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* El 23 de mayo de 2022, la prensa local de Morelos informaba sobre la localización y rescate del cuerpo sin vida de un joven de 21 años que desafortunadamente había caído al Lago conocido como el “Mar de Morelos”, mientras realizaba, en compañía de un grupo de amigos y familiares, un paseo recreativo en lancha. Se trataba de Alan Antonio Ramos Ojeda, originario de la CDMX, quien el sábado 21 de mayo de ese año desapareció al caer en el lago. Los trabajos de rescate, por parte de elementos de la Dirección de Emergencias especializadas en labores de rescate acuático, se extendieron durante casi 48 horas, pero lo que al principio apareció como un desafortunado accidente, al paso de los años arroja un sinfín de dudas sobre las verdaderas causas del deceso, tras analizarse documentos filtrados a este medio
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Como siempre lo hemos manifestado, una de las misiones fundamentales de Expediente Ultra, además de informar de manera veraz, oportuna, transparente y objetiva, es la de evidenciar injusticias, abusos de poder y casos de impunidad.
Entre el 2018 y el 2024, en el estado de Morelos (desgobernado por el impresentable Cuauhtémoc Blanco) se vivió una atribulada etapa política que más bien parecía un despeñadero, porque la realidad asustaba y el futuro amenazaba con ser peor.
La angustia en términos de justicia, corrupción e inseguridad era tan grande que podía romperte el corazón si te sorprendía en un momento de fragilidad.
He aquí un caso terrible, entre miles.
El 23 de mayo de 2022, la prensa local informaba sobre la localización y rescate del cuerpo sin vida de un joven de 21 años que desafortunadamente había caído al Lago de Tequesquitengo, conocido como el “mar de Morelos”, mientras realizaba, en compañía de un grupo de amigos y familiares, un paseo recreativo en lancha.
Se trataba de Alan Antonio Ramos Ojeda, joven originario de la Ciudad de México, quien el sábado 21 de mayo de ese año desapareció al caer en el lago. Los trabajos de rescate, por parte de elementos de la Dirección de Emergencias especializadas en labores de rescate acuático, se extendieron durante casi 48 horas por lago y aire.
Hasta ahí el informe.
Sin embargo, no todo estaba concluido, pues el calvario de la señora María de Lourdes Ojeda Álvarez, madre del joven Alan, apenas empezaba.
Desde el momento en que se enteró del percance, a través de su hermano Marco Antonio, padre de Tonanzi Omar Ojeda Terrazas, otro de los jóvenes que iba en la embarcación, acudió al sitio de la desgracia, pero notó que algo andaba mal.
“Cuando llegué se estaban poniendo de acuerdo mi hermano Marco Antonio, mi cuñado Miguel Ángel Padilla Rojas y otras personas que iban en la lancha, con la policía”, según consta en la carpeta de investigación correspondiente.
“Mi hermano se oponía a que se le practicara la necropsia de ley, porque, según él, era mucho papeleo y llevaría tiempo. Por supuesto me negué a ello y exigí se le realizara. Aun así, no me permitieron ver el cuerpo”, comenta María de Lourdes.
El punto es que, desde un principio, la madre de la víctima sintió desconfianza y aunque permitió que el proceso legal avanzara, en 2024 solicitó reabrir el caso, pues se percató de una serie de inconsistencias y vicios legales.
Por ello pidió formalmente, en su carácter de ofendida, a la entonces encargada del caso, la Agente del Ministerio Público Mayra Sandoval Figueroa, adscrita a la Fiscalía Regional Sur Oriente del Estado de Morelos, la exhumación del cuerpo de su hijo Alan Antonio, a fin de corroborar la causa de su muerte.
Sin embargo, no solo tuvo que enfrentarse al dolor de madre, sino a la terrible burocracia que imperaba en las fiscalías de justicia de ese estado durante dicho periodo (el nefasto Uriel Carmona Gándara, era el fiscal general, quien enfrentaba graves acusaciones de corrupción).
Pese a la férrea oposición de las autoridades judiciales morelenses, ampliamente corrompidas, la señora Ojeda Álvarez insistió en la exhumación de su hijo.
Conforme a su derecho, y en base al informe (21 fojas) emitido por el perito en medicina legal forense, Alberto Rogelio Ortega Madrid, asesor técnico contratado por ella, y en el que se hacen evidentes una serie de inconsistencias, negligencias y violaciones cometidas al momento de realizarse la necropsia de su hijo, Ojeda Álvarez insistió, ante el Ministerio Público responsable (y luego en la Fiscalía del estado) le autorizaran la exhumación del cuerpo de Alan, a fin de realizar estudios complementarios u omitidos.
El caso es que luego de revisar la carpeta de investigación JO-UEDD/1347/ 2022, se deduce lo siguiente:
- Que el día de los hechos no hubo movilización en tiempo y forma para el rescate del joven Alan.
- La necropsia realizada al cuerpo no se llevó a cabo conforme a los protocolos de ley, ni se efectuaron estudios complementarios.
- El día de la desgracia estuvieron doce personas paseando en la embarcación, no utilizaron salvavidas y el responsable de pasearlos les permitió consumir bebidas alcohólicas, lo cual está prohibido; aun así, el lanchero no fue debidamente interrogado, ni detenido ni sancionado.
- Las respectivas declaraciones de los involucrados estuvieron incompletas y llenas de inconsistencias, lo que hace sospechar de que fueron instruidos a falsear los hechos.
- Por ejemplo, algunos de ellos atestiguaron que el joven Alan cayó del lado izquierdo de la embarcación, cuando de acuerdo con los rescatistas el cuerpo se encontró del lado derecho. Los buzos manifestaron que, al no haber corriente, era imposible que el cuerpo se moviera al lado contrario.
- Nunca se reparó el daño por parte del seguro de vida, que se supone tiene el servicio de lanchas.
- El médico legista que practicó la necropsia, originalmente manifestó que el cuerpo presentaba un golpe en la cara, pero en su informe final establece que tenía una fractura en el hueso hioides (ubicado en la parte anterior del cuello), de la cual nunca se habló con anterioridad.
- De acuerdo con el perito Alberto Rogelio Ortega Madrid, todo indica que la fractura del hioides fue posterior al deceso de Alan, lo cual pudo ocurrir al intentar ocultar la causa real de la muerte, pues no hubo sangrado previo.
- Pese a toda esta serie de inconsistencias y vicios legales, el caso nunca se investigó a fondo, no se recabaron pistas, ni se revisaron videos y fotos aportados por María de Lourdes.
- Mucho menos, hubo detenidos.
- Ante tantas irregularidades, no existe duda de que se podría tratar de un caso criminal; por ello, la exhumación es necesaria y puede llevarse a cabo en cualquier momento, a fin de recopilar pruebas adicionales.
- Pero las autoridades judiciales morelenses siguen negándola.
Frente a semejantes y flagrantes anomalías, lo mínimo es desconfiar del actuar de las autoridades, pues es evidente que existió encubrimiento y colusión. Por ello, y luego de más de dos años de insistir en que se autorice la exhumación a fin de realizar estudios complementarios y esclarecer los hechos (para reclasificarlo como homicidio) y que la Fiscalía General del Estado atraiga el caso, solo han existido negativas, negligencia, majaderías, prepotencia, amenazas veladas y obstrucción de la justicia.
Precisamente en la fractura en el hueso hioides (ubicado en la parte anterior del cuello), que como ya se mencionó, nunca se habló con anterioridad, solo se produce de acuerdo a especialistas por una presión extremadamente fuerte ya sea por ahorcamiento físico o el provocado por una soga. Lo que presupone nuevas teorías de pueden echar abajo la inicial hipótesis de un simple accidente.
Por si fuera poco, existen evidencias suficientes que permiten suponer que Marco Antonio Ojeda Álvarez, hermano de la ofendida y padre de uno de los jóvenes que estuvieron involucrados el día del incidente, sigue realizando diversas acciones irregulares tendientes a obstaculizar el avance de las investigaciones.
Cierto o no, es una exigencia reabrir el caso y realizar estudios complementarios que permitan esclarecer lo que en verdad sucedió ese día porque además, debe consultarse la opinión de otros peritos para que emitan sus opiniones al respecto, sobre algunas inconsistencias.
Pero nada ni nadie, mucho menos el entonces oscuro fiscal Uriel Carmona Gándara, escucharon las súplicas de doña María de Lourdes.
De ahí que esperamos que, con el actual gobierno de Morelos, encabezado por Margarita González Saravia, y el fiscal en funciones, Fernando Blumenkron Escobar, pongan orden, reestructuren las fiscalías, combatan en verdad la corrupción y alienten a resolver todos estos terribles casos.
Así que, hacemos un llamado a Margarita González Saravia y al fiscal Blumenkron, a que muestren mayor sensibilidad y coadyuven a resolver la muerte del joven Alan. Aquí, en Expediente Ultra, seguiremos compilando mayores informes de un caso que puede dar un giro de 180 grados mostrando que en el gobierno de Cuauhtémoc Blanco, la justicia en Morelos sencillamente nunca existió.
