Tiempo de lectura aprox: 6 minutos, 17 segundos
Por Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 /EstadoMayor.mx
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) concluyó, luego de más de dos años de investigación, que un número indeterminado de integrantes de la Marina-Armada de México (SEMAR) participó en la desaparición forzada de 27 civiles ocurrida entre los meses de marzo, abril y mayo de 2018.
Se trata de Recomendación histórica y tal vez la más grave dirigida en contra de las fuerzas armadas, al señalar que un grupo de marinos, aparentemente pertenecientes a tropas de elite, cateó domicilios, detuvo a personas de manera ilegal y terminó por ejecutarlas en distintos puntos en dos estados del país.
Además, el personal naval señalado, comenzando por tres capitanes, negó los hechos, ocultó información y se habría coludido con autoridades municipales, estatales y federales para entorpecer la investigación sobre las desapariciones.
Este no fue el primer caso de violaciones a los derechos humanos por parte de la Marina en el sexenio de Enrique Peña Nieto y bajo la administración del almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, quien, a regañadientes, pero abrumado por la cantidad de pruebas en contra, ordenó que 257 marinos (3 Capitanes, 24 Oficiales y 230 Clases y Marinería) de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOPES) y de otras unidades se concentraran en el Cuartel General de la Armada, en la Ciudad de México, para ser interrogados por la CNDH y por elementos de la propia secretaría.
En marzo de 2018, un helicóptero Panther de la Armada de México disparó desde el aire sus ametralladoras Vulcan M-134 contra una camioneta en la que viajaba una familia sobre la carretera a Piedras Negras, Coahuila. En el ataque murieron acribilladas dos menores de edad y su madre, mientras su esposo, quien conducía el vehículo, resultó herido de gravedad.
El ataque aeronaval ocurrió luego de que unidades terrestres de la Marina fueron sorprendidas por sicarios a las afueras de Nuevo Laredo. En la agresión varios marinos resultaron heridos, pidieron refuerzos y apoyo aéreo, persiguieron a los agresores y en la operación confundieron la camioneta de la familia con la de sus atacantes.
El problema surgió cuando la Marina, a través de sus voceros y su Unidad de Comunicación Social comenzaron por omitir en sus primeros comunicados la muerte de las menores y de su madre y las heridas sufridas por el padre de ambas. No mencionaron una sola línea sobre las víctimas civiles, solo registraron la agresión a sus efectivos y la respuesta al tiroteo.
Luego, la secretaría negó insistentemente que sus elementos hubieran disparado desde tierra y mucho menos desde un helicóptero artillado. La Marina llegó al extremo de asegurar que los primeros peritajes señalaban que los disparos solo se habían hecho desde tierra y que los casquillos hallados no coincidían con los calibres que usan las armas del personal.
Evidencias fotográficas, relatos de familiares y testigos y las inconsistencias de la propia institución hicieron que la Procuraduría General de la República (PGR) tomara el caso y concluyera en sus peritajes que la familia había sido atacada desde el aire por un helicóptero de la Marina y además había recibido disparos del personal naval en tierra.
La Marina tuvo que aceptar el resultado de los peritajes de la PGR y, aparentemente, habría procedido en contra del personal naval involucrado en el ataque aéreo que mató a las dos niñas y a su mamá y dejó gravemente herido a su padre.
En el caso de las 27 desapariciones forzadas de Tamaulipas, el 24 de septiembre de 2018 –siete meses después de que se registraran las primeras desapariciones– la SEMAR emitió el comunicado 142/18 en el que informaba sus acciones ante las denuncias por lo ocurrido en Nuevo Laredo.
La secretaría señaló que “en este y en todos los casos en que personal naval sea probable responsable de violaciones a derechos humanos, actuará con estricto apego a la ley, procediendo con rigor y contundencia, y queda atenta de la resolución que se emita”.
La Marina aseguró que se llevaba un seguimiento detallado del caso y se informaría de inmediato sobre el avance de su propia indagatoria. Señaló incluso que se le había dado parte al Órgano Interno de Control de la secretaría para agilizar lo relacionado con las denuncias por violaciones a los derechos humanos y agregó que había comunicación constante con la PGR para cooperar en una solución “lo más pronto posible”.
El Secretario de Marina y Alto Mando de la Armada de México ordenó que a partir del 1º de junio del año en curso, se concentrara en la Ciudad de México a 257 elementos (3 Capitanes, 24 Oficiales y 230 Clases y Marinería), los cuales se encontraban desarrollando operaciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, destacamentados en las Bases de Operaciones de Nuevo Laredo, Nuevo Laredo Norte y Colombia, incluyendo todos aquellos que realizaron operaciones en citada plaza o estuvieron destacamentados en las Bases de Operaciones mencionadas en lo que va del presente año, explicaba la SEMAR en 2018.
Recomendación histórica
De los 27 civiles desaparecidos, sólo 12 cuerpos han sido hallados. La CNDH le demanda a la Marina que, como parte de las medidas a cumplir para resarcir los graves daños causados a las familias de las víctimas, coadyuve a esclarecer la ubicación de los restos de los restos de los otros 15 civiles.
Para avanzar en este punto la comisión le solicita al almirante secretario rafal Ojeda Durán su apoyo para que la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina colabore en todo momento cuando se le solicite actuar “contra los elementos navales involucrados en los hechos que se consignan en la presente recomendación, incluyendo a los que negaron la detención y a los que han ocultado información sobre los hechos”.
También le pide al secretario de Marina su cooperación “en el seguimiento de la denuncia de hechos que presente ante la Fiscalía General de la República (FGR)”.
Se trata sin duda de una Recomendación histórica, la más severa y delicada por Violaciones Graves a los derechos humanos dirigida a las fuerzas armadas, en particular a la Marina-Armada de México
En ese lapso los integrantes de la Marina enviados al norte y noreste del país para combatir a los cárteles de la droga y para coadyuvar en la disminución de los índices delictivos, realizaron cateos a domicilios particulares, detenciones e interrogatorios ilegales que derivaron en la desaparición de 27 civiles y en la ejecución de nueve de ellos.
La Recomendación 036VG/2020 emitida por la comisión a la Marina va dirigida también a la Fiscalía General de la República (FGR), al Gobierno de Tamaulipas y a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo, “por el caso de 27 personas que fueron detenidas arbitrariamente y desaparecidas durante marzo, abril y mayo de 2018 por elementos de la Marina”.
De acuerdo con la CNDH, 12 de las víctimas fueron encontradas posteriormente sin vida en brechas y “entierros clandestinos”, en los municipios de Nuevo Laredo, Tamaulipas, y Anáhuac, Nuevo León.
La comisión estableció con toda claridad que sus investigaciones lograron acreditar que personal de la SEMAR “transgredió los derechos a la libertad personal, a la integridad y seguridad personal, a la personalidad jurídica y al trato digno, el derecho a la vida, el derecho a la inviolabilidad del domicilio, a la integridad personal por los tratos crueles, inhumanos y degradantes, a la verdad y al acceso a la justicia, de las 27 personas desaparecidas y 12 asesinadas, sus familiares y otros testigos de las detenciones”.
Por ello, la CNDH recomendó al Secretario de Marina, Gobernador del Estado de Tamaulipas, y Presidente Municipal de Nuevo Laredo, Tamaulipas, “se brinde la reparación integral del daño a quejosos afectados y familiares directos que incluya una compensación con motivo de la afectación por la desaparición forzada cometida en agravio de las 27 víctimas, en términos de la Ley General de Víctimas; se les brinde atención psicológica y tanatológica, en caso de requerirlo, realizando las gestiones necesarias para la identificación e inscripción en el Registro Nacional de Víctimas”.
Al Secretario de Marina se le pide colaborar ampliamente en la queja que la CNDH presentará ante la Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina, contra los elementos navales involucrados en los hechos que se consignan en la presente recomendación, incluyendo a los que negaron la detención y a los que han ocultado información sobre los hechos, y en el seguimiento de la denuncia de hechos que presente ante la Fiscalía General de la República, por las conductas y omisiones respecto del probable ocultamiento de información o datos.
Esta parte de la Recomendación dejaría entrever que lo informado por la Marina en su comunicado de septiembre de 2018 no se cumplió, fue incompleto o los detalles no fueron enviados a la CNDH, ya que de nueva cuenta la comisión de pide, ahora al almirante Ojeda Durán, su apoyo para que Unidad de Inspección y Contraloría General de Marina proceda contra los marinos y sus jefes involucrados en las desapariciones forzadas.
También se determina en la Recomendación que “se videograben los patrullajes, así como todos y cada uno de los operativos en los que exista contacto con la población civil y que se tomen acciones para instruir a personal de la SEMAR de abstenerse de llevar a cabo detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de personas”.
Se pide además “que los elementos de la Secretaría de Marina se abstengan de utilizar vehículos particulares en la ejecución de sus tareas de auxilio a las autoridades en temas de seguridad; se continúe e intensifique el programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos y se dirija tanto a mandos medios y superiores, como a los elementos de tropa”.
La CNDH argumenta en su Recomendación que Organismos internacionales entre los que destacan el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias (GTDFI), el Relator Especial sobre la Tortura y el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias de la ONU9, “desde hace aproximadamente una década, han recomendado al Estado Mexicano tomar acciones para el retiro de las fuerzas armadas militares de las labores y operaciones en materia de seguridad pública, ante el aumento de quejas por casos de violaciones a derechos humanos en el contexto de un despliegue importante de efectivos militares en regiones de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, las cuales son entidades federativas donde se han visto comprometidos la seguridad y el respeto pleno a los derechos humanos de la población”.
Se advierte en el texto en que “a pesar de las reiteradas observaciones y recomendaciones al Estado Mexicano, la Comisión Nacional observa con preocupación que, al tiempo de los hechos, en el Estado de Tamaulipas, corporaciones militares asumían de facto actividades de vigilancia y patrullajes en zonas identificadas como de alta incidencia delictiva, acciones y operativos de prevención y persecución de delitos, atención de denuncias ciudadanas e incluso detención de personas, actuando por su cuenta sin que existiera solicitud expresa de colaboración por parte de autoridades civiles”.
Lo anterior, no obstante que, de acuerdo con el marco legal y constitucional vigente en nuestro país, éstas funciones son propias de las autoridades civiles (el Ministerio Público y las Policías), con las cuales los miembros de las fuerzas castrenses pueden coadyuvar, pero no sustituir en sus funciones, agrega la CNDH.
Jorge Medellín / @JorgeMedellin95 /EstadoMayor.mx
