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ENGRANES DE PODER
Por Víctor González Herrero / @VicGlezHerrero
Hay sentencias que cierran historias. Otras apenas las comienzan.
La cadena perpetua impuesta al narcotraficante mexicano Ismael «El Mayo» Zambada en una corte penal de Nueva York, podría parecer el punto final de una de las carreras criminales más largas y violentas del continente. Sin embargo, la verdadera dimensión de ese fallo no está en el destino de un hombre de 78 años que pasará el resto de su vida en prisión. Está en las preguntas que dejó flotando sobre las entrañas de la política mexicana.
Porque, desde el momento en que un personaje de ese tamaño decide declararse culpable y evitar un juicio público, la plática común ya no gira exclusivamente alrededor del narcotráfico. Comienza a girar alrededor del poder político y económico.
¿Qué dijo? ¿Qué información entregó? ¿Hubo algún tipo de negociación? ¿Existen nuevos expedientes? ¿Habrá más investigaciones? ¿Acusó a algún político de gran renombre?
Hoy nadie fuera de las autoridades estadounidenses puede responder con certeza esas preguntas. Cualquier afirmación categórica sería irresponsable. Pero tampoco puede ignorarse que, desde la sentencia, el ambiente político nacional parece haberse cargado de una tensión distinta.
En cuestión de días, el país ha visto acumularse episodios que, aunque jurídicamente no están demostrados como relacionados entre sí, alimentan una misma percepción pública: la detención del exgobernador Ernesto Ruffo Appel; la controversia derivada de los audios atribuidos a la gobernadora Marina del Pilar; las respuestas del Gobierno Federal; y una conversación pública cada vez más dominada por la posibilidad de que nuevas investigaciones crucen la frontera.
No se trata de construir teorías de conspiración. Se trata de reconocer un hecho político: cuando las coincidencias se acumulan, la incertidumbre también.
Durante décadas, la clase política mexicana aprendió a moverse bajo una lógica muy clara. Los problemas se resolvían —o se complicaban— dentro de México. Las investigaciones nacían aquí. Los expedientes se integraban aquí. Las negociaciones también.
Hoy esa realidad parece haber cambiado.
Nueva York dejó de ser únicamente la ciudad donde se juzga a los grandes capos del narcotráfico. También se ha convertido en un escenario que la clase política mexicana observa con una mezcla de atención, preocupación y cautela.
No porque una corte estadounidense vaya a sustituir a las instituciones mexicanas. Eso sería una conclusión equivocada. Sino porque los delitos trasnacionales, las redes financieras y la cooperación internacional han reducido las fronteras entre la justicia de un país y las consecuencias políticas en otro.
Ese es el verdadero cambio de época.
La administración de Claudia Sheinbaum enfrenta, quizá sin haberlo buscado, un desafío particularmente complejo. No basta con gobernar; también debe administrar una narrativa donde cada nuevo expediente, cada filtración, cada audio y cada investigación son interpretados por la opinión pública como piezas de un rompecabezas mayor, aun cuando muchas de ellas no tengan conexión demostrada.
En política, las percepciones suelen viajar más rápido que las sentencias.
Por eso el reto del Gobierno no consiste únicamente en responder a cada caso por separado. Consiste en preservar la confianza institucional en medio de un ambiente donde la sospecha amenaza con convertirse en el estado permanente de la conversación pública.
México no puede darse el lujo de gobernarse desde la especulación. Tampoco puede ignorar que la confianza ciudadana se erosiona cuando las dudas permanecen demasiado tiempo sin respuestas claras.
Quizá dentro de algunos años descubramos que la sentencia contra «El Mayo» fue simplemente el capítulo final de un viejo expediente criminal.
O tal vez entendamos que el fallo judicial marcó el inicio de una nueva etapa para la política mexicana: una donde el poder ya no solo deberá responder ante las urnas o ante los tribunales nacionales, sino también ante un entorno internacional donde las investigaciones, la cooperación judicial y el escrutinio público ya no conocen fronteras.
Si eso ocurre, la noticia más importante no habrá sido la condena de un viejo capo.
Habrá sido el momento en que la política mexicana entendió que algunos expedientes ya no se escriben únicamente en México.
Porque, al final, quizá la pregunta ya no sea qué dijo «El Mayo» ni quién aparece en el siguiente expediente. La verdadera pregunta es otra: ¿qué tan preparado está el sistema político mexicano para enfrentar una etapa en la que las certezas escasean, las investigaciones ya no conocen fronteras y el poder ha dejado de controlar los tiempos? Si esta semana fue el comienzo de algo, muy pronto lo sabremos. Y entonces, más que las sentencias, empezaremos a conocer sus consecuencias. Al tiempo.
