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Por Jorge Medellin / @JorgeMedellin95 /EstadoMayor.mx
En estos días la marina-Armada de México (SEMAR) ha sido alcanzada por sus propios fantasmas, por las decenas de cadáveres apilados en su closet, amontonados luego de operativos especiales de los que nadie se entera, de los que nadie sospecha o sabe algo hasta que algo sale mal y todo va saliendo a la luz entre polvo, piedras y huesos… si es que sale.Anuncios
En Nuevo León, en Coahuila y en Tamaulipas, entre las rocas y los restos que el desierto guarda y va soltando de a poco, se van conociendo las historias de abusos, ejecuciones, desapariciones que el Estado y sus brazos armados van tirando por todas partes.
Son las historias de los marinos y su guerra secreta contra el narco que siguen en el aire, las historias de las desapariciones de decenas de civiles que siguen a la espera de justicia, de una o dos o más órdenes de aprehensión que un juez se niega a obsequiar para castigar a desaparecedores navales pese a las pruebas a flor de tierra que los señalan.
En julio de este año la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) dio a conocer la Recomendación 36VG/2020 por Violaciones Graves a los derechos humanos cometidas por personal de la Marina, señalado por la desaparición forzada de al menos 27 civiles ocurrida en 2018.
Se trató de una Recomendación histórica por lo que implicaba, por lo que dejaba ver detrás de la investigación de la CNDH: una acción naval de abusos, excesos y ocultamiento, probablemente ordenada y avalada por mandos de alta jerarquía encargados.
La detención y desaparición de al menos 27 personas como parte de una estrategia de combate al crimen organizado en el norte del país a cargo de la Marina y sus Fuerzas Especiales no es asunto menor.
El personal naval señalado por la CNDH, comenzando por tres capitanes, negó los hechos, ocultó información y se habría coludido con autoridades municipales, estatales y federales para entorpecer la investigación sobre las desapariciones.
El entonces secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, a regañadientes, abrumado por la cantidad de pruebas en contra, ordenó que 257 marinos (3 Capitanes, 24 Oficiales y 230 Clases y Marinería) de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) y de otras unidades se concentraran en el Cuartel General de la Armada, en la Ciudad de México, para ser interrogados por la CNDH y por elementos de la propia secretaría.
La Fiscalía General de la República (FGR) investigó las denuncias en contra de la Marina. Encontró probables responsables. Los ubicó como integrantes de la UNOPES. Los identificó con nombre, apellido y grado. Presentó la documentación para proceder contra ellos, pero nada ha ocurrido. No están detenidos, porque el juez de la causa no se ha dignado a obsequiar las órdenes de aprehensión en su contra.
Los asesinos y desaparecedores de Julio César Viramontes Arredondo, son nueve marinos a los que la justicia no se ha tomado la molestia de buscar.
El problema es que no se trata solo de Julio César. No se trata sólo de 27 casos de desapariciones forzadas cometidas por marinos de élite.
Se trata de al menos 47 desapariciones ocurridas de enero a mayo de 2018, en las que las siglas de la UNOPES se mencionan una y otra vez en las investigaciones. Al frente del grupo de elite de las fuerzas especiales de la Marina estaba el almirante Marco Antonio Ortega Siu, cuya llegada a la secretaría de Seguridad Pública de Puebla se quedó en el aire cuando la investigación sobre estos hechos tomó un segundo aire con la llegada de López Obrador a la presidencia.
