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* Mientras las administraciones pasadas heredaron un cementerio de 10 mil 600 obras inconclusas y un boquete superior a los ocho mil millones entre la Estafa Siniestra y la Estafa Perversa, al mando de Álvaro Bardales Ramírez, la Contraloría echó a andar una pinza judicial que exhibe el cochinero, inhabilitando a 247 infractores y rescatando recursos del erario, a golpe de auditorías
Por Antonio Ortigoza Vázquez / @ortigoza2010
Especial de Expediente Ultra
Gobernar dejó de ser la proclividad a vaciar las arcas públicas y repartirse el botín entre cuates y socios. Durante años, la hacienda hidalguense fue caja chica de compadrazgos, dejando un tendal de ruinas y un cinismo de pronóstico reservado que hoy choca con la realidad de las auditorías.
Frente a esa inercia de saqueo, la instrucción de Julio Menchaca ha sido tajante: el dinero del pueblo se respeta y se regresa en obras que sirvan, no en moches.
Y el bisturí lo ha movido el titular de la Contraloría, Álvaro Bardales Ramírez, quien en su comparecencia ante el Congreso —arropado por el líder de la Junta de Gobierno, Andrés Velázquez Vázquez— dejó claro que la fiscalización ya dejó de ser adorno de oficina.
Va la radiografía de los desfalcos entre 2023 y 2026. Por un lado, la Estafa Siniestra evidenció un desvío superior a los 520 millones operado desde la propia ex Contraloría del innombrable —detenido en Miami en mayo de 2025 comprando inmuebles de lujo—. Sume el boquete de 856 millones en Banco Accendo con Jessica Blancas, la caída de Verónica Vizzuet en noviembre de 2023, y los doce años de prisión dictados en julio de 2025 contra el ex Oficial Mayor, Martiniano Vega Orozco.
En los municipios desfilan los procesados: Fidel Arce en Epazoyucan (14 millones), Salvador Jiménez en Tepeji (40 millones), Manuel Hernández Badillo en Tula, Armando Mera en Progreso —al fresco bote del CERESO de Pachuca en mayo de 2024 por más de 5 millones— y Raúl Badillo en Huejutla, atorado en la causa 1532/2023 por usar a su empresa familiar Constructor Treci.
Pero el sótano de la podredumbre está más hondo. La Estafa Perversa en la SEPH, destapada el 27 de noviembre de 2023 con carta desde el penal por el ex Subsecretario Pablo Pérez Martínez, apuntó derecho al ex Gobernador Francisco Olvera Ruiz por la extracción de 2 mil 700 millones mandados a cuentas en Suiza e inmobiliarias.
A eso súmele la chulada criminal: 5 mil 117 millones en cuotas de retiro retenidas y jamás enteradas al ISSSTE entre 2011 y 2014, más el ISR retenido al SAT y volado. Ochenta mil maestros jodidos en su patrimonio mientras el prócer buscaba fuero federal en 2024.
Contra eso, la respuesta no fue el manoseo. La «Pinza Judicial» —juntando la talacha de Bardales con las casi cien denuncias radicadas ante la Fiscalía Anticorrupción de Francisco Fernández Hasbun, más el ojo de la ASEH con Jorge Valverde Islas— ya dio frutos: 247 inhabilitados y casi 500 millones devueltos a las arcas.
Ahí están las cifras del compareciente: 10 mil 416 inspecciones, 544 auditorías a más de 256 mil millones de pesos, y una limpia de quinientas «golondrinas» en el padrón de contratistas, negando refrendo a mil vivales más. En los municipios el microscopio arrojó 487 millones sin solventar ante la ASF: Tepehuacán de Guerrero con 210 millones, Huichapan con 168, Tepetitlán con 58 y Huehuetla con 51. Carreteras y clínicas que se quedaron en la maqueta.
Para amarrar navajas, la Contraloría respaldó la reforma al artículo 141 constitucional, luz verde en Pachuca el pasado 15 de octubre. Adiós al veto de regidores chantajistas que paraban obras de bacheo y agua para exigir plazas y moches. El presupuesto no es rehén de pandillas edilicias.
La impunidad se achica y en el Hidalgo de hoy, el dinero se aplica en obras, con cuentas derechas y claras.
