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Organismos descentralizados amenazan dejar en el “limbo” jurídico a los trabajadores de la CDMX

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Le quedó grande el cargo de Constituyente a Juan Ayala

 

 *  En la nueva Constitución capitalina se contemplasu creación, poniendo en riesgo la estabilidad de miles de empleos y el respeto a sus actuales Condiciones Generales de Trabajo, al trasladarlos del apartado “B” al “A”, sin que Juan Ayala Rivero advierta de los riesgos por venir, utilizando la tribuna del Constituyente para su lucimiento personal

 

Por Carlos González Merino*

Especial para Expediente Ultra

El líder del SUTGCDMX, y diputado constituyente, Juan Ayala Rivero, debió emplear su permanencia en el órgano encargado de redactar la nueva Constitución de la capital del país en cuidar los derechos laborales de sus representados que peligran ante la eventual creación de organismos públicos descentralizados que pueden dejarlos  en el “limbo jurídico” al llevarlos,  en un proceso de transición,  del apartado “B” de la Ley Burocrática Federal, al apartado “A”, en vez de haber utilizado la tribuna para exaltar su irreal quijotismo hacia la clase trabajadora en su conjunto.

Este proceso de transición que implica la puesta en marcha de estos organismos públicos puede representar cambios sustanciales a sus Condiciones General de Trabajo (CGT), al pasar del apartado “B” al “A”, situación que ha desdeñado  quien se autonombra  el defensor de todos los trabajadores de la ciudad y del país, pero que en los hechos demostró su incapacidad  como parlamentario y su  sumisión política a los funcionarios capitalinos.

Trabajadores en defensa de su fuente de trabajo

El asunto no es menor sobre todo si se considera que únicamente mediante la movilización de secciones como la Uno, se pudo dar marcha atrás al intento de privatizar servicios básicos para el funcionamiento de la metrópoli como el agua y el servicio de recolección  y procesamiento de basura, mientras en todos estos meses Ayala se ubicó en su zona de confort, cuidándose de no tocar estos temas donde existe  un riesgo laboral para sus agremiados.

De hecho, ya se ha anunciado que el actual Sistema de Agua pasará a ser un organismo público descentralizado y era responsabilidad del presidente del Único  haber analizado a detalle cómo quedará no únicamente la nueva estructura administrativa sino la injerencia que en el nuevo órgano tendrán los futuros municipios,  que de acuerdo al artículo 115 constitucional deben ser autónomos e independientes.  Bajo tal premisa, serán los ayuntamientos a quienes la ciudadanía exigirá la prestación del servicio de limpia o el suministro de agua como ocurre en todo el país.

Estas transiciones jurídico-laborales son a las que debería avocarse Juan Ayala, sobre todo porque el sistema de aguas no debe serle ajeno pues, hace años,  fue líder de la sección 32, y ya conocía del proyecto cuando la Dirección General de Operación y Construcción Hidráulica se transformó  para dar paso al sistema que hoy rige, y sabe que lo anunciado puede afectar a trabajadores de otras secciones de este ramo como la 2 y la 33. Un promedio de unos 30 mil trabajadores.

Además, otro de los renglones que ha sido ignorando en el discurso retórico de Ayala es el de la seguridad social; los trabajadores tienen muchas dudas que su líder no les resuelve, como por ejemplo: ¿qué régimen van a adoptar aquellos que tenga más de quince años de servicio, van a seguir en el ISSSTE o van a transitar a la Caja de Previsión, o se va a crear otro organismos público descentralizado que otorgue la seguridad social? ¿Quién se hará cargo de las pensiones de los trabajadores burocráticos de la ciudad una vez que entré en funciones la nueva Constitución?

Rechazo absoluto a privatizaciones

Todas estas interrogantes no han tenido una respuesta y una más que valdría hacerle a Ayala Rivero: ¿Qué proyecto de Ley Burocrática Estatal, está promoviendo el SUTGCDMX, o acaso hay un proyecto del gobierno local? La sumisión es grave y como señalamos en nuestro anterior artículo hay documentos dónde el patrón, el gobierno capitalino, le está indicando cómo debe elegir a sus delegados de trabajo. Eso es no únicamente violentar el convenio 87 de la OIT sino además restar poder de negociación y decisión al sindicato más importante de la capital del país.

Por si esto no bastara, ante la desidia de Ayala y casi al cierre del Constituyente, todavía no queda definido si será un Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje o van a ser juzgados especializados en materia laboral los órganos que deberán mediar en los conflictos de los trabajadores, no sabemos tampoco cuáles serán los pros y contras, porque en este sentido el gobierno tanto federal como local estarían violando diversos tratados internacionales.

De igual forma, debe resaltarse que aunque al parecer quedó desechada la privatización de los servicios no se prohíbe la concesión que consiste en dar a un particular el desarrollo de una función temporalmente lo que implicaría que el sindicato debiera pactar con este nuevo patrón y el problema será analizar la postura de los municipios que entren en funciones porque los habrá de diversos partidos que no van a concordar políticamente acrecentando un probable riesgo de pérdida de derechos laborales.

Es preocupante en este contexto la perorata hueca de Ayala que un día pregona ser el defensor de los trabajadores de la Ciudad de México y a los diez días se dice adalid de 50 millones  trabajadores de todo el país, lo que demuestra su carencia de conocimiento de lo que habla pues el hecho de que sea un diputado constituyente no lo involucra en el ámbito federal, por lo que no está facultado para regular o intervenir en leyes federales. Su función, que no ha cumplido a cabalidad, es de orden estatal.

Debe hacerse un llamado a los trabajadores del Único para que independientemente de lo que haga, que es bien poco, o deje de hacer su actual presidente, empiece a emerger un movimiento de reflexión que analice a detalle estos temas que de no ser abordados y analizados a la brevedad para buscarles el mejor cauce jurídico y político, tendrán una repercusión negativa y de alto riesgo a su estabilidad laboral y a su seguridad social.

Dos años se van volando y la premura de lo que está por venir no admite poses ni individualismos como los mostrados hasta ahora por Ayala Rivero, quien sólo ve para sus intereses personales y los del reducido grupo que ha hecho del SUTCDMX una mera oficialía de partes del gobierno central.

(*) Ex Vicepresidente del SUTCDMX, ex Magistrado del TFCA, abogado laborista y miembro activo de su organización sindical.