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• El Ejecutivo dará a conocer un informe sobre seguridad y qué tanto han cooperado los gobiernos estatales.
El domingo 1 de diciembre, mismo día en que Andrés Manuel López Obrador cumplió un año en la Presidencia de la República, hubo 127 homicidios dolosos a nivel nacional, según el reporte diario de fiscalías estatales y dependencias federales a la Comisión Nacional de Seguridad.
La cifra rompió el récord de asesinatos diarios en lo que va del sexenio, que era de 114, correspondiente al 20 de septiembre pasado.
Buena parte de los muertos del domingo se dio por el ataque de presuntos sicarios del llamado Cártel del Noreste –sucesor de Los Zetas– contra la presidencia municipal de Villa Unión, Coahuila. De hecho, al elevarse a 22 la cifra mortal allí, serían 128 los asesinados en el país el domingo.
La violencia criminal incontenible es lo que más ha golpeado la imagen de López Obrador, de acuerdo con lo que reportan distintas encuestas.
El Presidente ha recibido sugerencias de modificar su política de seguridad, pero él ha insistido en mantener el curso. Sigue convencido de que mediante la aplicación de programas sociales eventualmente aumentará el nivel de vida de los mexicanos más pobres y eso hará que bajen los asesinatos y otros delitos.
Pese a que el 14 de octubre el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, afirmó que el número de homicidios había llegado a un punto de inflexión y había comenzado a descender, el dicho no se corresponde con los datos del propio gobierno.
Desde que Durazo dijo eso, ningún día ha estado por debajo de los 50 homicidios y ha habido 15 jornadas por encima del promedio diario de 82 asesinatos, según la misma fuente.
El tema incluso ha adquirido una mayor relevancia en el debate público a raíz de la matanza de integrantes de la comunidad LeBarón, el 4 de noviembre pasado, en Bavispe, Sonora, pues el presidente estadunidense Donald Trump ha amenazado de inscribir a los cárteles de la droga mexicanos en la lista de las organizaciones terroristas identificadas como tales por Washington.
La nueva masacre en Villa Unión, a 65 kilómetros al sur de la frontera, seguramente mantendrá la atención de la opinión pública y el gobierno estadunidense.
Ayer, en su conferencia mañanera, el presidente López Obrador comentó que dentro de unos días dará a conocer un nuevo informe sobre seguridad que señalará qué tanto han cooperado los gobiernos estatales con la Federación en esta materia.
Da la impresión de que se buscará repartir las culpas sobre la incidencia delictiva en un intento del gobierno federal de no cargar solo con el paquete.
Yo siempre he pensado que la lucha contra la inseguridad debe ser una tarea de los tres niveles de gobierno. Sin embargo, el Presidente ofreció desde los tiempos de la campaña electoral que el gobierno a su cargo se haría responsable de resolver el problema que le heredaron los presidentes Fox, Calderón y Peña Nieto.
Si la presentación de ese informe anunciado es una llamada de auxilio a los gobiernos locales, habría que comenzar por discutir la estrategia y también por repartir mejor los recursos del presupuesto para el tema.
Recordemos que el Presidente apuesta a resolverlo mediante el reparto de masivo becas y abrazos y no con la violencia legítima del Estado. Y también que de los 4 mil millones de pesos que había en el presupuesto 2019 para las policías locales, sólo quedaron 2 mil 500 millones en el de 2020.
A responsabilidades compartidas, corresponden decisiones tomadas en conjunto. ¿O no?
