Mancera, dudoso “paladín” de las mujeres

Mancera, dudoso “paladín” de las mujeres

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*  Jesús Ortega, de gavilán a “blanca paloma”

*  Sanjuana Martínez y su valiente denuncia

Por Ignacio León Montesinos

 

La anunciada cero tolerancia contra la violencia a las mujeres del Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, se perfila a ser otra más de sus espontáneas ocurrencias políticas luego de la multitudinaria marcha que realizaron miles de  agraviadas ciudadanas  desde el municipio de Ecatepec hasta el Ángel de la Independencia y cuyo eco retumbó en 20 estados del país.

Sanjuana Martínez, su investigación tocó fibras sensibles del poder
Sanjuana Martínez, su investigación tocó fibras sensibles del poder

Como ya es costumbre en el desgastado titular de la CDMX, ahora anuncia acciones “decididas” para salvaguardar la dignidad y los derechos de las agredidas  féminas  como si la solución a problemas como la violencia de género  y la trata de personas radicara en extraer,  cual conejos de la chistera del mago, medidas cosméticas más encaminadas a resarcir su imagen pública que en atender de raíz  tales injusticias.

Su estrategia 30-100, establece en su catálogo de buenas intenciones que los ministerios públicos brinden una atención y orientación adecuadas a las víctimas  no únicamente en lo concerniente a la  violencia de género y acoso,  sino a los delitos de índole sexual, incluida la trata de personas. Los alcances a que busca llegar la propuesta de Mancera incluyen  la construcción de un Centro de Justicia especializado, y que estará listo en cien días.

Hasta aquí, ni qué hablar, el Jefe de Gobierno se merece un sonoro aplauso, pero tales palmares se convierten en franca duda y ganada rechifla, si consideramos que en los hechos su administración poco ha hecho en favor de las mujeres que son explotadas en un degradante esclavitud sexual en la CDMX, como lo documentó profusamente en su reportaje titulado: Consumidores de sexo comercial e Infierno en el Cadillac: sexo, poder y lágrimas, la colega Sanjuana Martínez, y que apareció en dos partes en el diario digital Sin Embargo, los días   25 de noviembre y  2 de diciembre de 2013, dando a conocer que entre  los  “selectos” y asiduos clientes del exclusivo sitio se mencionaba a funcionarios delegaciones de Miguel Hidalgo lo mismo que al líder de la corriente perredista de “Los Chuchos” y ex líder nacional del PRD,  Jesús Ortega.

La información revelada por la comunicadora  tuvo como origen el operativo realizado de manera conjunta por autoridades federales y locales,  el 19 de junio del 2013,  mediante el cual se liberaron a 46 mujeres que se encontraban privadas de su libertad  y sometidas a una atroz explotación y esclavitud  sexual en el centro nocturno Cadillac, ubicado en las calles de Melchor Ocampo y Michelett, en la colonia Anzures. Sitio regenteado por el tristemente célebre Alejandro Iglesias Rebollo, responsable de la muerte de 22 personas que resultaron calcinadas en la discoteca Lobohombo, de su propiedad,  el 19 de octubre del 2000. Tragedia que, como se ha visto, no le ha impedido continuar como zar de los centros nocturnos en la ciudad de México.

La procuraduría capitalina procedió a interrogar a 17 de las mujeres liberadas,  cuyas declaraciones quedaron asentadas en la averiguación previa FDTP-TP 1/030/13-06, y de la cual la periodista consignó en su reportaje  algunas de las más importantes como la de una sexoservidora de nombre Perla que refirió a las autoridades los pormenores de las visitas que el perredista hacia a una de sus compañeras y a la cual el político le habría comentado algunos pormenores de su actividad pública.

Jesús Ortega entabló una demanda en contra de la reportera en el juzgado 69 de lo civil, entre otros agravantes, por el delito de “daño moral”; la juez Martha Roselia Garibay Pérez emitió sentencia en contra de Sanjuana Martínez, conminándola a pagar una indemnización al supuesto “incólume” político que salió a vociferar en conferencia su pírrica victoria.

Tanto la juzgadora como la  procuraduría capitalina pasaron por alto que la periodista no fue notificada de cada uno de los procedimientos procesales y,  como ha denunciado su abogado, no sólo se le negó acceso al expediente sino que hasta  lo dieron por extraviado.  Lo sospechoso de la turbia demanda y su cuestionable sentencia es que con su fallo la juez  terminó por ignorar y desechar la validez  del trabajo de investigación de la fiscalía del cual la periodista extrajo la información; es decir, que en el sentido más lógico, debería ser la institución de justicia la enjuiciada y conminada a pagar el supuesto “daño moral” de Ortega, por consignar en la averiguación declaraciones de las víctimas en contra del perredista.

La presunción de que tras el torcido fallo hay una oculta mano negra que busca dar inmunidad al “Chucho Mayor”, con miras a un acuerdo político que desde el PRD beneficie a la candidatura de Mancera en 2018, queda de manifiesto si se considera el por qué el ministerio público no llamó a declarar a Ortega ni al resto de los funcionarios delegaciones implicados en el caso. ¿Al entender del Jefe de Gobierno, es esta una verdadera defensa de las mujeres? ¿Por qué buscar sancionar a una periodista que reveló la parte oscura de esta red de explotación y trata y no a los responsables y cómplices de tan degradante ilícito? ¿Acaso se piensa que con llenar los andenes del Metro de policías con chalecos rosas se acabará con delitos como la trata de personas, el lenocinio y la esclavitud sexual?

Citemos en el contexto de este grotesco encubrimiento y el atentado  que implica a la libertad de expresión, una más de las ocurrencias del Jefe de Gobierno, publicada el 10 de agosto del pasado año bajo el título: Ley de Protección Integral de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Distrito Federal, y que apareció tras el asesinato, en la colonia Narvarte, del fotoreportero,  Rubén Espinoza, que venía huyendo del represor gobernador de Veracruz, Javier Duarte, curiosamente justo en los días en que la presión de la opinión pública del país estaba sobre la administración capitalina.

Recordemos al señor Mancera, algo de lo más sustancial del ordenamiento, que a la letra dice: “Garantizar los derechos a la vida, integridad física, psicológica, moral y económica, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, periodistas y colaboradoras periodísticas en el Distrito Federal, cuando se encuentran en riesgo con motivo del ejercicio de su actividad, con la finalidad de garantizar las condiciones para continuar ejerciéndola; así como salvaguardar los mismos derechos y bienes de los familiares o personas vinculadas a los periodistas, colaboradores periodísticos o defensores de derechos humanos”.

Jesús Ortega, de gavilán a paloma
Jesús Ortega, de gavilán a paloma

Los alcances de esta ley señalaban la integración de un Consejo donde participarían tanto miembros de la sociedad civil como titulares de diez secretarías del gobierno capitalino, entre ellas, por supuesto, el titular de la procuraduría.  ¿Por qué razón Sanjuana Martínez no fue ni ha sido tutelada en sus derechos como periodista por esta ley? ¿Será que las “ocurrencias” de Mancera sólo son para atemperar situaciones de riesgo a su imagen pública? ¿Correrá la misma suerte su cero tolerancia a la violencia de género?

De Jesús Ortega no hay mucho que decir,  pues de conocido gavilán ahora quiere asumirse como una “blanca paloma”. Valga recordarle al eterno “tostonero” del poder el sabio aforismo campirano que dicta: “El que es gavilán,  no chilla”.

Y no se vale lagrimear ante un trabajo profesional y bien fundamentado como el de la colega Sanjuana Martínez, y menos utilizar el tan consabido tráfico de influencias para acallar la libertad de expresión. Veremos si el señor Mancera se decide a aplicar su ralentizada Ley de Protección a los Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, o la deja botada como una más de sus  acumuladas “ocurrencias”.

Nuestro correo: garrasleo6@yahoo.com.mx

 

 

 

 

 

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