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Los artífices del “fuego amigo” contra Chong, responsables de la inseguridad

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Osorio Chong, el origen de la inseguridad no está en Bucareli

*  Conforme se aproxima la definición del candidato presidencial del PRI, los golpes políticos  contra el titular de Gobernación suben de tono y quienes los orquestan se guardan de explicar a los ciudadanos el por qué  en las áreas hacendaria y de fiscalización a su cargo, han sido omisos en  contra del  lavado de dinero que ha permitido el fortalecimiento de los cárteles  en el país y el recrudecimiento de la violencia

 

En Condominio

 

Por Ignacio León Montesinos

Especial de Expediente Ultra

Al caer las últimas partículas  en el reloj de arena del PRI, los tecnócratas con el aprendiz de canciller,  Luis Videgaray, a la cabeza, arrecian  el fuego amigo en  contra del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien es bien visto por sectores tradicionales de su  partido como el candidato idóneo para evitar la división interna y sacar adelante al tricolor con miras a la complicada elección del 2018.

En un escenario donde el futuro del priísmo se balancea en la cuerda floja, los bandos en pugna están bien identificados y cada cual desde su trinchera busca posicionar en la nominación rumbo a Los Pinos al candidato que mejor se ajuste a sus intereses personales y de grupo.

Por un lado, los políticos de café están conscientes de los riesgos mortales que acarrearía a su instituto político la apertura de candados para imponer  a un personaje sin trayectoria ni ascendencia partidista. Ya de sí, las bases y dirigencias intermedias  han remado contra la corriente ante un líder sin calidad moral y desconocimiento partidista como Enrique Ochoa Reza; el INE, para abonar su descredito, acaba de poner en duda  el triunfo de Miguel Riquelme en Coahuila.

Videgaray, ni un rasguño a las finanzas de los cárteles

Trepado en el ladrillo de su pírrica victoria del Estado de México, Ochoa sigue mareado sin percatarse que esto no le da para llegar con la frente en alto y la fuerza suficiente a la XXII Asamblea Nacional. Y menos para marcar línea y modificar estatutos.

 

Inexpertos en el arte de la política a ras de suelo, Videgaray y su pandilla –nada que ver con la del popular y carismático  “Don Gato”–, le apuestan  al mecanismo de  la compra de votos, tarjetas rosas y  alianzas con partidos satélites  para ganar apretadamente en 2018,  como lo hicieron  con Alfredo del Mazo.

Imponer, más que ungir a José Antonio Meade  Kuribeña, sería plantar una sonora bofetada a la voluntad de los priístas no únicamente de café sino a toda la militancia. El actual Secretario de Hacienda ni por asomo conoce al PRI y más bien se le puede vestir ideológicamente con la camiseta panista. Meade formó parte del gabinete de Felipe Calderón y nunca ha manifestado interés alguno por pertenecer al tricolor.  Otro de los alfiles que el grupo del influyente Luis Videgaray contempla para hacerlo entrar con calzador a la nominación  es el Secretario de Educación, Aurelio Nuño.

Es cierto, Nuño es un personaje cercano al presidente Peña Nieto y en el equipo de transición del 2012 fue el coordinador de los temas de educación pero a la fecha no ha podido quitarse el “sambenito” de haber encargado el sustento de la controvertida Reforma Educativa a Enrique Ochoa, de quien se dice es el verdadero padre del aberrante engendro que terminó engullendo a la propia Elba Esther Gordillo y creando un problema social mayúsculo con la CNTE. De acuerdo a sus datos curriculares, el mencionado precandidato se afilió al PRI  en el 2004, pero algunos columnistas aseguran que hasta hace dos años su nombre no figuraba en la lista de militantes.

Quienes desde las catacumbas del poder se han dedicado desde hace un par de años a torpedear la figura de Osorio Chong, saben perfectamente que al menos en las encuestas, tanto entre los priístas como en el ánimo ciudadano,  el aspirante mejor posicionado es el hidalguense. Ni Nuño y menos Meade le compiten en simpatías con los votantes.

La estrategia para bajar de las encuestas y de la percepción de la gente a Chong es redimensionar  el avance de la inseguridad en el país y los embates cada vez más violentos de los cárteles del crimen organizado que como se vio hace unos días, ya operan a sus anchas en la Ciudad de México. Sus detractores tuvieron en la  fuga del Chapo Guzmán, el 12 de julio de 2015, la primera oportunidad para desplazarlo del gabinete. Los amanuenses de la tecnocracia derramaron ríos de tinta pidiendo su renuncia. Ecuánime, el  Secretario de Gobernación les respondió con guante blanco: “Los momentos de crisis no son para renunciar, son para enfrentarlos”.

Meses después, el 8 de enero del 2016, la recaptura del capo sirvió para acallar las críticas y demostrar, de paso, que Osorio no tuvo relación alguna con el sistema de corrupción que permitió la construcción del túnel por donde se evadió el narcotraficante  del penal del Altiplano. Es cierto, desde su encargo  Chong debe velar por la seguridad nacional, pero los recovecos donde aún se anidan buena parte de las irregularidades en los centros penitenciarios del país y la corrupción de  los cuerpos  policiales   son responsabilidad directa de los gobernadores y alcaldes.

Ahora que las manecillas del reloj apuntan  al cuarto para las doce en la designación  del candidato priísta, de nueva cuenta se cargan todas  las culpas y responsabilidades  de la inseguridad y la violencia al Secretario de Gobernación, por lo que vale preguntar: ¿debe recaer en un solo hombre toda la  lucha contra el crimen organizado?

Por supuesto que no.

Hay otras causas de fondo que sus enemigos se han guardado de mencionar en  foros y  medios de información: la incompetencia  de los organismos encargados de investigar y combatir  el lavado de dinero que  no dependen de Gobernación sino de Hacienda.

Es el momento idóneo para resaltar  que el multimillonario poder financiero de los cárteles no ha sido tocado en lo más mínimo en todo el sexenio, como tampoco lo fue, curiosamente, en el gobierno de Felipe Calderón. Y eso huele a complicidad de algunos altos funcionarios o, en el más sutil de los escenarios, a ineptitud.

Precisamente el aspirante externo  que tanto revuelo está causando al interior del PRI, José Antonio Meade, tuvo en sus manos echar el guante a los negocios ilícitos de los narcos cuando ocupó la Secretaría de Hacienda en la pasada administración panista. ¿Y qué paso?… se cruzó de brazos; ahora, en el mismo cargo sigue despreocupado ante el empoderamiento de los barones de la droga.

Meade, indiferente ante el lavado de dinero

Expertos internacionales en el fenómeno del narcotráfico estiman que los diversos cárteles de México obtienen  ganancias anuales del orden de los 40 mil millones de dólares. De manera hipotética, en los últimos cinco años,  los capos se habrían embolsado alrededor de 200 mil millones de dólares.

 

Por estas razones es ineludible preguntar: ¿qué  han hecho en todo este tiempo, por ejemplo el SAT y Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda  para  que tan abundantes recursos ilícitos no sean “lavados”  a través de empresas e incluso, instituciones financieras y bancarias? Imposible mover tales cantidades de dinero sin que las autoridades hacendarias o sectores empresariales perciban su dudosa  procedencia.

Hace tres años cuando se emprendió el operativo de seguridad en Michoacán con el inexperto  Alfredo Castillo a la cabeza de las fuerzas federales, el entonces Secretario de Hacienda, Luis Videgaray,  aseguró que se estaba investigando a empresarios sobre lavado y financiamiento por parte del crimen organizado. Pero hasta ahí quedaron sus palabras. La violencia y el auge de los grupos criminales retornaron  a aquella entidad, agobiada  como antaño  por las extorsiones y secuestros. La cuestionada  labor de Castillo implicó el cambio de  mafias pero no de estructuras financieras.

Ante este contexto la tesis es simple: mientras  no se golpee directamente a  la estructura financiera de los cárteles su capacidad para organizarse,  armarse y corromper a las  autoridades  seguirá viento en popa.

Los que enfilan sus baterías contra el responsable de la seguridad en el país saben  que Chong ha cumplido con la tarea que le corresponde, de otra manera el Presidente ya le hubiera dado las gracias. El crecimiento exponencial del problema no se resuelve en el Palacio de Cobián sino en otras instancias.

La misma oposición guarda bien su distancia cuando de disparar críticas al titular de Bucareli se trata; estados como Morelos donde gobernó doce años el PAN y el PRD en lo  que va del sexenio de Graco Ramírez, permitieron la aparición del Cártel de Los Rojos, grupo enemigo a Los Guerreros Unidos del vecino estado de Guerrero, que en dos sexenios tuvo gobiernos perredistas. Chong ha acudido incontables veces en su auxilio.

El asunto de la inseguridad que sacude al país no es exclusivo de siglas partidistas: Javier Corral prometió en campaña acabar con la inseguridad y dar un combate frontal a la delincuencia: en el reinaugurado camposanto de su administración, los crímenes se dispararon sumando en  la tétrica lista de caídos a la periodista,  Miroslava Breach, cuyo homicidio sigue impune.

Nuño y su dudosa militancia

En Tamaulipas otro panista, Francisco García Cabeza de Vaca, acusó al candidato del PRI, Baltazar Hinojosa, de mantener nexos con el narco, prometiendo a la población limpiar el estado devolviéndole la paz y la tranquilidad si el voto le favorecía. A su llegada al cargo, la situación empeoró y ciudades fronterizas  como Reynosa y Nuevo Laredo, han sido prácticamente intervenidas por las fuerzas castrenses ante la incontenible  violencia de los grupos criminales. El gobernador ahora rehúye enfrentarse a la agraviada población.

¿También en estos lamentables sucesos Chong es culpable? ¿O lo es acaso de las inercias que impiden la aprobación del mando único por el temor de muchos alcaldes y sus diputados federales  a perder recursos de seguridad que han empleado para fines distintos al equipamiento y profesionalización de sus policías?

Hace apenas unos días asomó por ahí la cabeza el Administrador Central de Asuntos Jurídicos de Actividades Vulnerables del Sistema de Administración Tributaria, Raúl Joel Díaz, para anunciar que el SAT  tiene “indicios” de que unas 60 empresas en México están lavando dinero. Agregó que de los 64 mil sujetos obligados a rendir información detallada por  la “ley antilavado”, sólo el 49% cumple con los requisitos reglamentarios mientras que el 28% son omisos totales y el 23% omisos parciales. Es decir, unas 32 mil empresas podrían estar colaborando con la delincuencia organizada sin que pase nada.

De acuerdo a una solicitud de información de un medio informativo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Hacienda, dio a conocer que del primero de enero del 2013 al 26 de enero del 2015, había presentado 174 denuncias en contra de instituciones del sector financiero, incluidos diversos bancos, por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Las acusaciones presentadas en la PGR implicaban un monto de 91 mil 865 millones de pesos.

¿Qué sucede entonces? ¿Por qué los responsables de asestar golpes demoledores a las estructuras financieras del crimen organizado no han procedido en consecuencia? Reiteramos la duda: ¿Indolencia? ¿Complicidad?

En la balanza de los resultados la pandilla del canciller es deficitaria: ni un sola operación espectacular se ha dado  en contra de  los inconmensurables recursos económicos de los capos; del otro lado de la moneda, en cuatro años se logró la captura de 107 de los 122 objetivos prioritarios del crimen organizado, bajo la conducción de Miguel Ángel Osorio Chong.

Como se aprecia, en estos  momentos  de definiciones políticas, no todos los aspirantes  tienen la autoridad moral para  alzar la mano rumbo al 2018. Varios de los  enlistados son los verdaderos responsables de la inseguridad en el país. Personajes que se dicen listos a acudir a la XXII Asamblea del PRI, ocultando bajo el brazo la artillería,  aún humeante, del fuego amigo  contra el inquilino del Palacio de Cobián.