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Una realidad la propuesta de Omar Fayad
En menos de un mes el gobernador Omar Fayad está cambiando los viejos esquemas de hacer política en Hidalgo, demostrando que su programa de gobierno no quedará en el papel sino se reflejará en los hechos en asuntos como el combate frontal a la corrupción, la cero tolerancia a la impunidad y la cercanía de sus funcionarios, incluido él mismo, con la sociedad; casos como el otorgamiento de notarías a funcionarios y políticos no serán solapados en su administración
Por Ignacio León Montesinos
Fotos Especiales
A unas semanas de haber asumido el cargo como nuevo gobernador, Omar Fayad Meneses ha sacudido a las viejas estructuras, a los intereses creados y a los enquistados arquetipos de la corrupción que ahora han puesto a temblar a aquellos que, desde el poder público, gozaron de ilegítimos privilegios y abandonaron el compromiso por servir a la gente de Hidalgo.
Cuando durante su toma de posesión el mandatario señaló: “No habrá cabida para la corrupción”; “seré claro y contundente: a mis colaboradores les reitero lo que he dicho en público y en privado, habrá cero tolerancia a la corrupción; no más diezmos ni moches, la gente nos dice en la calle que está cansada de funcionarios corruptos e ineficaces”, el escepticismo, sobre todo de la oposición, dio por sentado que sus propuestas quedarían para el anecdotario político.
Pero…al paso de los días, sus palabras se fueron convirtiendo en acciones y hechos contundentes. Todavía estaba grabada en la mente de los hidalguenses su mensaje: “Si un gobierno no es honesto, su ciudadanía no confía en él”, cuando el viernes 9 de septiembre Omar Fayad ordenó el cese fulminante del comandante Roberto Cordero Mercado como coordinador de seguridad estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).
¿El motivo? encubrir a su hijo, acusado de atropellar a un adolescente de 16 años de edad dos días antes, usando el cargo público para no presentarlo ante las autoridades para que respondiera ante la ley. El accidente sucedido en el bulevar Colosio, hubiera quedado sin castigo y el infractor, Roberto Carlos Cordero Montiel, hijo del jefe policiaco, habría burlado la acción de la justicia pero la instrucción del flamante gobernador para que la controlaría del estado se avocara a una investigación de lo que hubiera sido un caso más de impunidad, amparó a la víctima.
Cordero Mercado que fuera uno de los funcionarios más influyentes en la pasada administración supo que el perpetrarse tras un cargo ya no será garantía para evadir la acción de la justicia. Su ejemplo, empero, es apenas el primero de una lista que empezará a crecer conforme pasen los meses, en una administración de cero tolerancia a la corrupción y la impunidad.
El jefe policial destituido era bien conocido entre la población no por sus méritos de combatir a la delincuencia sino por sus métodos de represión hacia la sociedad civil, como cuando el 20 de agosto del pasado año, ordenó el uso de gas lacrimógeno para dispersar una manifestación de vecinos de El Huixmi que protestaron contra las altas tarifas del Tuzobús, resultando heridos mujeres y niños. No en pocas ocasiones, Cordero envío al cuerpo de granaderos a golpear manifestantes.
SOBRE ADVERTENCIA NO HAY ENGAÑO
Antes de su toma de posesión, el entonces gobernador electo empezó a marcar distancia de eventuales casos de corrupción como quedó de manifiesto en la reunión que realizó junto con el todavía gobernador, Francisco Olvera, donde éste último confirmó que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) había detectado anomalías en el Sistema Hidalguense de Radio y Televisión (SHRT), donde se ubicaron “operaciones raras” en la facturación que realizaba dicha dependencia al gobierno federal.
Dos meses ante de las elecciones, en abril, el hasta entonces titular del Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo, Sergio Islas Olvera fue destituido del cargo en el que mostró siempre una clara incapacidad para desempeñarlo, al trascender que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) le congeló sus cuentas bancarias, tras detectar un fraude por más de 100 millones de pesos. El funcionario más que elevar la calidad de los medios oficiales, se dedicó a despedir periodistas que le eran incómodos y a hacer pingües negocios con el cargo, al que llegó no por méritos profesionales sino de dedazo.
El vergozonso caso reculó esa mañana del pasado cuatro de julio en que Olvera Ruiz y el gobernador electo, Omar Fayad Meneses, presentaron al equipo de transición que operaría la sucesión en el gobierno estatal, y donde los medios preguntaron a Fayad sobre las acciones que tomaría una vez que asumiera el cargo para investigar el presunto desvío de más de 100 millones de pesos en el SHRT, así como los “moches” que se dijo, exigían los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) y de Planeación a concesionarios de las tiendas escolares y a los presidentes municipales. La respuesta sucinta pero premonitoria, fue: “Caiga quien caiga”, anticipó Fayad Meneses tras afirmar que así había quedado acordado con el aún mandatario.
Un mes después, el 23 de agosto, y al sostener una reunión con los delegados federales Fayad volvió a remarcar que en su gobierno habría “cero tolerancia a la corrupción”.
LAS CUESTIONADAS NOTARÍAS A REVISIÓN
Pero apenas había tomado posesión el nuevo mandatario, cuando apareció en la escena de la política hidalguense un asunto que se creía propio de cuestionados gobiernos como el de Quintana Roo, donde el ex gobernador, Roberto Borge, entregó 45 notarias a diputados locales, funcionarios de su administración y contratistas favorecidos en su gobierno, pasando por alto lo establecido en la Ley del Notariado de esa entidad.
En Hidalgo nombres como los del ex procurador Alejandro Straffon, del ex titular de la Secretaría del Trabajo, Valentín Echavarria Almanza , así como Héctor Aldana Rodríguez, secretario particular del hasta hace unas semanas Secretario de Gobierno, Salvador Elguero Molina y hasta el aún Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Hidalgo, Juan Manuel Menes Llaguno, aparecieron como los favorecidos con la entrega de 16 notarias, apenas unos días antes de concluir la pasada administración.
¿Dejaría pasar tan sonada anomalías el recién desempacado gobernador? La vieja usanza apuntaba a que así fuera pero la posición adoptada al respecto por Fayad Meneses no dejó el menor resquicio a las suspicacias. Cuestionado al respecto y de manera firme, el gobernador más que tomar el toro por los cuernos, cogió capote y espada tirándose a matar, al precisar a los medios: “Hubo personas que se quisieron inscribir al proceso y no pudieron porque el proceso no se apegó a lo que la ley señala, por ello he pedido que se haga una revisión a fondo, y habremos de otorgar al Poder Judicial de la Federación la información necesaria para ver si se hizo en términos estrictamente de ley”.
Y fue más allá, instalado en el redondel del combate a la corrupción al adelantar que si el otorgamiento de las polémicas notarias no estuvo apegado a derecho, “se podrían revocar”. Más aún, y para que no quedarán dudas sobre la caída de los viejos esquemas de la corrupción y la impunidad en Hidalgo, sentenció: “aunque vean nombres muy importantes, el compromiso es real con la gente, y yo no podría proteger una situación fuera de la ley”.
El asunto de los casos de corrupción heredados al nuevo mandatario ya decantó en los Congresos local y federal. En éste último, la diputada de MORENA, Norma Xóchitl Hernández Colín, anunció que presentará una iniciativa de ley en San Lázaro para impedir que al final de sus mandatos los ex gobernadores entreguen notarias a sus funcionarios, compañeros de partido y socios como “si fueran caramelos”, pues ello demuestra que en la administración que recién concluyó en Hidalgo “no hubo independencia del Poder Judicial con respecto al Ejecutivo, pues ¿cómo explicar que en un claro conflicto de intereses y tráfico de
influencias el ex gobernador haya dado una notaría nada menos que al Presidente del Tribunal de Justicia? Sólo hay una razón: que su titular torció la ley por consigna, manteniendo en prisión a muchas personas inocentes. Esta y otras anomalías que atentan contra el estado de derecho deben corregirse”, indicó a los medios.
También la legisladora local, Gloria Romero León se ha pronunciado por hace eco a la cero tolerancia del gobernador Fayad y respecto al desvío de cien millones en el Sistema de Radio y Televisión del Estado, “que no debe quedar impune” solicitó que la Auditoría Superior del Estado (ASEH) presente un informe del estado que guarda la investigación ante el Congreso local, a través de la Comisión Inspectora.
Añadió al respecto: “En febrero de 2016, la ASEH inicia un procedimiento administrativo contra el Sistema de Radio y Televisión de Hidalgo por no haber entregado, en 2015, de manera sistemática, los informes trimestrales que por ley debe presentar toda instancia de gobierno y organismos descentralizados, procedimiento que concluye con una multa de 69 mil pesos», sentenció la panista dejando abierta la puerta a detectar aún más irregulares en la gestión de Islas Olvera.
De hecho, en el seno mismo del Congreso Local han aparecido también visos de negocios no del todo claros, paradójico, en el otorgamiento de la concesión para los servicios de limpieza de la Torre Legislativa donde en una dudosa licitación fue la empresa White Clean la que obtuvo un jugoso contrato para la prestación del servicio, apareciendo como socio de la misma nada menos que Francisco Bautista, ex Secretario Particular del ex Presidente de la Junta de Gobierno, el sempiterno José Ernesto Gil Elorduy. También en la casa de los legisladores empieza a hace eco la cero tolerancia del gobernador Fayad.
NO MÁS TUZOBÚS
Otra de las muestras palpables de que los proyectos mal diseñados pero de dividendos rentables para sus impulsores quedarán cancelados, lo es el anuncio hecho de manera tajante por Omar Fayad en el sentido de que sería “una locura” continuar con la
construcción del segundo troncal del Tuzobús. Sistema de transporte que de acuerdo al clamor de la sociedad de Pachuca, no sólo elevó sus tiempos de traslado en más de 30 minutos sino lesionó su economía familiar al obligarlos a utilizar uno o más ramales para llegar a sus destinos. “Un proyecto que ha generado tantos conflictos”, como lo ha calificado el propio mandatario hidalguense.
Por cierto que la oposición en la Cámara de Diputados del estado también analiza el solicitar a la ASEH información sobre la forma en que se entregaron los contratos para la construcción del Tuzobús a la empresa Operadora Mersi, que en la administración pasada logró un total de 25 obras públicas que ascendieron a más de 771 millones de pesos. De acuerdo a versiones aún no confirmadas, partidos políticos solicitarán detalles de tales otorgamientos para verificar si las licitaciones se apegaron a la ley y si los costos de las obras correspondieron a los trabajos realizados.
A TEMBLAR CON LAS VISITAS SORPRESA
Una muestra más de que lo planteado por Omar Fayad en su proyecto de gobierno va en serio es la forma en que ha puesto a trabajar a todos y cada uno de los miembros de su gabinete, incluido él mismo. Valga recordar que durante su Toma de Posesión ponderó que su administración había de caracterizarse por la cercanía, transparencia, atención ciudadana y descentralización de su gobierno, con el fin de ponerlo al alcance de toda la población, lo mismo en las ciudades que en todos los rincones de la entidad.
Manifestó entonces el recién desempacado mandatario que tanto él como sus funcionarios dejarían su zona de confort para acudir a las comunidades y municipios para escuchar de viva voz las necesidades y propuestas de la ciudadanía. “Todas y todos estaremos pendientes y viviendo el contexto cotidiano de la población, no sólo desde el gobierno o de las diferentes dependencias, sino que saldremos a conocer y a atender de cerca las necesidades, demandas y retos a los que se enfrentan todas y todos los hidalguenses en sus entornos”.
Y ha así ha ocurrido. Dos ejemplos de ello son las giras que realizan por todos el estado los titulares de la Secretaría de Salud, Marco Antonio Escamilla Acosta, y la responsable de la Secretaría de Educación Pública en Hidalgo, Sayonara Vargas. Pero los funcionarios no deben de confiarse pues ha sido el propio gobernador quien de manera sorpresiva, en el caso de los hospitales, ha visitado dos nosocomios: el Hospital General de Pachuca, el pasado 20 de septiembre, y el día último del mes al Hospital Obstétrico.
En el primero el gobernador constató la falta de medicamentos y el deplorable estado de los baños públicos por lo que giró las instrucciones necesarias para su rehabilitación y un abasto oportuno de medicinas a los pacientes; en el segundo, intercambió opiniones con el personal y los usuarios, lo que motivó no pocas sorpresas de quiénes no acertaban a creer que el mandatario en persona estuviera supervisando el funcionamiento de los hospitales y charlando de viva voz con la gente. Indudable que esta política de acercamiento a la sociedad implicará cambios en aquellos funcionarios acostumbrados a ejercer sus cargos con prepotencia sin la mínima sensibilidad social.
Pero el largo camino que habrá de recorrer la Cero Tolerancia de Omar Fayad apenas comienza; ha sido el propio mandatario quien ha señalado que no habrá marcha atrás y que será el Órgano de Fiscalización del Congreso local quien dé a conocer el resultado de las investigaciones que ya se realizan en las distintas áreas y dependencias.
Indudable que habrá quiénes empiecen a sufrir de insomnio pues según las palabras del gobernador, las indagatorias arrojan “detalles donde pueda presumirse que hubo acciones no apegadas a la ley, y con lo cual se pudo haber causado daño al patrimonio del estado, en varias dependencias, no sólo en la SEPH y en Radio y Televisión”, por lo que no se descarta que en las próximas semanas y meses empiecen a brotar las solicitudes de órdenes de aprehensión para ciertos servidores públicos.
El arquetipo de la impunidad y la corrupción en Hidalgo, empieza a agonizar.
