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* El contralor acaba de informar que 40 despachos pertenecientes a Colegios Profesionales en el Estado, serán contratados mediante licitación pública, para coadyuvar en la revisión de estas entidades del gobierno del Estado; de tal manera que no quedará una sola área de la administración local sin ser revisada a fondo. Los auditores externos, rendirán su informe preliminar de observaciones el último día hábil de febrero del 2026, dándose un plazo para subsanarlas a los responsables, hasta el 31 de marzo
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
A mitad de la administración del gobernador Julio Menchaca, y respecto al tema de la transparencia y rendición de cuentas queda claro que no habrá un solo ente público sin auditar; el contralor, Álvaro Bardales, acaba de informar la contratación de 40 despachos de contadores públicos para practicar auditorías externas a 67 organismos descentralizados, en el ejercicio fiscal 2025.
Sin temor a equivocarnos, podemos afirmar que nunca en la historia de Hidalgo, un gobierno había realizado una revisión tan acuciosa de las finanzas públicas y la operación de todas sus áreas. Debe señalarse que los despachos a ser contratados mediante licitación pública, pertenecen a dos colegios profesionales del Estado, con una probada trayectoria para cumplir con los estándares de calidad y los requerimientos establecidos en la Ley de Responsabilidades Administrativas.
Es decir: no se trata de firmas improvisadas o de amigos o cuates, como solía emplearse en el pasado, propensas a arreglos bajo la mesa o en lo oscurito. Estos despachos profesionales saben que en la puntual revisión de los organismos a auditar, está en juego no solo su prestigio sino una gran responsabilidad, ya que habrán de rendir en el último día hábil de febrero del 2026, un informe preliminar de las observaciones que puedan encontrar en sus respectivos arqueos para que los organismos puedan solventar las probables deficiencias el 31 de marzo del próximo año. De no ser así, se procederá de acuerdo a la ley.
En este tenor de transparencia y puntual cumplimiento en el ejercicio de los recursos públicos, la Contraloría a puesto a disposición de los ayuntamiento y organismo, un listado de contadores públicos certificados a fin de auxiliarlos como auditores externos.
Con tales herramientas profesionales, muchos ediles y otros titulares de diversas áreas de la administración pública, no tendrán excusas para cumplir con las obligaciones a que están obligados de acuerdo a la Ley de Responsabilidades.
Lo hemos señalado en pasadas entregas que el contralor Bardales es una pieza de primera importancia en la lucha contra la corrupción que ha emprendido desde el primer día de su gestión el gobernador, Julio Menchaca Salazar.
Los hechos hablan de una abismal diferencia entre el quehacer del actual contralor con su antecesor César Román “N”, procesado en Estados Unidos por adquisición de vehículos de alta gama y lujosas propiedades, quien protestó el cargo jurando hacer cumplir la ley y evitar el manejo indebido de los recursos públicos. Como todo Hidalgo y el país saben, las cosas fueron totalmente opuestas y el ex funcionario resultó un redomado pillo que fue uno de los principales arquitectos de la llamada Estafa Siniestra, cuyo desvío asciende a más de 500 millones de pesos.
La ciudadanía está consciente de que los personajes que están siendo investigados o han pisado la cárcel, son obligados a devolver lo hurtado, ya no son más las historias de simulaciones, el borrón y cuenta nueva o, el “usted disculpe”, que en una cínica puerta giratoria, simulaba el combate a la corrupción en épocas pasadas.
Hace también unos días, Álvaro Bardales señaló a los medios que de las 3 mil 700 obras públicas revisadas, en 370 de ellas fueron encontradas diversas irregularidades. Es decir, un 10 por ciento de las obras ejecutadas a todo lo largo y ancho del Estado son sujetas a revisiones exhaustivas y de encontrar situaciones anómalas que no puedan ser corregidas, puede tenerse la seguridad que tanto el Contralor como la Procuraduría Local, procederán sin miramientos contra los responsables, sean empresarios o políticos.
En el área de la transparencia y la revisión de cuentas, Hidalgo están marcando un precedente que debe ser ejemplo a nivel nacional porque se está demostrando que las malversaciones y cochupos pueden evitarse y combatirse, cuando hay la disposición y le ética pública para meter al orden y con la ley en la mano a aquellos que siguen creyendo que el ejercicio del poder es para enriquecerse a costillas del pueblo.
La lucha contra los corruptos inicia una nueva etapa en la primera mitad del gobierno de Julio Menchaca, con el contralor Álvaro Bardales, a la cabeza.
