Linchamientos; entre el hartazgo social y la debilidad del Estado

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*  La Constitución establece que ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma… pero los linchamientos siguen, ante la rabia acumulada de una sociedad cansada de pedir seguridad y justicia a sus autoridades

Por Elvira Hernández Carballido

Especial para Expediente Ultra

“De los árboles del sur cuelgan extraños frutos,
sangre en las hojas y sangre en las raíces,
cuerpos negros se balancean con la brisa del sur, 
frutos extraños cuelgan de los tuliperos.

Es una escena pastoral del elegante sur.  
Los ojos fuera de órbita y la boca torcida,
el aroma de las magnolias, dulce y fresco,
entonces, de repente, el olor a carne quemada.

Aquí está el fruto para que los cuervos lo desgarren,
para que la lluvia lo empape, para que el viento lo chupe,
para que el sol lo pudra, para que los árboles lo suelten, 
Lo que aquí hay es una extraña y amarga cosecha.”

La voz de Billie Holiday entona esta letra y llega a lo más profundo de nuestro lado humano. Esta melodía es entonada por ella con mucho el dolor, pues describe una escena macabra que atisba un paisaje aterrador: son dos hombres que fueron linchados por una multitud totalmente inhumana en tiempos donde la discriminación hacia la población negra en Estados Unidos alcanzó ese tipo de fatales consecuencias. Ellos están colgados de un árbol, ese árbol del sur que detalla la canción, la gente que los rodea no muestra compasión, al contrario, hay brutalidad y desprecio en sus miradas, indiferencia y crueldad, ese lado inhumano.

Esta melodía fue un poema escrito en 1937 por Abel Meeropol quien vio la fotografía del linchamiento de esos dos hombres negros, la imagen brutal no lo dejó dormir y tuvo que ayudarse de la escritura para sacar todos esos sentimientos que le provocó. La composición después fue musicalizada y en la voz de Holiday no solamente se convirtió en un éxito, sino también en una lamentación que conmueve, es una protesta, es una desgarradora situación provocada por seres inhumanos que toman justicia por su propia mano y ejecutan con crueldad a un sospechoso.

Sin embargo, esta denuncia llena de misericordia, ese reclamo lleno de heridas, esa luz de esperanza para no perder nuestro lado humano se queda en una canción que no escuchamos, que no repetimos, que no entonamos, que estamos olvidando, en este siglo XXI, los linchamientos continúan, y duelen más cuando en las últimas semanas el estado de Hidalgo, mi región, estos escenarios han estado latentes.

La rabia acumulada, la debilidad del Estado

En “La fascinante historia de las palabras” (2013), Ricardo Soca asegura que “la palabra linchamiento proviene del nombre de William Lynch, quien durante la revolución independentista de Estados Unidos había luchado con el grado de capitán y formado un grupo irregular para castigar a los monárquicos, pero que, una vez constituida la nueva nación, se dedicó a reprimir a presuntos delincuentes. Algunos autores mencionan una supuesta ley de Lynch que nunca existió como tal; en realidad, dieron ese nombre a un documento suscrito por Lynch y sus vecinos del condado de Pittsylvannia en el que se decía: «Considerando el intolerable número de pérdidas que hemos sufrido a manos de hombres sin ley que hasta ahora han escapado de la justicia, hemos decidido infligir a los sospechosos que no desistan de sus prácticas perversas, los castigos corporales que juzguemos proporcionales a los delitos perpetrados».

Esta práctica se siguió aplicando, principalmente por parte de racistas blancos, mucho después de que la justicia estadounidense estuviera plenamente consolidada, al punto de que entre 1882 y 1951 fueron asesinadas por linchamiento en los Estados Unidos 4730 personas, el 73% de las cuales eran ciudadanos negros”.

Soca asegura que “linchar es el acto de hacer justicia por la propia mano, ejecutando a un supuesto delincuente, sin forma de proceso ni sentencia legal, generalmente a manos de una turba. La práctica de esos actos brutales, que con frecuencia llevan al asesinato de inocentes, floreció en los Estados Unidos durante los años que siguieron a su independencia, cuando la justicia británica se retiró y la nueva justicia demoró en consolidarse en muchos lugares, en los que el desorden imperó durante largo tiempo”.

La Comisión Nacional de Derecho Humanos, en 2002, dio a conocer el texto “Justicia por propia mano”, entre los colaboradores está Carlos Monsiváis, él va ilustrando el vacío de poder, el Estado débil, indiferente, débil que provoca de manera muy preocupante los linchamientos: “En el caso de Veracruz, la mitad de la población se pronuncia en contra de quemar vivo al detenido, pero no es escuchada; luego llega el presidente municipal y les dice que tienen que soltarlo, y la muchedumbre responde: Si nomás quieres que muera uno, vete. Y el presidente se va. Es absolutamente inconcebible.

En otro caso, la turba atrapa a un agente judicial responsable de crímenes, lo golpea y lo desaparece, y el gobernador del estado de Morelos, que está ahí presente, prefiere no protestar, no levantar la denuncia”.

Una y otra vez, el cronista mexicano reitera la tesis de su argumentación, los linchamientos revelan que el Estado no ha respondido adecuadamente a las demandas sociales, que existe una gran falta de confianza en las autoridades de justicia y son formas que delatan la ineficacia y la impunidad que priva en las instituciones judiciales.

Sin embargo, advierte: “Las tesis anteriores son inconvincentes por parciales y por comprensivas en demasía. Los linchamientos no sustituyen acción alguna de la justicia en un país donde no existe la pena de muerte; más bien, prolongan los rituales del sacrificio de las dos tradiciones centrales de México; evidencian el sitio de la crueldad extrema como lenguaje comunitario; ponen de relieve la capacidad imitativa de quienes han padecido a guardias blancas, judiciales y narcos, y comprueban el doble fracaso de la educación religiosa y la educación cívica.

Al respecto, me resulta significativa la ausencia de condenas específicas de los linchamientos por parte tanto de la Iglesia católica como del gobierno de la República. Hasta el momento no ha habido un solo pronunciamiento que yo haya registrado. Al usar pródigamente la tortura y la violencia sin límites, estas comunidades, en el fondo, no se sienten reemplazando al Estado de Derecho, sino, desdichadamente, a la ira divina.”

El Doctor en Sociología, Antonio Fuentes Díaz (2008) advierte que estas situaciones se han confinado a las páginas centrales de la nota roja pero no se ha llevado al campo de la reflexión y de la discusión donde el eje sea la constitución del Estado y la crisis del público. A su juicio, “los motivos que provocan estas respuestas son variados, las causas son diversas y no aparecen de manera claramente visible; se presentan intempestivamente ante el rebasamiento de los noveles de tolerancia a situaciones de impunidad, de rabia acumulada y desesperación.

La transformación anímica de comunidades y su discurso de fatalidad dan un aire de fatiga que asimila el horror a la instauración ejemplar de un acto escaso de justicia, que transforma metonímicamente todo lo representado como incorrecto (asaltos, robos, violaciones, homicidios y ofensas simbólicas) reproduciendo la violencia histórica a la que han sido sometidos.”

El Estado ha creado un tipo ideal de modelo cívico donde se garantiza la existencia y constante relación entre el respeto del orden jurídico, la responsabilidad de los funcionarios, la participación ciudadana y la protección de los derechos individuales, pero cuando no hay mediación ni respuesta en este contexto, la violencia surge y entro los actos violentos, están los linchamientos. Fuentes reitera que este tipo de hechos violentos surgen en escenarios de subalternidad, en ambientes de pobreza y vulnerabilidad social. “Mediante el linchamiento, las comunidades (o segmentos de ellas) sustituyen al Estado. Ocupan el nicho social que éste ha abandonado, pero de tal forma que simplemente lo invierten”, y de esa manera preservan, la violencia a la cual las comunidades mismas han estado históricamente sujetas”.

Aunque Elías Canetti en su libro “Masa y poder” no pierde de vista también a la población, a la comunidad, a los victimarios, a quienes llama masa de acoso, escudada en un hacinamiento colectivo que les da seguridad: “Una razón importante del rápido crecimiento de la masa de acoso es la ausencia de peligro. No hay peligro porque la superioridad de la masa es enorme. La víctima nada puede contra ella. O huye o queda atrapada. No puede golpear; en su indefensión es solamente víctima. Pero no ha sido entregada para que la aniquilen. Ese es su destino y nadie deberá temer sanción alguna por su muerte. Este crimen permitido sustituye a todos los crímenes de los que uno debe abstenerse y por cuya ejecución cabría temer duras penas.

Para la gran mayoría de los hombres, un asesinato sin riesgo, tolerado, estimulado y compartido con muchos otros resulta irresistible. Conviene añadir que la amenaza de muerte que pende sobre todos los hombres y que bajo diferentes disfraces está siempre vigente, aunque no la tengan presente todo el tiempo, hace necesaria una desviación de la muerte hacia los otros. La formación de masas de acoso sale al paso de esta necesidad.”

Será esa masa, con todos los rostros y sin ningún nombre, supone que el identificado como peste social, advierte Leticia Sarmiento (2012) al analizar el linchamiento en México, se resuelve el mal que asecha a la comunidad: “El sacrificio funciona como escape.

La ira se acreciente y se desahoga; primero el rumor convoca a la muchedumbre, una vez que la multitud se presenta frente a la víctima los gritos de reclamo, las palabras obscenas, escupitajos, patadas, manotazos, golpes con piedras o utensilios, ira y enojo son expresados al  máximo; después el asunto puede continuar si no hay saciedad de desquite, al encontrar y utilizar algún soporte para colgar o amarrar al chivo emisario la ira puede acrecentar hasta encontrar el límite del deshago en el asesinato del enemigo…”

La complicidad que los unió representa la identificación unánime del hartazgo y la decepción compartida de la no impartición de justicia por parte de las autoridades.

• ¿Quién mató al comendador?
• Fuente ovejuna, señor.
• ¿Quién es Fuente ovejuna?
• Somos todos los vecinos de esta villa, señor.

El fatal recuento de los daños

Antonio Fuentes Díaz, en su tesis de doctorado, hace un seguimiento de la prensa mexicana durante el lapso 1984-2003 y reporta haber encontrado 331 casos de linchamiento o intentos de linchamiento. De este número, 204 fueron en zonas rurales.

De igual manera, el investigador da a conocer que el 32 por ciento de las personas atacadas murieron, el 38 por ciento fueron heridas y el 26 por ciento fueron salvadas con la intervención de las autoridades, aunque también en esos casos varios fueron porque las víctimas lograron huir o porque la multitud desistió.

El periodo analizado delata que los tres estados del país que más reportaron linchamientos fueron: Distrito Federal (71 casos), Chiapas (48) y Oaxaca (38). El estado de Hidalgo reportó 14, en tanto que Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes, Quintana Roo, Guanajuato y Campeche solamente tienen contabilizado un caso. Los detonantes principales, indica Fuentes Díaz, fueron los siguientes:

1. Ofensas contra la propiedad.
2. Posible secuestro, violaciones o asesinatos.
3. Situaciones que infringen una norma de sociabilidad: brujería, robo a una iglesia, fraude o traición.

En las noticias que el citado especialista encontró, detalla que el detonante del asalto fue el motivo de 72 casos, en 48 fue el robo y en 30 el abuso de autoridad. Destaca que las situaciones ocurren más en los meses de agosto, septiembre y octubre, a lo que él considera que son tiempos de decaimiento en actividades comerciales o estancamiento en consumo. La mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes, entre los 15 y 30 años.

Se advierte también que el linchamiento de mujeres es de 1.2 por ciento y las causas están relacionadas con la brujería o robo de infantes. En todas las situaciones, la gran mayoría son gente que no pertenece a la comunidad, sin duda, el énfasis en la localidad es muy representativo.

La revisión hemerográfica dio pautas para que Fuentes Díaz también presente un informe cuantitativo del tipo de castigo que se presentaron en los linchamientos:

Otro dato que revela la tesis de Fuentes Díaz es la naturalización del linchamiento, señala que, en el noticiario de Joaquín López Dóriga, 3 de agosto de 2000, en la encuesta donde se preguntó: ¿Se haría usted justicia por su propia mano? De doce mil llamadas, casi nueve mil  respondieron afirmativamente, mientras mil quinientas dijeron que tal vez lo harían, y solamente dos mil dijeron que no lo harían. En 2001, Televisión Azteca, luego de transmitir una nota donde los pasajeros de un microbús trataron de linchar a un asaltante, la interrogante fue: ¿Ante un asalto tomaría la justicia en sus propias manos? El 84 por ciento respondió que SÍ. A juicio del investigador, estas respuestas delatan más que revancha o rencor, la inoperancia del sistema de justicia. El linchamiento, representa la expresión de falta de políticas públicas contra la desigualdad y el aislamiento, pero sobre todo la ineficacia del sistema de justicia.

Lo que ha pasado en Hidalgo

Ante las definiciones y descripciones que hacen los investigadores sobre el linchamiento, el caso de Hidalgo reitera que lo ocurrido en este año de 2018 en algunas comunidades no representa la simple búsqueda de la justicia por cuenta propia o las cuestiones o modos o costumbres de una entidad. Los linchamientos devienen del malestar que ya existe. Bien señala el antropólogo Javier Rodríguez Sánchez: “La exacerbación y la violencia se desencadenan de la crisis social y política que permea el entorno regional o comunitario. Es una respuesta anómica que se produce ante la ausencia de normas y en la desconfianza en los órganos del Estado que, de acuerdo a Weber, ha monopolizado el uso de violencia legítima. Es una respuesta impronta que surgen cuando las normas de convivencia han sido trastocadas y desestructuradas desde las altas esferas de quienes tienen el poder, por lo tanto, hay una afectación de interacción comunitaria y una relativa confrontación del poder local con el estatal”.

Es así como en registros de prensa podemos encontrar algunos casos en Hidalgo como los siguientes, a finales del siglo XX:

• Noviembre de 1994. En Arenal, un grupo de mujeres trató de linchar a un sacerdote acusado de robar las limosnas.
• Marzo de 1998. En Huejutla dos hombres son encarcelados, acusados de intento de secuestro. Se corre el rumor de que los van a liberar. Alrededor de mil personas se reúnen frente al juzgado, toman el palacio municipal y lo riegan de gasolina. Entran a la cárcel y sacan a los dos inculpados. Llega en helicóptero el gobernados, Jesús Murillo Karam y el procurador Omar Fayad. No logran impedir que la gente mate a los acusados de rapto. Días después se sabe que eran personas inocentes, que trabajaban de manera honesta. La policía solamente detuvo a cinco “presuntos” participantes del linchamiento.
• Febrero del 2000. La comunidad de El Mexe tomó a 60 miembros de la Policía Federal Preventiva, después de un enfrentamiento los golpeó, desnudó y amenazó con quemarlos sino encontraba una salida política a sus demandas.

La tensión social acumulada y la exacerbación por la inseguridad e impunidad delictiva, estuvieron latentes en esos casos. La iglesia, que debería ser una institución de amor y fe, nos roba. Las autoridades que actúa de forma arbitraria con los delincuentes parece que nos fallarán otra vez y al anidar la impunidad posibilita la violencia. El miedo, la inseguridad y la falta de justicia no pueden justificar los linchamientos, pero debe verse más allá de ese terrible y mortal acto, está formándose en un contexto de crisis de autoridad, ausencia del Estado y la deficiencia del aparato estatal.

Bien explica Rodríguez Sánchez, desde el punto de vista antropológico: “El linchamiento, entendido como una acción colectiva de carácter violento, expresa la situación de crisis en que se halla una comunidad, por lo tanto, hay un deseo mayor de infringir violencia que de buscar justicia”.

En su excelente reportaje, “Crecen linchamientos más de 200% en Hidalgo”, Adriana Hernández Islas, señala que, de enero de 2017 a octubre de 2018, en Hidalgo han ocurrido 28 intentos de linchamientos y linchamientos consumados, “cifra que representa más del doble de casos contabilizados en 27 años que dejaron por lo menos ocho personas sin vida”.

Al respecto, la mirada crítica y comprometida de otros periodistas de la entidad, reitera las causas y consecuencias de estos linchamientos, sobre todo los recién ocurridos en Tula y Metepec. Axel Chávez, señala: “En Hidalgo hay crisis de gobernabilidad. La justicia por propia mano es consecuencia de ello, de la falta de credibilidad en las dependencias y corporaciones, así como de la corrupción y de la impunidad”.

Otro periodista en el estado, Jorge Martínez, entre el sarcasmo y la indignación, publicó en su faceboock: “Al serenísimo gobierno de Hidalgo, requiero de salvoconducto para viajar a comunidades sin ser linchado”.

Por su parte, Martín Hernández en su video-columna reflexionó sobre el tema, hizo un recuento de lo que ha pasado en Hidalgo en los últimos 20 años y preguntó quién está detrás de estos linchamientos.

Aunque algunos medios tanto estatales y de la ciudad de México difundieron la noticia, lo hicieron con un toque de espectacularidad y no de denuncia, de exhibición y no de análisis, olvidando el lado humano y dando prioridad al impacto noticioso de la muerte de las víctimas.

 ¿Hay forma de erradicarlos?

Frente a esta situación ¿cómo puede y debe actuar un pueblo agraviado, un pueblo que casi vive en el olvido? Si la autoridad no escucha, ¿cómo hacerla escuchar? ¿cómo llamar la atención de los gobernantes? Pregunta Raúl Rodríguez Guillén en su tesis de doctorado que presentó en la UNAM en 2009.

El mismo autor responde que las situaciones conflictivas que vive una entidad que recurre al linchamiento representan una “expresión de auténtica crisis de autoridad, donde es necesario reconocer los errores de los gobiernos locales, estatales y federales a fin de restituir la confianza y brindar a la comunidad garantías de que cualquier cambio que afecte directa o indirectamente a las comunidades, va a ser resultado y acordado a fin de evitar casos como el que pasó durante el desalojo de la Escuela Rural El Mexe.”

El mismo investigador, reunió la postura de los Ombudsman ante los linchamientos en las declaraciones que dieron a la prensa, podemos observar su rechazo total pero también su prudencia, y sugerencias muy discretas:

Entre las sugerencias que los especialistas consultados hacen ante este problema social hay generalidades, pero preocupación y claves de buena fe. Así, puede sugerirse que los casos de linchamiento no sean tema solamente de la nota roja, sino que investigadores lo conviertan en objeto de estudio que se analice en las ciencias sociales, para explicarlo, pero sobre todo para buscar erradicarlo.

Olga Islas, en el texto editado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, “Justicia por propia mano”, indica que antes de formular propuestas se deben señalar y reconocer las deficiencias y vicios de las instituciones y de quienes procuran la justicia en México: “Es censurable la actitud legislativa reformista, desenfrenada y extraviada que estamos padeciendo. Se ha abusado del derecho penal, al que se le utiliza como si fuera la única medida a desplegar para frenar la delincuencia.

Se olvida que el delito es un problema social y no un problema puramente penal. Se ha seguido una ilegítima política criminal, desordenada, donde la primera reacción, para frenar la delincuencia, es incrementar las punibilidades, que, en la actualidad, llegan a un máximo de 60 años y en algunos casos hasta de 70; y la delincuencia sigue ahí, sin reducción alguna.”

“Justicia por su propia mano” es una obra que reitera y confirma que no hay propuestas, la preocupación y el reconocimiento al problema es latente, pero la preocupación late cuando los que seguimos teniendo son muchas preguntas. Tomás Flores, que fue Asesor de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal interroga: “¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está sucediendo que el Estado no puede combatir esa situación que se presenta? ¿Prevalece la política sobre los derechos humanos para que no se cumpla, en un momento dado, la norma legal? ¿Y les digo por qué hago esta pregunta?

Porque nunca se actuó jurídicamente en contra de la muchedumbre, la que se escudó falsamente en la expresión ¡Fuente ovejuna, señor! ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál ha sido la participación del clero? ¿No ha rebasado su campo de acción? ¿No ha abusado de su doctrina para justificar su intervención en asuntos que son eminentemente jurídicos, dándoles un carácter político a efecto de obtener algún beneficio en cuanto a su grey católica? ¿Qué no tiene derechos humanos el servidor público? Si bien es cierto que está cumpliendo con una función por la cual recibe una remuneración, ¿no es también, en esencia, un ser humano? ¿Cuál es la función y cuál es el papel de las organizaciones de defensa de los derechos humanos llámense como se llamen, en cuanto a la atención y resolución de toda esta problemática?”.

Y mientras intentamos responder a estas preguntas, el artículo 17 de nuestra Constitución repite:

“Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijan las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.”