Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 5 segundos
Por la redacción
Los senadores de Morena, Gerardo Novelo Osuna, Citlalli Hernández y Julio Menchaca, propusieron reformar la Constitución, con el fin de proteger y dotar de mejores herramientas jurídicas a los ciudadanos que denuncien actos de corrupción.
Los legisladores impulsan esta iniciativa con el propósito de atender la exigencia ciudadana de acabar con la corrupción y castigar a aquellos que la ejercen. Indicaron que esta práctica afecta directamente al Producto Interno Bruto del país, el libre mercado y promueve la inequidad social, además desprestigia a las instituciones y generara desconfianza en los servidores públicos.
Recordaron que uno de los compromisos de la actual administración federal, y uno de los ejes rectores de la Cuarta Transformación del país, es acabar con la corrupción en todos los niveles de gobierno.
Detallaron que con la reforma se pretende establecer, en el artículo 73 constitucional, la facultad del Congreso de la Unión de legislar en materia de personas alertadoras de actos de corrupción y su protección. Con ello, precisaron, se eliminaría el actual sentido amenazador que existe ante la posibilidad de presentar denuncias sobre este tipo de actos
Se promueve un esquema que estimule a la ciudadanía a denunciar cualquier acto de corrupción, mediante un mecanismo protector y garantista, donde se les retire la carga de la prueba y, además, que se pueda alertar ante diversas instancias, subrayaron.
Asimismo, plantearon que en el artículo 109 se señale que cualquier ciudadano podrá proporcionar informaciones y comunicaciones, así como alertar, dar aviso o formular denuncia respecto de hechos de corrupción. Sugieren que las denuncias puedan ser emitidas ante la Cámara de Diputados, la Secretaría del Ejecutivo Federal, responsable del control interno, o algún otro organismo perteneciente al Sistema Nacional Anticorrupción.
Precisaron que en los casos en que particulares y funcionarios públicos coadyuven como denunciantes o alertadores, el Estado garantizará su seguridad y protección integral e irrestricta de sus derechos humanos.
Los senadores reconocieron que se han realizado algunos esfuerzos institucionales para tratar de afrontar el problema de la corrupción, como la creación del Sistema Nacional Anticorrupción en 2015; no obstante, debido a su diseño, complejidad y vaguedad en algunas cuestiones relevantes, dejó la sensación de ser un coloso de piedra que difícilmente servirá para prevenir, atajar, combatir y sancionar los actos de corrupción en el país.
Por ello, consideraron necesario mejorar los esfuerzos realizados para afrontar este problema, pues a nivel práctico, los resultados obtenidos por dicho Sistema son sumamente deficientes.
Refirieron que la Secretaría de la Función Pública (SFP) elabora mecanismos de participación ciudadana, a través de una plataforma digital, entre otras medidas de protección y seguimiento, sujetándose al compromiso de posicionar a las personas como la prioridad en el combate a la corrupción y la impunidad.
Sin embargo, mencionaron que los lineamientos que dan vida a esa plataforma sólo rigen como un documento interno de la SFP; es decir, “no es un documento con fuerza legal que en verdad garantice su aplicación”, por lo que toca al Congreso de la Unión legislar en la materia para asegurar jurídicamente el combate a la corrupción desde la ciudadanía.
“En Morena consideramos que para erradicar la corrupción, se requiere una verdadera voluntad política, ver con realismo el panorama que tenemos frente a nosotros, así como ser innovadores al momento de combatir y sancionar este fenómeno, pero, sobre todo, habremos de repensar los mecanismos de participación ciudadana adecuados para combatir este serio problema”, comentaron.
Finalmente, señalaron que en el Senado de la República se considera prioritario el tema, de ahí que se busca fortalecer el marco normativo y garantizar la protección de los ciudadanos que denuncien ante diversas instancias los actos de corrupción.
