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Sí fueron cremados al menos 17 normalistas en el basurero de Cocula: GIEI

*Murillo Karam tenía razón con la verdad histórica: ¿y ahora, le pedirán perdón? *El manotazo de Osorio Chong hizo a los expertos dar conclusiones hoy; no se quedan * El Comité Estudiantil los mandó al matadero; los ejecutaron Guerreros Unidos

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Foto especial

Joaquín Herrera

CD de México, 1 abril/16 (agencia acento) Hay evidencias de que fueron cremados al menos 17 cuerpos de normalistas de Ayotzinapa en el basurero de Cocula, reveló esta tarde el Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales, GIEI, tras el tercer peritaje.
Quienes habían “corregido la plana” al ex titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, ahora corroboran así que el hidalguense tenía razón.

El estudio sobre la evidencia obtenida en el basurero de Cocula, en Guerrero, confirmó la existencia de un evento “de fuego controlado” en el lugar en donde, según testimonios de sicarios de Guerreros Unidos (detenidos) fueron quemados los normalistas de Ayotzinapa en septiembre de 2014.
Ricardo Damián Torres, experto en fuego e integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) afirmó además que con los restos óseos hallados, se puede determinar que ahí quemaron por lo menos a 17 personas adultas, expuso en rueda de prensa esta tarde, tras entregar resultados a la PGR.

«Derivado de los diversos análisis se puede concluir que existe evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones en el lugar denominado basurero de Cocula», indicó Torres.

Ante periodistas y el subprocurador de la república Eber Betanzos, el informante habló a nombre del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales –que a petición de los padres de normalistas “desaparecidos”, fueron llamados del extranjero- y entregaron el tercer estudio forense, especialmente con expertos en cremaciones ilegales.

Cae la bandera de marchas violentas de la CNTE y otros grupos

Así lo que cae por tierra es la “lucha” de grupos como el de maestros disidentes, de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el PRD y otros sectores, que usaron al dolor de los padres de 43 normalistas para apoyarlos y ser una presión que redituaría votos.

Eso costaría el puesto a Murillo Karam.

Por lo pronto, el manotazo del Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio al anunciar que no se refrendaría otro período sobre el segundo acordado para indagatorias que supuestamente estaban haciendo los integrantes del GIEI.
en realidad así se les acaba esa especie de  “beca”. La “investigación” del “caso Ayotizapana”, se termina y con ella los pagos millonarios (136 mil pesos mensuales) a quienes ni siquiera estaban en el país.
Los “expertos” –la mayoría con antecedentes penales-  cuyo paradero en México es un misterio, según diputados que presionaron exigiendo ver resultados.
El gobierno federal decidió respetar la segunda fecha final del trabajo que ellos fijaron y termina en abril.
Les dice, algo como los rancheros expresan: “A robar a su tierra”.
En definitiva el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong dijo que se cumplirá el plazo que se fijó esa comisión y se van en abril.

Aviadores y cobraban un millón de dólares semestral

 

“Expertos de CIDH cobran 1 mdd aquí, pero ni los diputados los encuentran” publica el diario La Razón (30 de marzo de 2016). La presidenta de la comisión legislativa que indaga el caso Iguala los buscó para hacer una revisión de avances; su representante, Omar Gómez, respondió que debía empatar agendas “cuando vengan al país”.
Los integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no han podido ser invitados a la Cámara de Diputados para conocer sus avances en la indagatoria del caso Iguala… porque ninguno está en México, expone el diario.El pasado 9 de marzo, la Comisión Especial que da seguimiento al caso en San Lázaro acordó llamar a nueve personas o agrupaciones vinculadas con los hechos o que realizan indagatorias sobre éstos.

La lista de invitados es encabezada por el GIEI. Sin embargo, Omar Gómez, su enlace en México, dijo a la Comisión Especial que no ha podido informarles porque necesita esperar a que estén en el país.
Esto es, los peritos contratados  -a petición de los padres de jóvenes desaparecidos- no se ha traducido en que su estadía sea permanente, pero sí el paso en dólares.

La presidenta de la Comisión legislativa, Guadalupe Murguía, indicó que para convocar al GIEI se contactó con Gómez, quien a su vez le explicó “que iba a comunicarse con los expertos para tratar de conciliar, en el tiempo que estén en México, una reunión coordinado su agenda de trabajo. No tengo respuesta en concreto”.
A pesar de no estar en México, los expertos cobran del erario 136 mil pesos mensuales en promedio. En total,  la Comisión Interamericana de Derechos Humanos IDH cobró un millón de dólares por seis meses. Se les han pagado dos semestres y sólo han presentado un informe de conclusiones.

Unas fichitas

 

De comprobarse lo que divulga La Razón, los expertos deberían  estar en la cárcel y no engañando con que van a
exhibir la verdad que nadie ha determinado para la suerte de los 43 normalistas.
Conforme a testimonios de algunos de los cien arrestados y procesados por ese crimen, ls víctimas aparentemente fueron “levantados” por la policía municipal de Iguala y entregados a narcos que los ejecutarían.
Ángela Buitrago es una de tales “expertos” que es procesada en Colombia por usar testimonios falsos para fabricarle un proceso penal a un militar.
Carlos Beristain, fue parte de un fraude por 95 millones de dólares a la petrolera Chevron de EU.
Claudia Paz, fue denunciado por corrupción en procesos que lleva Guatemala contra funcionarios, cuando este fue fiscal.
Alfonso Plaza, fue condenado a 30 años por delitos diversos, pero misteriosamente se le redujeron a ocho años.
El Comité Estudiantil los mando a Iguala

 

En tanto la comisión legislativa que en México se dedicó a indagar sobre lo sucedido en Iguala en septiembre de 2014, encontró que el Comité estudiantil de la Normal “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa es una especie de gobierno paralelo en el plantel, con mayor peso que el de la dirección escolar o eso dicen ahora sus autoridades académicas.
Esto se estableció cuando las indagatorias se dirigieron a la normal y solicitaron información. Ahí sólo se les proporcionó un contacto para gestionar el encuentro, agregó la panista, Guadalupe Murgía, que preside la comisión.
El acercamiento fue solicitado por los diputados luego de que el exdirector de esta escuela, Jaime Solís, sostuvo ante diputados que es este comité estudiantil el que “manda” dentro del plantel por encima del director.
Solís, publica La Razón, aseguró además que “es el comité el que decide quienes acuden a botear o hacer distintas protestas, por lo que dijo, fueron quienes tomaron la decisión de enviar a los estudiantes a Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014” fue el comité.
Buscar al Comité, es una misión imposible para congresistas. Los estudiantes que lo forman dieron domicilios falsos.

Aseguró que no han percibido alguna “traba” para concretar la reunión con el comité estudiantil, sino que los domicilios que tenían no eran los correctos.

La Comisión Especial en San Lázaro –que forman todos los partidos políticos- avaló llamar al chofer del llamado quinto autobús (la unidad número 3278 de la línea Estrella Roja) en el que viajaron los estudiantes que desaparecieron.
Se pide la comparecencia de los directores del Hospital de Iguala y el Hospital Cristina, en los que atendieron a los jugadores del equipo Avispones que resultaron heridos esa noche. También se quiere oír versiones del presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín; al subsecretario de Derechos Humanos de la PGR, Eber Omar Betanzos; al exprocurador Jesús Murillo Karam, y al exsecretario de seguridad estatal. Y al parecer está por ocurrir este diálogo el 6 de abril, a las que se espera acudirá el ex procurador, Jesús Murillo Karam.
En tanto, el Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, José Antonio Ortega, presentó una denuncia por fraude contra Emilio Álvarez Icaza, el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, porque el grupo en cuestión ha sido una falsa esperanza. Un fraude.
Lo definitivo, por ahora, es que México dice no más a otra prórroga para cobrar sin trabajar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) en México, no recibirá otro millón de dólares por lo que –a criterio del Consejo Ciudadano, ha sido una simulación.
Miguel Ángel Osorio Chong fue claro. Conforme a lo acordado con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que promovió  a este grupo de «coadyuvancia» concluirá en abril cuando, se espera entregue las  conclusiones del trabajo realizado.

 

 

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