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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
El próximo domingo 1 de junio, México vivirá un proceso electoral inédito: por primera vez en la historia contemporánea, los ciudadanos elegiremos a jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Una jornada lectoral, que, si bien representa un ejercicio democrático sin precedentes, también ha generado muchas dudas, incertidumbre y serias complicaciones tanto para los aspirantes como para la propia organización del proceso.
El Poder Judicial, tradicional e históricamente, ha estado blindado a los vaivenes políticos, sobretodo por la vía de las designaciones internas y los propios escalafones meritocráticos, pero ahora, se enfrenta al reto de hacer campaña y competir en las urnas. Pero, ¿qué tan viable es que jueces y magistrados puedan hacer campaña sin comprometer la imparcialidad de su labor cotidiana?
Aquí radica el primer gran problema: la mayoría de candidatos que provienen del propio Poder Judicial, deberán seguir desempeñando sus funciones mientras a la par, buscan el voto ciudadano, sin recursos oficiales, sin financiamiento privado y bajo una fiscalización estricta. A diferencia de otros procesos electorales, aquí no hay partidos que financien, ni estructuras políticas que organicen. En términos llanos, se trata de una elección ciudadana cuesta arriba.
El Instituto Nacional Electoral (INE), encargado de la organización, tampoco les ha facilitado mucho el camino. La falta de información ha sido una constante, dejando tanto a los aspirantes como a los ciudadanos en un limbo de incertidumbre. ¿Cómo se votará? ¿Cómo se evaluará a los candidatos?, ¿Se votará por un número o por una persona? ¿Cómo garantizar que la ciudadanía tenga elementos suficientes para tomar una decisión informada sobre perfiles que, en su gran mayoría, le son desconocidos? Hasta este momento, a menos de 48 horas de iniciar la campaña, estas preguntas siguen sin respuesta.
Para nosotros los ciudadanos, el reto es doble. Por un lado, está la complejidad de un proceso electoral que se suma a una jornada ya de por sí muy polémica por la forma en que se decidió. Por otro, la falta de referencias sobre casi todos los aspirantes, genera un escenario donde el voto puede terminar siendo más una apuesta que una decisión informada. Si a esto sumamos el riesgo de que la popularidad o las campañas mediáticas reemplacen la evaluación de méritos y trayectoria, la independencia judicial podría quedar en entredicho.
Si a esto le añadimos el desafío de garantizar la plena autonomía del Poder Judicial, en un contexto donde la politización de la justicia ha sido un tema recurrente. Las críticas a la propuesta de elección popular de jueces y magistrados han señalado que este esquema podría hacer que los operadores del sistema judicial respondan más a intereses políticos que a la ley misma. Un juez que necesite del voto ciudadano para mantenerse en su cargo podría estar más tentado a tomar decisiones con criterios populistas, en lugar de apegarse estrictamente a los principios del derecho.
El impacto de esta elección no será menor. Dependiendo del resultado, podríamos estar ante una transformación profunda en la manera en que opera la justicia en México. Si la elección logra consolidar perfiles con independencia y conocimientos técnicos, podría ser vista como un avance democrático a nivel mundial, sin duda. Pero si, por el contrario, se convierte en una pugna por votos basada en estrategias de marketing político y alianzas con grupos de poder, estaríamos ante un retroceso preocupante.
Aún queda por ver cómo se desarrollará la campaña de los aspirantes, qué mecanismos se implementarán para informar a la ciudadanía y cómo responderá el INE a las exigencias de claridad en el proceso.
De momento, el escenario es incierto y las dudas superan por mucho a las certezas en ambos lados. Sin reglas claras, sin equipo, sin financiamiento y sin experiencia previa, esta elección sigue pareciendo más un experimento que un verdadero paso hacia la democratización del Poder Judicial.
El 1 de junio será un día histórico, pero aún no sabemos si para bien o para mal. Lo que sí es seguro es que el resultado de esta elección tendrá consecuencias duraderas en el equilibrio de poderes y en la manera en que se imparte justicia en México.
Al Tiempo.
