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>> Pecados del PRI
En memoria de mi amigo Crescencio Cárdenas
MOISÉS SÁNCHEZ LIMÓN
El del pañuelo blanco, ahora le dicen… ¿A poco no?
Vaya cinismo e impunidad la de Su Alteza Serenísima Andrés Manuel I frente a la evidencia de la galopante corrupción que priva en su administración, a la que ha presumido honesta e incorruptible.
La pregunta es: ¿en ese ánimo justiciero el licenciado presidente permitirá se investigue a su viejo protector y amigo Ignacio Ovalle Fernández, director de Segalmex?
Pero, antes de entrar en materia permítame compartirle un desaguisado que ocurrió la semana pasada en linderos del Partido Revolucionario Institucional y que recuerda cómo se mantiene el control desde el alto mando en el reparto de posiciones que, elemental, obedece a negociaciones más allá de la obligada disciplina militante.
Y es que, usted se preguntará por qué el tricolor decidió hace un año que su candidato a gobernador en Nuevo León fuera Adrián de la Garza Santos, mas no Ildefonso Guajardo Villarreal. Cierto, De la Garza cuenta con credenciales que le ubicarían bien posicionado para gobernar a la entidad de la que fue procurador y de cuya capital fue alcalde en dos ocasiones, una de ella vía reelección.
No obstante, en los comicios celebrados el domingo 6 de junio, Adrián perdió frente a Samuel Alejandro García Sepúlveda, abanderado por Movimiento Ciudadano, y se fue el asegundo sitio. El mejor posicionado por el PRI, era Ildefonso, quien venía de ser secretario de Economía en el gabinete de Enrique Peña Nieto, con experiencia legislativa, incluso, y alta aceptación entre los potenciales electores nuevoleoneses. Pero.
La campaña de desprestigio emprendida contra Guajardo Villarreal, sustentada en la acusación hecha en su contra por la Fiscalía General de la República por presunto enriquecimiento ilícito, fue factor de insultante manufactura en la cañería política.
¿Tuvo miedo el PRI de perder la elección si nominaba a Ildefonso, o simplemente negoció la candidatura?
Pero, usted saque sus conclusiones porque, el miércoles 16 de la semana pasada, cerraron los «Foros de Parlamento Abierto que para la Reforma Eléctrica» organizados por el PRI en el auditorio de Cintermex, en Monterrey.
Hubo cena de gala y en la mesa principal estuvieron el diputado federal y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, y el coordinador de la diputación federal priista, el ex gobernador de Coahuila Rubén Moreira. Pero…
Resulta que Ildefonso no asistió a la cena, pese a haber sido uno de los convocantes a esos “Foros de Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica”. ¿Por qué? Porque sin duda se sintió ofendido por la fecha y la presencia de uno de los asistentes. Y es que, precisamente hace un año Rubén Moreira lo visitó en su departamento, en Monterrey, y le dijo que él no sería el candidato del PRI al gobierno de Nuevo León. Incluso le pidió su apoyo para Adrián de la Garza.
Vaya, vaya, vaya.
EL DEL PAÑUELO BLANCO. Pasemos, al tema que tiene al licenciado presidente Andrés Manuel López Obrador en el papel de cínico e impune, cuando investido albo como Su Alteza Serenísima, en la mañanera del inicio de semana atendió al tema de los resultados de la Auditoría Superior de la Federación, en el gasto público de 2020 de la administración de la 4T, y le restó importancia.
El tema lo expuso la colega Diana Benítez, reportera del diario El Financiero, y pidió al Duce su postura frente a este reporte de la ASF en el que se han detectado irregularidades por más de 60 mil millones de pesos y que involucran a las obras voluntaristas presidenciales, es decir, el Tren Maya, la Refinería de Dos Bocas y el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
Aunque llama la atención lo registrado en Sagalmex, dirigido por Ignacio Ovalle Fernández, mecenas durante más de dos décadas del licenciado López Obrador.
–Preguntarle sobre este reporte de la Auditoría Superior de la Federación de la última entrega de la Cuenta Pública 2020. Se detectan irregularidades de más de 40 mil millones de pesos en obras transexenales. En el caso de la pandemia, por ejemplo, no se han aclarado tres mil millones de pesos—dijo Diana Benítez.
Su Alteza Serenísima respondió con esa gallardía de honestidad valiente que le es propia.
—Pues que se van a ir aclarando todas las irregularidades que según la Auditoría de la Federación se encontraron en la cuenta pública. Así es siempre, se audita todo y se empieza a aclarar—faltaba más, dijo Andrés Manuel I desde el fondo de su cartera en la que guarda, dobladito, un billete de 200 pesos y el dólar de la suerte junto con el “detente”.
¡Ah!, pero luego escurrió el bulto y se victimizó.
–(…) Entonces, todavía eso es preliminar. Desde luego, lo usan nuestros adversarios, los conservadores corruptos, porque piensan que es lo mismo. No, ya no opera, hablando el lenguaje de seguridad.
Y en la delincuencia de cuello blanco… Porque aquí estamos hablando de la llamada delincuencia organizada, pero antes operaba ‘el Chupacabras’, ‘el Diablo’, ‘Don X’, etcétera, etcétera, etcétera, con impunidad. Ahora ya no, no somos iguales, en este gobierno no hay ladrones, para que quede claro—manifestó el Duce. ¿Y los corruptos de la 4T? Bien, gracias.
Pero la colega Diana insistió.
¿Y faltaría apretar más en el combate a la corrupción o a qué lo atribuye?, dijo al licenciado presidente, quien sin titubear, consecuencia de la conciencia tranquila que lo acompaña en Palacio, respondió:
“No hay problema. Para los conservadores, pañuelito blanco, no hay corrupción, ya no es el tiempo de los gobiernos pasados.
“Por eso resistimos —está hasta bordado (el pañuelito)– por eso resistimos, porque si no tuviésemos autoridad moral no podríamos avanzar, bueno, no podríamos hacer ninguna denuncia a la mafia del poder, ni a la delincuencia organizada”.
No se ría, en serio, insiste en su autoridad moral pese a que su primogénito e integrantes varios de la familia real han evidenciado ausencia de honestidad y transparencia, sí, ésta que el licenciado presidente dice e insiste en que nada, pero nada de nada tiene que ver con su gobierno.
Y luego, Andrés Manuel I se preguntó: “¿por qué avanzamos?” Y se respondió: “ahora dos razones, hay otras desde luego: Una, el no permitir que haya asociación delictuosa, que los que estamos aquí no nos vinculemos a la delincuencia organizada, eso es clave”.
De ser así, Su Alteza Serenísima deberá instruir que su amigo y ex mecenas y protector, Ignacio Ovalle Fernández, sea investigado y se aplique la ley, porque las irregularidades encontradas por la ASF en Seguridad Alimentaria de México (Segalmex), Liconsa y Diconsa, deben ser solventadas conforme al procedimiento legal, aunque ello no ha ocurrido.
El tema de corrupción en Segalmex no es nuevo, incluso en este espacio se abordó hace más de dos años, cuando se descubrió tráfico de influencias y corrupción en la compra y distribución de granos de maíz mejorados, por lo menos en el estado de Guerrero.
Y, vaya, vaya, hasta el pasado miércoles 26 de enero se informó que por lo menos tres altos funcionarios de Segalmex, es decir, cercanísimos colaboradores de Ignacio Ovalle, fueron destituidos del cargo, una vez que se les comprobaron presuntos ilícitos y actos de corrupción que se denunciaron ante la Fiscalía General de la República.
Denunciados, no detenidos. ¿O sea? Lo mismo ocurrió con quienes fueron responsables de las transas con el maíz mejorado. ¿Justicia, honestidad, transparencia en la 4T? ¡Já!
Mire usted, en un trabajo periodístico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) se documentaron, desde agosto del 2020, anomalías en Seguridad Alimentaria Mexicana, dependiente de la Secretaría de Agricultura, que, cita MCCI, “involucran a una empresa fundada por Alejandro Puente Córdoba, empresario de telecomunicaciones ligado a actos de corrupción durante el sexenio de Felipe Calderón, recibió en unos cuantos días dos contratos de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que implicaban un pago de hasta 4 mil millones de pesos para procesar y vender leche a Liconsa, aun cuando la compañía y el empresario no tenían experiencia en ese ramo”.
El trabajo es amplio y suma evidencias de corrupción a lo registrado en 2019 y que fue ocutado bajo la alfombra.
La destitución de funcionarios fue informada, en enero pasado, mediante comunicado y es un mentís al pañuelito blanco del licenciado presidente.
En efecto, la Secretaría de la Función Pública ordenó fiscalizar a Segalmex, Diconsa y Liconsa de los años 2019, 2020 y 2021, y ello arrojó presuntas irregularidades cometidas por servidores públicos, proveedores y prestadores de servicios, que pudieran derivar en responsabilidades administrativas o penales.
Pero, pero…
El secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, se curó en salud y separó del cargo, por supuesto con el visto bueno del Duce, a varios servidores públicos; temporalmente nombró a Juan Francisco Mora Anaya, quien es jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, Diconsa y Liconsa, como responsable de las Direcciones Comercial y de Operaciones de Liconsa.
¿Y qué con Ignacio Ovalle Fernández, jefe de estos personajes? ¿No se enteró de la corrupción que impera e imperaba en su oficina? ¿Nadie a prisión?
Las inconsistencias en Segalmex, Diconsa y Licona, cita el reporte de la ASF, incluyen compra de fertilizantes, abonos y plaguicidas, de los que no se acreditó su recepción y derivó en daño por 49.9 millones de pesos. ¡Nomás! Pero, ahí tiene usted al del pañuelito blanco y cuaderno de Nacho Ovalle. ¿Amor con amor se paga? Usted llámele como considere. Digo.
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