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*La alcaldesa de Pachuca ha perdido el sentido común para conducir el gobierno municipal al grado que insiste en no otorgar incremento salarial a sus trabajadores desde el 2017; además, entregó el contrato para atender la salud y accidentes de los empleados de base a la Cruz Roja, a través de una adjudicación directa
Por Antonio Ortigoza Vázquez/@ortigoza2010
Más que la presencia urgente de buenos o, al menos, cuerdos asesores, la alcaldesa de Pachuca, Yoli Tellería Beltrán, requiere a gritos el auxilio de un especialista en cuestiones emocionales. Retomando aquella canción de la norteña Gloria Trevi, “ya es tiempo de ir con el psiquiatra”.
Parece que desde hace buen tiempo la presidenta municipal no solo perdió el piso, sino el juicio y el mínimo sentido común. Solo así puede explicarse su tozudez por negarse a cumplir sus compromisos contractuales con los sindicalizados de su ayuntamiento a los que desde el 2017 les ha negado el incremento salarial al que anualmente tienen derecho por ley.
Todo apunta que la edil no tiene a su alrededor una sola alma caritativa dispuesta a socorrerle con un buen consejo para explicarle, entre otros muchos detalles, que los sueldos deben incrementarse año con año. Al negarse a cumplir con esta obligación como patrona, al dirigente del Sindicato de Trabajadores de Pachuca, Percy Espinosa, no le quedó de otra que demandarla ante las autoridades judiciales. Hace unos días, el Primer Tribunal Colegiado del 29° Circuito, emitió una sentencia a favor de los sindicalizados del ayuntamiento pachuqueño.
La edil se encuentra en una cuerda floja donde han caído otros alcaldes en el país que se han negado a acatar laudos de las Juntas Locales y resoluciones en materia laboral de la Corte, razón por la que fueron destituidos del cargo.
Pero también podrían fincársele acusaciones por uso indebido del presupuesto pues los recursos para atender el pago de salarios y otras prestaciones a los empleados municipales de base, son recursos ya etiquetados que por ninguna razón deben ser empleados en otros fines.
De estallar la huelga por la intransigencia de la funcionaria municipal se estaría causando un severo daño a los habitantes de la Bella Airosa por la infinidad de trámites que no podrían realizarse en las diversas oficinas del ayuntamiento.
Ya con antelación el gobierno del estado debió salir al quite para resolver el problema del congelamiento de salarios. Como se recordará, fue desde la Secretaría de Gobierno y la de Trabajo y Previsión Social local, como se le ayudó a evitar que el problema contractual se agudizara en perjuicio de la ciudadanía.
EL CONTRATO A LA CRUZ ROJA
Pero no solo es el ámbito laboral donde se presume una malversación del erario; de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la presidenta municipal no solo se niega a brindarles mayores sueldos a sus trabajadores, sino que pretende darles un servicio médico que en nada se compara al de las instituciones del sector salud.
Sucede que Yoli Tellería tomó la determinación de otorgarle a la Cruz Roja el contrato para atender la salud y las emergencias de los sindicalizados del ayuntamiento, como también a los elementos de Seguridad Pública Municipal. Peor aún, la ASF determinó que tal proceso se dio por adjudicación directa bajo el pretexto de que no hubo empresas interesadas en prestar este servicio al ayuntamiento.
El acceso a los servicios médicos es parte de la seguridad social a la que tienen derecho todos los trabajadores sindicalizados del país y debe plasmarse en los Contratos Colectivos de Trabajo (CCT), a los trabajadores del apartado “A”, y en las Condiciones Generales de Trabajo (CGT), en los del apartado “B”.
Y vea usted la absoluta falta de sensibilidad social de los gobiernos panistas hacia la clase trabajadora. Así explicó la edil el asunto: “el servicio médico lo está dando la Cruz Roja y se le contrató porque salía más caro comprar el seguro social con otras instituciones”, como serían los casos del IMSS o empresas privadas.
Esto es, que para Tellería Beltrán, es más importante ahorrarse unos pesos que la salud y la vida de los trabajadores de base; es más, sin falsos eufemismos aseguró que dar el contrato a otras instituciones de salud hubiera incrementado los costos pues “hay trabajadores de edad avanzada o que padecen enfermedades crónicas, lo cual requiere una bolsa económica mayor”.
¿Quiere esto decir acaso que los trabajadores entrados en años no van a ser atendidos en su salud y conforme a la ley, pues en la óptica de la edil no tienen derechos y son una carga?
Otro pecado más al pesado fardo de yerros de la alcaldesa. Pero hay más: la supuesta austeridad de doña Yoli es tal que los policías municipales son atendidos por el seguro de las patrullas en caso de accidentes.
Y ya ni preguntar si la presidenta municipal de Pachuca ha leído, o al menos se ha enterado que existe una Reforma Laboral donde se garantizan derechos irrenunciables de los trabajadores como un mejor salario y el acceso a la seguridad social, beneficios que de ninguna manera son una graciosa concesión de las autoridades sino conquistas plasmadas en la Constitución y en la Ley Federal del Trabajo.
Y cuando la corrupción e ineptitud se juntan, siempre terminan echando por la borda a más de un gobierno municipal. Tal es el caso del ayuntamiento presidido por la panista Yoli Tellería.
UNTA EXIGE MÁS PRESUPUESTO
Justo el reclamo de La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), a los diputados federales y locales de Hidalgo de Morena para que se apliquen y exijan al Poder Ejecutivo contemple más recursos al campo en el Presupuesto de Egresos 2020.
Al decir del líder de esa organización, Víctor Manuel Canales, los legisladores deben luchar por beneficiar a quienes les dieron su voto y no obedecer ciegamente al presidente. La UNTA como otras centrales campesinas más han denunciado la pretensión de recortes al agro para el 2020.
