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Por Mario Luis fuentes / @MarioLFuentes1
México es un país que enfrenta varias y profundas fracturas éticas: la pobreza, marginación y segregación de los pueblos indígenas; la violencia en contra de las mujeres; la desaparición forzada y la terrible realidad de las fosas clandestinas, por mencionar solo algunos ejemplos. Sin embargo, hay una que particularmente duele y llama a la indignación y a la exigencia de la acción de todo el Estado: se trata del incumplimiento generalizado de los derechos de la niñez
De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el 2019 fallecieron 22,994 niñas y niños antes de cumplir el primer año de vida; de ellos 1,013 murieron por influenza o neumonía; 559 por accidentes; 731 por septicemia e infecciones intestinales; 162 por desnutrición y 72 por homicidio
Asimismo, en el grupo de 0 a 4 años de edad, se registraron en ese mismo año 4,700 decesos; de los cuales, 819 fallecieron por accidentes (es la segunda causa de muerte en este segmento de edad); 533 por influenza y neumonía; 233 por infecciones intestinales; 117 por desnutrición y 103 por homicidio.
Para el grupo de 5 a 14 años de edad, la primera causa de muerte son los accidentes, con 1,068 casos; 286 por homicidio; 202 por suicidio; 176 por influenza y neumonía; 115 por desnutrición; y 90 por infecciones intestinales.
Se trata, en total, de 6,279 niñas y niños que no debieron morir. Y aunque cada caso es doloroso, la magnitud de la cifra es estrujante. Se trata de 6,279 ataúdes que no debieron contener uno solo de esos cuerpos; y cuya presencia en nuestra cotidianidad pasa estruendosamente desapercibida.
De acuerdo con el propio INEGI, 12.2% de las niñas y niños menores de 14 años trabajan; y entre ellos, de acuerdo con la última cifra del Módulo de Trabajo Infantil (2017), alrededor del 90% laboraba en condiciones consideradas como prohibidas y peligrosas para su edad.
En la medición multidimensional de la pobreza, en el 2018 había al menos 19.5 millones de niñas, niños y adolescentes en condiciones de pobreza; y de ellos, 3.7 millones se encontraban en pobreza extrema. 9.4 millones vivían también en condiciones de carencia por acceso a la alimentación; peor aún, en ese mismo año el INEGI identificó en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH, 2018) que en 1.3 millones de hogares hubo al menos un menor que se acostó a dormir con hambre y que en 934 mil hogares al menos un menor comió solo una vez al día o no comió en todo el día.
Sin duda, la pandemia debió profundizar estas condiciones y no sería sorprendente que, si en la medición de pobreza que se debe dar a conocer en el mes de julio, el porcentaje de niñas y niños en pobreza rebase al 55% de quienes tienen menos de 18 años en el país, es decir, un nivel similar o incluso peor que el registrado en el año 2008.
El Censo de población y vivienda, 2020, registró que antes de que iniciara el confinamiento y los peores efectos de la pandemia en el país, había un 6.1% de quienes tienen de 6 a 14 años que no asistían a la escuela; porcentaje que en las cifras preliminares del INEGI ha tenido un crecimiento mayúsculo.
Frente a todo lo anterior, el país carece de una política de Estado para la atención y cumplimiento integral de los derechos de las niñas y los niños, en franco desacato del mandato del Artículo 4º constitucional, en el que se establece el principio del interés superior de la niñez.
El lema de la presente administración sostiene: “por el bien de México, primero los pobres”; pero si esto fuese así, la transformación del país debió haberse orientado a la garantía universal e integral de los 20 derechos consagrados en la Ley General de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
En este año que se cumplen tres décadas de la ratificación de la Convención de los Derechos de la Niña y el Niño por el Estado Mexicano, de manera paradójica, ante la emergencia y las diversas urgencias que enfrenta la niñez, se ha dejado acéfalo al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPPINA), además de que textualmente el presidente de la República ha afirmado que es uno de esos organismos que deben desaparecer por costosos e inútiles.
Desde esta perspectiva, desalienta y desconcierta el despropósito del mensaje del presidente de la República, del pasado 22 de abril, dirigido a los niños que forman parte de las guardias comunitarias del estado de Guerrero, llamándolos a “no responder violencia con violencia”, “porque el que a hierro mata a hierro muere”.
Esa y otras expresiones del Ejecutivo Federal, evidencian que no conoce, pero, sobre todo, que no le interesa conocer lo que implica una visión amplia de derechos respecto de la política que el Estado mexicano tiene la responsabilidad de implementar, sobre todo a la luz de las diversas interpretaciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido respecto del significado del principio del interés superior de la niñez.
Si algo es urgente para los siguientes tres años, es construir una red nacional de protección social para las niñas, niños y adolescentes, que garantice cinco objetivos prioritarios; a) erradicar el hambre entre las y los menores de 18 años; b) reducir, al menos a la mitad, el número de decesos anuales por homicidio, suicidio y accidentes; c) erradicar la muerte evitable, sobre todo aquella causada por enfermedades diarreicas e intestinales; d) avanzar decididamente hacia la erradicación del trabajo infantil; y e) garantizar la cobertura, permanencia y conclusión de la educación básica (incluido el bachillerato), en la edad normativa, para todas las niñas y niños del país.
Esas metas implican, por supuesto, reconstruir, fortalecer y potenciar instituciones; por ejemplo, una poderosa red nacional de guarderías y estancias de cuidado integral; un renovado sistema nacional de asistencia social pública y privada; un sistema de procuración de justicia con perspectiva de derechos de la niñez, así como una nueva política de seguridad pública en el mismo sentido.
Hay otros problemas sumamente graves, sobre los que no debe obviarse la intervención: el crecimiento de la obesidad y el sobrepeso; la expansión de las adicciones; la vulnerabilidad en el mundo digital ante crímenes como la explotación sexual comercial; el incremento en delitos que atentan contra el libre desarrollo de la personalidad, entre otras calamidades.
El imperativo categórico que tenemos como sociedad, desde esta perspectiva, es claro: garantizar que todas las niñas y los niños tengan acceso al cumplimiento de todos sus derechos; garantizar que ninguna niña o niño se quedará atrás en el acceso a las oportunidades y condiciones de desarrollo; y estar siempre a la vanguardia en la constitución de una sociedad que le brinda a la niñez condiciones para la felicidad.
Debemos transformar un país de dolor, tristeza y llanto cotidiano de millones de niñas y niños, en uno de sonrisas y alegría; de juegos y aprendizaje; de constitución de una nueva ciudadanía solidaria, plena, con salud mental, que parte de una niñez que traza una perspectiva de futuro y destino promisorio.
