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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
El huachicol en México es una problemática bastante grave que afecta al país desde hace años. Aunque pudiera resultar inimaginable por lo mediático del tema, para quienes no estén familiarizados, el huachicol es la práctica ilegal de robar combustible de los ductos de Pemex, y su posterior comercialización o uso indiscriminado. Este robo genera grandes pérdidas económicas y tiene consecuencias devastadoras para la seguridad de las personas y también del medio ambiente.
Es fundamental tomar conciencia de la magnitud del problema. Según datos de la Secretaría de Energía, el robo de combustible en México alcanza niveles alarmantes, con un estimado de 6,000 barriles diarios, lo que equivale a casi un millón de litros, con pérdidas anuales que superan los 30,000 millones de pesos. Además, el huachicol provoca incendios y explosiones en los ductos, resultando en la muerte y lesiones de decenas de personas.
Este problema no solo afecta al sector energético, sino a todos. El huachicoleo casi siempre va de la mano con otros delitos, como el narcotráfico, narcomenudeo y el crimen organizado, ya que la mayoría de las veces, los mismos grupos delictivos se encargan de llevar a cabo esta actividad.
De acuerdo con datos oficiales, el robo de combustible se concentra en 22 de los 32 estados de México. Sin embargo, el mayor problema se presenta en Hidalgo, seguido de Puebla, Tamaulipas, Veracruz, Jalisco y el Estado de México. Estos estados representan el 90% de las tomas clandestinas en todo el país.
Según datos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cada año se registran miles de delitos relacionados con el robo de combustible en todo el país, incluyendo homicidios, secuestros y robos a mano armada.
Además de sus implicaciones para la seguridad, el huachicol genera serias consecuencias medioambientales. La extracción ilegal de combustible provoca derrames y fugas, lo que contamina el suelo y los ríos de las regiones afectadas.
El robo de combustible también pega directamente en el presupuesto del gobierno. Según un informe de Pemex, en 2022 se perdieron más de 18.7 mil millones de pesos debido al huachicol. Para poner esta cifra en contexto, el presupuesto de todo el Poder Legislativo en el mismo año fue de 15.9 mil millones de pesos.
Hidalgo, una de las entidades por la que cruzan la mayor cantidad de ductos de Pemex, se convierte en una región especialmente vulnerable al robo de combustible. Según datos de la Petrolera mexicana, nuestro estado, tristemente, lidera el país en número de tomas clandestinas, con más de 2450 registros en el primer semestre de 2024, cabe hacer mención que esto representó una disminución del 33.19% en comparación con 2023. Los municipios más afectados son Cuautepec, Ajacuba, Tlahuelilpan, Tula de Allende y Tezontepec de Aldama.
Para combatir esta situación, se han implementado diversas estrategias. Una de las más importantes es la vigilancia de los ductos de Pemex, llevada a cabo en colaboración con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y los gobiernos estatales. También se han establecido programas de recompensa para quienes denuncien actividades delictivas.
Sin embargo, el huachicol sigue siendo un problema grave en Hidalgo. Los grupos delictivos que se dedican al robo de combustible son cada vez más sofisticados y violentos, lo que dificulta su detección y captura. La corrupción de algunas autoridades municipales y la falta de recursos para las fuerzas de seguridad también constituyen obstáculos significativos en la lucha contra este delito.
Recientemente, el gobernador del estado, Julio Menchaca Salazar, ha reafirmado que su gobierno, junto con dependencias federales, ha establecido la meta de sacar a Hidalgo de los primeros lugares nacionales en cuanto al robo de hidrocarburos, con un plazo inmediato, por ello la lucha es frontal: cientos de decomisos, detenciones, clausuras.
Desgraciadamente y a pesar de los esfuerzos del gobierno en todos sus niveles para enfrentar el robo de combustible, los resultados siguen siendo insuficientes. Algo no se está haciendo correctamente, y se debe reflexionar sobre cómo mejorar las estrategias implementadas.
Como sociedad, también debemos asumir nuestra parte de responsabilidad. Es fundamental comprender que el huachicol no solo afecta al gobierno y a las grandes empresas, sino que también tiene consecuencias directas en nuestra vida cotidiana. Al comprar combustible robado, se apoya indirectamente al crimen organizado y se contribuye a la pérdida de recursos públicos destinados al desarrollo del país.
Este fenómeno, refleja una serie de fallas estructurales en el sistema de seguridad, la corrupción y la impunidad que privaron en México durante décadas. Aunque se han implementado grandes medidas para frenarlo, la raíz del problema sigue siendo difícil de erradicar debido a su complejidad. El verdadero desafío está en lograr una coordinación eficaz entre las autoridades, fortalecer las políticas de prevención y sanción, y crear una cultura de denuncia y compromiso ciudadano. Solo con un esfuerzo conjunto será posible frenar esta actividad ilegal que sigue dejando huella en la seguridad y el bienestar del país. La lucha está lejos de terminar, pero cada paso hacia la mejora es crucial para alcanzar un México más seguro y justo. Al tiempo.
