Tiempo de lectura aprox: 7 minutos, 48 segundos
* Desde hace más de una década, empresas como TECNOSILICATOS y RAMA´S, comenzaron a tener el control del manejo de los residuos, operando diversos rellenos sanitarios en diversos municipios de regiones como la de Tula-Tepejí y del Altiplano; al buscar el hilo conductor de su génesis, es fácil concluir su crecimiento en base a la complicidad y el tráfico de influencias de muchos políticos, antes priístas y hoy verdecoloistas y morenistas, como Benjamín Rico y Cuauhtémoc Ochoa. El tema es que lejos de exigir a las compañías el cumplimiento de las leyes ecológicas, les permitieron acumular toda suerte de abusos, ocasionando daños graves al medio ambiente, obteniendo a cambio millonarios contratos que ahora busca cobrar a nuevos ayuntamientos, de manera gangsteril
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Víctima de sus propias excesos y desatadas ambiciones, el “Cártel de la Basura” que se apoderó desde hace una décadas del manejo de los rellenos sanitarios en diversos municipios del Estado, amasando millonarias ganancias, al obtener concesiones e imponer sus reglas bajo el amparo de políticos del PRI –recién sumado al Partido Verde Ecologista (PVEM)–, como Benjamín Rico Moreno y el senador de Morena, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ha iniciado una caída libre luego de que municipios como Tula y Apan, están cerrándoles las puertas a sus contratos, negándose además a ceder a sus chantajes por acuerdos leoninos firmados con pasados ayuntamientos.
En el entramado de complicidades aparecen en la lista de este sui géneris Cártel, dos empresas con evidentes nexos como el caso de TECNOSILICATOS DE MÉXICO S.A de C.V y RAMA´S & SOS GROUP ENERGY S.A DE C.V; en la primera, aparece como Vicepresidente, Rafael Carmona Pardo; y en la segunda, como el propietario. En RAMA´S, figuran además sus hijos Luis Carmona Miñón y Francisco Antonio Carmona Miñón.
Cabe señalar que este último en su carácter de representante legal, ha aparecido en actas del Cabildo de Apan, como el responsable de enviar escritos amenazantes a la Presidenta Municipal de Morena, María Zorayda Robles Barrera, conminándola, al más puro estilo gangsteril, que de no pagarles lo establecido en el contrato pactado con la ex alcaldesa del PRI en ese municipio, Guadalupe Muñóz Romero, procederán a embargar bienes del ayuntamiento procediendo, de ser necesario, a romper chapas.
Para ejemplificar como opera esta empoderada mafia, citemos lo señalado hace unas semanas por la alcaldesa de Apan, en sus redes sociales, sobre el contenido del contrato firmado en el 2022 por Muñoz Romero con la citada empresa. En su cláusula décima primera, dice:
“Las partes acuerdan que la vigencia del presente contrato será en el período comprendido de el día 10 de marzo del 2022 al día 10 de marzo del 2026 de manera forzosa y cualquier modificación que los contratantes deseen realizar al contenido del presente contrato deberá efectuarse mediante convenio modificatorio por escrito y firmado por ambas partes, en donde expresamente se indique la obligación u obligación que se alteren o substituyan quedando afectadas por lo que expresamente se trate, por lo tanto se mantendrán en vigor las demás cláusulas”.
Dentro de las muchas anomalías que han salido a relucir es que la edil priísta, junto con su cabildo, aceptaron que la empresa llevara todas las de ganar en el tema de la recolección de residuos, pero el ayuntamiento, todas las de perder. Situación de la cual se percató la alcaldesa morenista tras su llegada al cargo en septiembre del 2024.
De manera pública, Sorayda Robles ha manifestado a la ciudadanía: “En las administraciones pasadas se beneficiaron a empresas (RAMA´S & SOS GROUP ENERGY S.A. DE C.V.) con intereses oscuros que manejaban el relleno sanitario regional que está situado en Apan. Esta empresa bajo un contrato leonino se benefició durante muchos años cerca de 20 millones de pesos al año de ganancias por depositar la basura en nuestro pueblo sin que un solo peso haya entrado a las arcas del municipio.
Por lo contrario, tuvo efectos secundarios en las localidades graves como daño ambiental a nuestra tierra, a nuestro subsuelo, a nuestro aire y también la proliferación de fauna nociva que ha puesto en riesgo la vida y, por supuesto, también la pérdida de elementos del ganado de las personas de, por ejemplo, San Miguel de las Tunas, de Corra, de Buenavista. Es momento de decir basta, es momento de defender los intereses que son de nuestro pueblo. Nuestra tierra no se vende, nuestra tierra se defiende”.
Como expuso este medio en diciembre pasado, el origen de esta poderosa red de intereses políticos y empresariales inicio años atrás cuando en el 2017, TECNLOSILICATOS hizo su aparición para desplazar a otras empresas en la región de Tula- Tepejí, contando siempre con el apoyo y tráfico de influencias de personajes ligados a políticos, ahora enfundados en la camiseta de Morena, como el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández, ex priísta y ex verdecologista.
El entonces alcalde de Tula, Ismael Gadoth Tapia Benítez, se dejó convencer por el regidor Diego Velázquez de finiquitar un contrato para el manejo de residuos con la empresa ARCÁNGEL. En una sesión de Cabildo agradeció a Velázquez el acercamiento con el entonces Subsecretario de la SEMARNAT, Cuauhtémoc Ochoa, para que su ayuntamiento fuera “de la mano” con los gobiernos federal y estatal, para resolver el tema de los rellenos sanitarios, e impulsar una “planta de tratamiento de residuos sólidos”.
Curiosamente, los terrenos destinados para el relleno en Tula era propiedad del parcelero Héctor Vinicio Velázquez León, tío del regidor Diego Velázquez Colín. Su hermano, Vinicio Velázquez Colín es nada menos que secretario particular de Ochoa Fernández en el Senado de la República y ha estado ligado de siempre en su carrera política al ahora legislador morenista.
A la distancia, difícilmente podría creerse que fue obra de la casualidad o la buena voluntad el que Cuauhtémoc Ochoa impulsara un nuevo relleno desde su cargo en la Secretaría del Medio Ambiente, pues como también ha denunciado Expediente Ultra, un año antes, en el 2016, el entonces funcionario en el gobierno de Enrique Peña Nieto, en claro conflicto de intereses, abrió en el municipio de Cholula, Puebla, un relleno y una planta de reciclamiento mediante una firma de nombre PRO-FAJ HIDRO LIMPIEZA S.A DE C.V, donde apareció como uno de sus socios nada menos que el ahora diputado local del PVEM, Avelino Tovar Iglesias.
Lejos de resultar una alternativa ecológica, la planta de Ochoa ha terminado envenenando el subsuelo de los llamados Pueblos Volcaneros, lo que ha ocasionado un conflicto social por la contaminación de los mantos freáticos de la región. Tema del que el senador rehúye hablar tratando de deslindarse del costo político a su persona, negando cínicamente tener metidas las manos en el negocio de la basura, no solo en Puebla sino en entidades como Oaxaca, Veracruz y el Estado de México. Y, por supuesto, en Hidalgo. El legislador morenista tiene nexos políticos y de índole empresarial con otro de los socios de TECNOSILICATOS, Ramón Alonso Pujol, con quien ha pactado alianzas para obtener otros contratos en alcaldías como la de Mineral de la Reforma.
En este silencioso desplazamiento de diversas empresas para favorecer a TECNOSILICATOS, tanto en Tula como en la propia Pachuca, mucho tuvo que ver el visto bueno del entonces titular de la Secretaría del Medio Ambiente Local, Benjamín Rico, ahora convertido –¡vaya casualidad¡–, en verdecologista.
En una situación similar a la de Tula, el primero de marzo del 2020, la empresa de la familia Carmona, entró a manejar la recolección de basura luego de firmar un contrato con el gobierno de la panista Yoly Tellería, luego de que la SEMARNATH, clausurara dos rellenos sanitarios, pero autorizara la operación de TECNOSILICATOS.
Mientras Rico Moreno había clausurado la operación de los rellenos a la empresa que tenía un acuerdo con el ayuntamiento de Pachuca, curiosamente permitió la edificación de una sexta celda a TECNOSILICATOS. Dos años antes, al comparecer al Congreso Local, el funcionario había sido tajante al señalar la inviabilidad de abrir una sexta celda en El Huixmí, anunciado su cierre.
Pero dos años después, su criterio dio un giro de 180 grados para favorecer a la empresa que ya operaba en Tula, donde obtuvo además contratos con los municipios de Tlaxcoapan, Atotonilco, Atitalaquia y Tlahuelilpan.
Otra muestra de cómo el tráfico de influencias ha beneficiado a los Carmona en otros municipios, es el visto bueno dado a su empresa RAMA´S, en Apan por la Secretaría del Ambiente del Estado, pues como se asentó en la sesión de Cabildo de este ayuntamiento de fecha 3 de diciembre del 2025, donde diversos regidores abordaron la agresiva carta enviada al municipio por Francisco Antonio Carmona Miñón, apoderado de esta empresa, conminando al pago de un millón 680 mil pesos al gobierno de la alcaldesa Zorayda Robles Barrera, por supuestos adeudos por el manejo de los residuos, a pesar del terrible daño ecológico causada a diversas comunidades, se dejó en claro que la dependencia dio su autorización en el 2022 a la firma, tal y como ocurrió en el 2020 en Pachuca.
Vale la pena citar que en esta maraña de intereses creados, de manera inevitable han aparecido los políticos del Partido Verde, no solo velando por los intereses de estas empresas sino hasta asumiendo el papel de sus “cobradores”.
Tal es el caso de la posición asumida por la regidora de este partido en el Cabildo de Apan, María Gloria Hernández Madrid, quien se atrevió a exigir a la alcaldesa el pago a RAMA´S, pues a su parecer se estaba cayendo en desacato al no cumplir con lo establecido el contrato por demás leonino, firmado por la prísta, Guadalupe Muñoz. En su papel de “defensora” de la firma, Hernández Madrid nunca habló, como verdecologista, del daño al medio ambiente ocasionado por la empresa de la familia Carmona al municipio.
Es importante destacar que Francisco Antonio Carmona Miñón representante de RAMA´S & SOS GROUP ENERGY S.A. DE C.V, no solo obtuvo contratos con el ayuntamiento de Apan; además, firmó otros tantos con el municipio de Actopan, siendo alcaldesa la hoy aspirante a la gubernatura de Hidalgo, Tatiana Tonantzi Ángeles Moreno.
También se cuentan los municipios de Almoloya, en acuerdo con la entonces edil priísta, Blanca Margarita Ramírez Benítez. Y de igual forma, con el municipio de Villa de Tezontepec, cuando era alcalde por Nueva alianza Luis Castañeda Muñoz.
Otro dato que habla del tráfico de influencias de otros tantos funcionarios en la pasada administración estatal, es que la firma obtuvo un contrato más por seis millones de pesos, para un estudio de saneamiento del relleno sanitario de El Huixmí, acordado nada menos que Martiniano Vega Orozco, ex el oficial mayor del gobierno de Hidalgo que en julio de 2025, fue sentenciado a 12 años de prisión por el delito de peculado agravado.
Hace unos días, el gobernador Julio Menchaca, fue cuestionado por los medios sobre el tema del relleno sanitario de Tula, operado desde el 2017, por TECNOSILICATOS y cuyo cuestionado manejo del relleno sanitario que da servicio a por lo menos unos cinco ayuntamientos en la región, ya habla de un colapso ambiental.
El mandatario fue claro y preciso cuando señaló que la empresa que detenta la concesión no ha estado al corriente en sus obligaciones y en el cumplimiento de los requisitos que implican sus servicios, por lo que cabe la posibilidad de que las autoridades locales le revoquen los permisos otorgados en el sexenio pasado.
¿Van a aplicarle sanciones a la empresa por lo que está generando?, cuestionaron los reporteros. Y el gobernador indicó: “las que contempla la ley, desde luego”.
Las empresas citadas no gozan de buenos antecedentes. Versiones periodísticas han señalado que, por ejemplo, en el Estado de México, el entonces gobernador Eruviel Ávila, les negó un permiso para operar un sitio de disposición denominado Rincón Verde, en el Ejido de San Mateo Nopala, del municipio de Naucalpan, por no cumplir con los estándares ecológicos establecidos en la normatividad mexiquense.
Cabe recordar que en ese mismo ayuntamiento ocurrió una tragedia en el 2013, al darse un deslave por una explosión a consecuencia de la acumulación de gases en el relleno sanitario ubicado en el sitio conocido como Puente de Piedra, operado por una de las empresas de Cuauhtémoc Ochoa. En la tragedia fallecieron dos trabajadores, pero el senador de Morena insiste en darle la vuelta al manejo irresponsable de sus firmas y socios en el manejo de los residuos.
Tras la cancelación del Parque Ecológico y de Reciclaje en Hidalgo (PERH), luego de la Consulta realizada el 14 de diciembre, expusimos en este espacio la probable manipulación de grupos “ecologistas” empleados de manera sospechosa en el 2017, para abrirle camino a TECNOSILICATOS, a cuyos intereses afectaría directamente el proyecto ambiental y de economía circular planteado por la Presidenta Claudia Sheinbaum y apoyado por el gobernador, Julio Menchaca.
Los hilos conductores que hablan de la génesis de este muy particular Cártel de la Basura que, como ya estamos viendo, opera no únicamente en Hidalgo, sino en otros Estados del País, deben ser analizados de manera acuciosa para saber el por qué muchos políticos relacionados con su fortalecimiento en el Estado, ahora están apareciendo en las filas del PVEM, donde el socio de Cuauhtémoc Ochoa, Avelino Tovar, está seguro del renacimiento político de estas siglas.
Hay muchas preguntas, pero solo dejaremos una al aire: ¿Son tan poderosos los intereses económicos de estos empresarios aliados con los políticos saltimbanquis como Cuauhtémoc Ochoa, que ya se alistan a dar la pelea a Morena?
Ya echaron abajo un proyecto presidencial, se dan el lujo de amenazar ayuntamientos y tienen a operadores de baja estofa como el senador morenista. Es momento de quitarles la escalera de la impunidad y el tráfico de influencias, para dejarlos colgados de la brocha. Constancias de sus fechorías ecológicas y contratos leoninos abundan, solo es cuestión de aplicarles la ley.
