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* Una investigación de Expediente Ultra, apunta a que la cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo (PERH), no fue a causa del descontento social en la consulta realizada el pasado 14 de diciembre en Tula y municipios aledaños, donde se votó por el NO; de manera anticipada “grupos ecologistas” volvieron a manifestarse sin mostrar bases científicas en su inconformidades. La sospecha es que años atrás, algunas de estas organizaciones fueron usadas para sacar del manejo de residuos en la región de Tula, a otras empresas, para favorecer los intereses de firmas ligadas a políticos de Morena como el actual senador, Cuauhtémoc Ochoa, quien siendo Subsecretario de la SEMARNAT en el sexenio de Peña Nieto, abrió sus propias plantas de tratamiento y rellenos sanitarios en municipios como el Cholula, Puebla, demandado por contaminar el subsuelo y los mantos acuíferos de una vasta región, en esa entidad
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
La cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje de Hidalgo (PERH) –tras la consulta realizada el pasado 14 de diciembre en Tula y municipios aledaños–, proyectado para beneficiar directamente a 600 mil personas de 14 ayuntamientos en el Estado y conllevar al cierre gradual de 450 tiraderos a cielo abierto entre los que se cuentan rellenos sanitarios convertidos desde hace más de una década en permanentes fuentes de contaminación, apunta a un bien armado esquema de manipulación social y política que busca preservar poderosos intereses económicos de empresarios voraces y políticos de la 4T incrustados en el Poder Legislativo, a los que no les importó dinamitar el plan de remediación ambiental de la Presidenta Claudia Sheinbaum.
El proyecto que buscaba solucionar una “carga ambiental negativa”, acumulada en más de 50 años, como señalaron funcionarios estatales, estaba encaminado a tres objetivos fundamentales: agua más limpia, una vida más digna y salud y bienestar para las comunidades, pero se vino abajo curiosamente por la resistencia de grupos ambientalista que, en contrasentido, han venido exigiendo el cierre de rellenos sanitarios contaminantes, como el que opera desde principios de la 2010, en la Región de Tula.
Tras los resultados de la consulta, líderes de estas organizaciones señalaron a los medios que en la consulta ganó el NO al parque circular porque la “gente participó pensando en defender sus familias, su territorio, su salud y su vida”, pero en realidad lo que defendieron no fue sino un “gatopardismo” ecológico, porque su defensa a ultranza fue a favor de que todo siga igual, dejando intocable a una mafia que de manera encubierta se ha enriquecido con el manejo de la basura.
La presidenta Claudia Sheinbaum señaló en su conferencia mañanera que el gobierno federal sería respetuoso de la decisión tomada por la gente de la región. Posición similar externó el gobernador Julio Menchaca, quien a pregunta expresa si detrás de la cancelación podría haber un interés político, respondió: “más que eso, yo creo que económico”.
Y no se equivocó el mandatario. Una investigación realizada por Expediente Ultra, permite suponer que, en efecto, hay manos negras movidas por poderosos intereses económicos, que pudieron operar y manipular el voto en contra del proyecto presidencial, pues nadie en su sano juicio puede votar en contra de un proyecto que traería, en todos los sentidos, más beneficios que perjuicios.
Lea con atención, estimado lector y juzgue la génesis de estos dinamiteros de la política ambiental de la 4T:
Todo comenzó el 18 de febrero de 2010 cuando los ejidatarios Irma Leal Tovar y Héctor Vinicio Velázquez León, rentaron sus parcelas 2p1/2 y 92Z-2P/1/2, a los municipios de Tula de Allende, Tlaxcoapan, Atotonilco, Atitalaquia y Tlahuelilpan, para utilizarlas como relleno sanitario regional, mismo que empezó a funcionar en el 2011, bajo la supervisión del gobierno Estado, pero en 2012. en acuerdo con los citados municipios, se decidió otorgar la concesión para la operación del relleno a la empresa Arcángel S.A de C.V, conviniendo que cada ayuntamiento le pagaría una renta mensual de 45 mil pesos más IVA, que después de incrementaría a 52 mil pesos; asimismo, la cantidad de 86 pesos más IVA; por cada tonelada de disposición.
Los pagos comenzaron a atorarse desde el 2014 por lo que en el 2017, los municipios involucrados buscaron llegar a un acuerdo con la empresa perteneciente al GRUPO ARCÁNGEL, y con los ejidatarios. En la mesa de negociaciones participaron funcionarios como el entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente de Hidalgo, Benjamín Rico –que acaba de renunciar al PRI–.
El tema que nos ocupa tuvo su punto de inflexión en la Sesión de Cabildo del Ayuntamiento de Tula de Allende, celebrada el 24 de junio del 2017, donde curiosamente inició el desplazamiento político de la firma ARCÁNGEL, para abrir las puertas a la empresa TECNOSILICATOS S.A de C.V, que hasta la fecha tiene el control del relleno y, como veremos más adelante, es la más interesada en que el Proyecto Ecológico y de Reciclaje no llegara a buen puerto.
Para comenzar a hilvanar el hilo conductor de la red de complicidades, debemos puntualizar que se encontraba como Regidor Diego Velázquez Colín, sobrino de Héctor Vinicio Velázquez León, parcelero arrendador de los terrenos donde se asienta el relleno sanitario.
En este entramado debemos citar que Diego Velázquez es hermano de Vinicio Velázquez Colín, nada más y nada menos que Secretario Particular del Senador de Morena por Hidalgo, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, por esos años Subsecretario de la SEMARNAT, a nivel federal y quien desde entonces había entrado de lleno en el negocio de los rellenos sanitarios, con su planta PRO-JAT HIDRO LIMPIEZA S.A de C.V, en Cholula, Puebla donde le estalló desde el 2024 un movimiento por los habitantes de los llamados Pueblo Volcaneros, por la brutal contaminación del subsuelo y la contaminación de los mantos acuíferos de lo que se suponía, debía ser una planta ecológica de reciclaje.
¿Por qué es importante citar la mencionada sesión de Cabildo? Porque en ella el Regidor Velázquez Colín, sospechosamente comenzó a pugnar a favor de TECNOSILICATOS, al mencionar. “Pues las cosas están más o menos con el relleno sanitario, pues hoy gracias a las reuniones que el presidente ha tenido (el alcalde Ismael Gadoth Tapia Benítez) con la SEMARNAT (léase Cuauhtémoc Ochoa)…” “pues hoy tenemos la oportunidad de revertirlo de alguna manera”. Pero más que revertir; es decir, cerrar el relleno por los efectos contaminantes que ya ocasionaba a la región, lo que el funcionario municipal buscaba era quitar la concesión a la firma ARCÁNGEL.
No sabemos si Tapia Benítez, el entonces alcalde priísta de Tula, supo de lo que tramaba el regidor Velázquez, pero en la misma sesión le dio todo su apoyo para allanar el camino a TECNOSILICATOS.
Veamos por qué:
Dijo entonces el presidente municipal: “La intención es seguir trabajando de manera coordinada porque primero, tenemos nada más 8 meses de utilidad de este relleno sanitario, está en una etapa final no en el uso de este relleno sedentario, se está trabajando en la gestión de un relleno sanitario regional. Ustedes participaron y el regidor Diego Velásquez a quien le vuelvo a reconocer ese acercamiento y esa gestión a través del subsecretario de la SEMARNAT con el ingeniero Cuauhtémoc Ochoa para poder generar alternativas que vayan de la mano con el gobierno federal gobierno del estado y del gobierno municipal para resolver y proyectarlos relleno más bien una planta de tratamiento de residuos sólidos que nos ayuda a resolver la problemática de una vez por todas las emisiones contaminantes”.
Con esta asamblea y los acuerdos logrados gracias al apoyo de Ismael Gadoth Tapia y Diego Velázquez, para prácticamente finiquitar el contrato con la empresa ARCÁNGEL, todo comenzó a prepararse. Curiosamente, ojo, aumentaron los plantones y manifestaciones en contra de la empresa en vías de ser desplazada, para obligar a las autoridades federales y estatales a la cancelación de la concesión y permisos a esta empresa.
Los diversos municipios que conformaban el contrato para que fueran depositados los residuos generados en sus localidades en ese relleno sanitario, comenzaron a firmar nuevos contratos con la empresa TECNOSILIOCATOS DE MÉXICO S.A. de C.V., entre estos, el ayuntamiento de Atotonilco de Tula que en el año 2020 aprobaba la firma del contrato en favor de esta empresa, cayendo en cascada en el resto de los ayuntamientos. Como se aprecia, entre las falacias esgrimidas en la sesión de Cabildo, destaca la supuesta vida útil de solo “ocho meses” del tiradero.
Se preguntará el lector: ¿Y qué tiene qué ver Cuauhtémoc Ochoa en todo este entramado?
Sucede que el socio principal y apoderado de TECNOSILICATOS es José Ramón Alonso Pujol, vinculado al grupo político del hoy senador y gracias a cuyas gestiones e influencia ha logrado contratos para sus firmas en otros municipios del Estado como Pachuca y Mineral de la Reforma.
Pero hay más datos para explicar cómo se las gastan estos grupos de poder en el asunto de apoderarse del control del manejo de residuos en Hidalgo.
Cuando todos pensaban que tras el desplazamiento del GRUPO ARCÁNGEL, todo sería miel sobre hojuela, el 11 de enero del 2022, el entonces gobernador Omar Fayad, les dio un serio revés al anunciar el arranque de las operaciones del Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos en Atitalaquia, donde se recibiría la basura de nueve municipios, con un sistema más avanzado y menos contaminante que el empleado por TECNOSILICATOS, con la concesión a la empresa Ecológical Solutión México (ESMEX).
La sorpresiva noticia tomó a los alcaldes con las uñas tras las puertas porque muchos tenían contratos firmados hasta junio de ese año con el amigo de Cuauhtémoc Ochoa, por lo que como aconteció años atrás, movieron sus piezas de la agitación a través de grupos como el denominado No al Basurero Municipal –¿les dice algo el nombre?–, para iniciar una serie de protestas contra el inicio de operaciones de ESMEX.
El 20 de junio del 2022, tres integrantes de la citada organización fueron agredidos por “personas desconocidas”; dos resultaron lesionados pero uno falleció, dando a los poderes fácticos del Estado, la bandera política que necesitaban para impedir que el entonces gobernador invadiera su área de negocios.
Las presiones contra la administración de Fayad surtieron efecto y su gobierno se vio obligado a revocar la concesión a ESMEX. ¿Estaba enterado el gobernador de la relación de Cuauhtémoc Ochoa con la empresa que se le enfrentó entonces?
Ahora, curiosamente antes de la consulta del pasado 14 de diciembre volvió a aparecer el mismo modus operandi. Protestas sin sustento científico contra el proyecto de la Doctora Sheinbaum. Y como se puede comprobar, de manera sospechosa, ayer como hoy los “inconformes ambientalistas”, no tocan ni con el pétalo de una de sus consignas a TECNOLSILICATOS ni su contaminante relleno sanitario.
El asunto es que ahora, estos poderosos intereses creados, a los que les importa un cacahuate el tema ambiental y la salud de la población, como ha quedado demostrado con el mortífero relleno sanitario de Ochoa Fernández en Cholula, Puebla, que ha envenenado el subsuelo y los mantos acuíferos de una vasta región, han echado abajo nada menos que la intención de la Presidenta Claudia Sheinbaum, de limpiar a la contaminada región de Tula.
“Dinamiteros” cuya identidad tarde que temprano saldrá a la luz; mercenarios de la ecología que como el caso del Senador de Morena, niegan cínicamente estar relacionado con el manejo de la basura y los residuos sólidos, como ha señalado en entrevista con los medios, cuando las pruebas publicadas por este medio inaugurando en su calidad de Subsecretario de Fomento de la SEMARNAT, su propia planta de reciclamiento ecológico, en febrero de 2016, en Puebla, lo desmientan.
¿O acaso negará Ochoa que en GRUPO CIPA (Apócope del nombre de los dueños: Cuauhtémoc, Isabel, Pablo y Avelino), forma parte del mismo el hoy diputado local del Partido Verde Ecologista en el Congreso de Hidalgo, Avelino Tovar Iglesias?
¿También negará los intereses a qué responde en todo este asunto la familia de su secretario particular, Vinicio Velázquez Colín, ex candidato a diputado local y parte de su grupo político?
Precisamente PRO-FAJ HIDRO LIMPIEZA S.A de C.V, responsable del contaminante relleno sanitario de Cholula, Puebla, es una de las firmas de CIPA. Una de las tantas empresas bajo las cuales el Senador cercano al líder senatorial, Adán Augusto López Hernández, ha logrado amasar una considerable fortuna que le ha permitido ser dueño de gasolinerías, hoteles y hasta casas de lujo en los Estados Unidos, según publicaciones de medios nacionales como El Universal.
Dinamitar un acuerdo a nivel municipal y hasta echar abajo una concesión estatal es una cosa, pero dinamitar un proyecto presidencial es un tema sumamente delicado, podría decirse, abierto “Terrorismo Político”.
El hilo conductor de los “intereses económicos” a que se refirió el gobernador, Julio Menchaca, tiene sólidos antecedentes y lógicos intereses y operadores.
La pregunta obligada salta a la vista: ¿Les permitirá la 4T, seguir retando a todo aquel que ose interferir en sus planes de expansión y consolidación económica y política?
