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Por Samuel Cantón Zetina / @SamuelCanton
La inmensa mayoría de los mexicanos preferimos la división de poderes, para un ejercicio más sano y equilibrado del gobierno.
Sin embargo, la división no puede ser únicamente un ente bondadoso de valor teórico.
Tiene que ser, necesariamente, algo real y funcional.
De lo contrario, es benéfico meramente en el papel.
Entonces, es fundamental que cada poder cumpla a cabalidad con el deber que le marca la Constitución.
Pero… ¿qué sucede cuando alguno de los poderes se olvida de su responsabilidad y termina siendo un feudo privado de abuso, deshonestidad y falsedades?
El pueblo «bueno» de México paga las consecuencias.
Justamente pasa con el Poder Judicial, plagado de jueces y ministros millonarios que descaradamente venden la ley al mejor postor.
Andrés Manuel López Obrador lo ha condenado una y otra vez.
El caso de María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña cuya expareja sentimental -pudiente económicamente- le roció el rostro con ácido, y le arruinó la vida, alcanzó a impactar a una sociedad acostumbrada y resignada a las porquerías de los veredictos judiciales.
Un juez: Teódulo Pacheco Pacheco, ordenó ($) el arraigo domiciliario del criminal.
El cobarde ya se iba a la vida cómoda de su hogar, custodiado además por ¡doce! policías que tanta falta hacen en las calles.
Solamente el ruido que María Elena hizo en redes obligó a detener provisionalmente la infamia.
AMLO -a petición de los reporteros de La Mañanera- opinó e intervino, pidiendo a la nueva presidenta de la SCJN, Norma Piña, «poner orden en casa» (barrer la basura).
¿El paisano invadió otro poder, intentando someterlo al suyo?
¿Debe, en apego al marco jurídico, mantenerse al margen de las atrocidades de los jueces, como lo hicieron los anteriores presidentes, «por respeto» a la fraudulenta división?
En una Nación donde la ley y la justicia no siempre van de la mano, cabe exigir, como Madero en su tiempo con el voto, «División de poderes efectiva, no simulación…»
