente, pero gracias a sus amigos perredistas, logró salir bajo fianza.
Al salir de prisión, Abel Gabriel Badillo emitió a su favor un nuevo nombramiento sin tomar en cuenta que por haber incurrido en una serie de graves delitos, de la Vega estaba imposibilitado para desempeñar el cargo, pues además, nunca contó ni ha contado con el voto de la mayoría de los condóminos del centro de abasto. Los agobiados bodegueros pensaron que con la salida de Raigosa de la PROSOC, el 26 de marzo del pasado año en que fue acusado de incurrir en delitos electorales, al apoyar desde su cargo y con recursos de la dependencia a su esposa, Dione Anguiano, en su búsqueda por llegar a la delegación Iztapalapa, las cosas cambiarían y el abusivo administrador se quedaría sin sus ilegítimos apoyos, pero se equivocaron porque la nueva delegada rescató a Badillo Bustamante y lo incluyó en su equipo delegacional en el cargo de Director de Gobierno.
Molestos condóminos como María del Carmen Guzmán Álvarez, decidieron demandar por la vía legal la anulación del por demás corrompido nombramiento, objetivo que consiguieron luego de que la juez segunda de Distrito en Materia Administrativa del D.F., Paula María García Villegas falló a su favor conminando a la PROSOC a desconocer lo autorizado por Abel Gabriel Badillo e instruyendo a la dependencia a reponer el fraudulento e inexistente proceso de elección.
Siguiendo lo ordenado por la juez, los condóminos eligieron en asamblea a María del Carmen Guzmán, a finales del pasado mes de abril, obteniendo su registro de la PROSOC, el 3 de mayo, por lo que junto con los electos miembros de su administración procedió a notificarle a Manuel Antonio de la Vega lo que por ley procedía, conminándolo a entregarle las instalaciones administrativas. Situación a la que se negó rotundamente; es decir, el protegido de la delegada, su esposo y los prevaricantes funcionarios delegacionales, ignoró lo ordenado no únicamente por una juez de distrito sino por la propia PROSOC.
Pero la negativa del espurio administrador no sólo se circunscribió a ignorar la ley, además, emprendió una campaña de agresiones y violencia contra la nueva administradora y algunos bodegueros. Por ejemplo, elementos de la empresa de seguridad ESEPSAR, contratada como parte de los acuerdos para enriquecerse a expensas de los recursos de los condóminos, apoyados por gente encapuchada y armada, agredieron a los guardias de seguridad que están al servicio de la legítima mesa directiva. Varios elementos fueron salvajemente golpeados y tres de ellos secuestrados en las instalaciones conocidas como “La Jaula”, sitio donde guardan sus instrumentos de trabajo los carretilleros, por el hecho de haberles exigido la entrega de las casetas de vigilancia.
Es importante destacar que la citada firma de seguridad es representada en este conflicto de intereses nada menos que por Beatriz Badillo Bustamente, hermana de Abel Gabriel, el mismo que otorgó los ilegales reconocimientos al gangster que usurpa la administración del centro de abasto y quien sigue protegiendo desde su cargo como funcionario delegacional a de la Vega Silva.
Por supuesto que ninguno de los bodegueros de la Nueva Viga sabe a cuánto asciende el contrato otorgado a Beatriz Badillo para emplear a estos elementos cuya incapacidad es tal que durante la pasada Semana Mayor, ocasionaron un monumental caos al interior del estacionamiento, al cerrar de manera imprudente una de las salidas hacia el paradero de la Central de Abastos. Cientos de furiosos clientes debieron esperar dos horas para que el caos terminara y pudieran abandonar el sitio.
La nueva administradora acudió ante las autoridades correspondientes a denunciar los hechos pero se encontró con la sorpresa de que tanto los representantes de la procuraduría capitalina en Iztapalapa y jefes policiales como Apolo, le dieron la vuelta; éste último le dijo que era un asunto entre condóminos y que lo único que podía hacer era enviarle una unidad de apoyo, que en efecto llegó, pero no para auxiliarla sino para sumar a los uniformados como elementos “extras” al equipo de ESEPSAR.
El asunto de fondo es más grave porque “Don Chucho”, padre de María del Carmen Guzmán y quien encaró a los elementos de seguridad de Marco Antonio de la Vega, de manera por demás sospechosa, fue herido con una arma punzocortante en la garganta, mientras cerraba su negocio de billares ubicado en la vecina delegación de Iztacalco.
Las agresiones no han parado ahí pues algo similar le ocurrió a uno de los vocales de la nueva administración, Rogelio Hernández, cuyo restaurante de mariscos fue brutalmente allanado en la madrugada del pasado viernes 2, al romper a golpe de cincel las cortinas de su establecimiento, llevándose de sus oficinas, ubicados en la parte alta, joyas, dinero en efectivo y fotografías familiares. El único delito del comerciante y condómino fue hacer uso de la palabra en uno de las juntas organizadas en uno de los patios conocido como “La Virgen”, donde conminó a sus compañeros a no pagar sus cuotas al ilegítimo de la Vega Silva. Como mensaje intimidatorio a Hernández, los delincuentes dejaron picahielos y sacacorchos entre sus pertenencias.
Curiosamente, el afectado se presentó a denunciar los hechos en la Agencia del Ministerio Público ubicada en la Delegación Iztapalapa, pero hasta el sábado 3, aún no se presentaban los peritos de la procuraduría capitalina a levantar la fe de hechos. Incluso, una de las cámaras de seguridad interna que se ubica justo frente a su establecimiento, fue retirada por los elementos de ESEPSAR para borrar toda evidencia del robo y allanamiento, del que, por supuesto, no se hace responsable el impuesto administrador.
En entrevista con Expediente Ultra, la reconocida por ley, nueva administradora, señala también temer por su vida y seguridad personal y responsabiliza de lo que le pueda sucederle a las apáticas autoridades que están pasando por alto las resoluciones judiciales emitidas a favor de los derechos de los condóminos.
La preocupación que le embarga como al resto de los dueños de establecimientos en La Nueva Viga es que los excesos de terror y violencia que vienen cometiendo los golpeadores y elementos de seguridad del enquistado personaje, pongan en riesgo a los clientes habituales que todos los días acuden al centro de abasto sin imaginarse el peligro que corren.
Indudable que el trasfondo ocultó tras la protección que otorga la delegada, su esposo y funcionarios incondicionales como Abel Gabriel Badillo, a Manuel Antonio de la Vega, radica en el manejo discrecional de los dos millones de pesos de ingresos mensuales, 48 millones, para ser más exactos de los que en dos años no ha rendido cuenta alguna a los condóminos de La Nueva Viga y que se han convertido en uno de los tantos jugosos botines que los políticos perredista manejan con la más absoluta impunidad, en una ciudad donde el Jefe de Gobierno insiste en decir que se vive bajo un estado de derecho. Opinión que, por supuesto, no comparten ni Dione Anguiano ni Alfredo Hernández Raigosa, dueños a trasmano del centro de distribución de pescados y mariscos más grande de América Latina.
La pregunta es: ¿Hasta cuándo Miguel Ángel Mancera se dignará voltear a ver a la mafia que está conculcando los derechos de los bodegueros en La Nueva Viga?
Sus nombres, apellidos, y apelativos, son bien conocidos: Uno de ellos es el famoso “Camarón”, hoy aviador en la SEMOVI, bajo el supuesto cargo de Subsecretario de Desarrollo y Movilidad, y que de crustáceo ha mutado a un insaciable escualo que se ríe del chinchorro con que Mancera pretende capturar a los peces gordos que chapotean en las turbias aguas de la corrupta política en la flamante CDMX.
